El consumo excesivo de bebidas azucaradas en niños y adolescentes sigue siendo un problema de salud pública en Coatzacoalcos, advirtió Inés Jakeline Ramos Márquez, nutrióloga de Salud Pública Municipal.
La especialista señaló que, aunque existen avances normativos para reducir la ingesta de productos ultraprocesados, en la práctica todavía es común observar a menores con refrescos, jugos industrializados y botanas en las escuelas.
“El contenido de azúcar en las bebidas es un problema día con día, que consumen en exceso, por eso, trabajamos con los padres de familia”, explicó Ramos Márquez.
IMPORTANTE CAMBIAR HÁBITOS
Detalló que personal de Salud Pública acude de manera constante a los planteles educativos para impartir pláticas tanto a estudiantes como a tutores, con el fin de crear conciencia sobre los riesgos asociados a estos hábitos.
La nutrióloga subrayó que la responsabilidad no puede recaer únicamente en los centros escolares.
“Que no solo se quede en la escuela, pues también se tiene que trabajar en casa, es fundamental mejorar la alimentación en conjunto, en familia, para prevenir enfermedades”, destacó.
De acuerdo con la especialista, a pesar de las restricciones que prohíben la venta de alimentos ultraprocesados en planteles de educación básica, aún se detecta que algunos alumnos ingresan con productos de este tipo.
“Sí se ha observado la mala alimentación en los chicos, que luego llevan comida ultraprocesada, últimamente con esto de la ley se supone que no deberían de llevar, pero en algunos casos se observa que alguno que otro niño sigue llevando jugos, sabritas”, puntualizó.
ACCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL
Este panorama cobra relevancia en medio del reciente anuncio del Paquete Económico 2026 presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla un incremento histórico al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas. La propuesta elevaría el gravamen de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos, es decir, casi un 100% más.
Con esta medida, el Gobierno Federal proyecta recaudar más de 75 mil millones de pesos, lo que representaría un aumento del 73.8% respecto a lo estimado en 2025. La justificación oficial señala que se trata de una estrategia de salud pública enfocada en combatir enfermedades como la obesidad y la diabetes, que afectan de manera alarmante a la población mexicana.
No obstante, especialistas en nutrición y políticas públicas coinciden en que el problema va más allá de los impuestos.
El consumo de refrescos en México responde tanto a carencias estructurales, como la falta de acceso a agua potable en muchas comunidades.


