Contraesquina Política.
Por: Fernando Martinez Plascencia.
Coatzacoalcos Ver., a 19 de junio del 2025.
La muerte de Roberto Vázquez Méndez, un conocido y apreciado servidor público del Poder Judicial, y quien se desempeñaba como defensor público en el municipio de San Andrés Tuxtla, sirve como ejemplo de que ese humanismo del que tanto presume este gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación es una hipocresía.
El humanismo qué tanto alardean es un discurso miserable para seguir engañando a los fanáticos, a los ciegos e ignorantes que siguen pensando que este es el mejor gobierno, cuando en la práctica son mucho peores que los prianistas a quienes tanto critican diariamente.
Desde la desafortunada llegada de Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Veracruz, las cosas han ido de mal en peor, el Poder Judicial está hundido en una de sus peores etapas de corrupción, no hay insumos para lo mínimo, los juzgados están en malas condiciones, la falta de personal genera excesiva carga, ocasionando graves daños en la salud.
La insensibilidad de la presidenta cunde en varios funcionarios, a quienes tampoco les importa lo que viven y sufren los servidores públicos que están abajo, incluyendo notificadores, los que sometidos a esta desproporcionada carga de trabajo sufren del estrés laboral, mientras ellos, cómoda y cínicamente, con los zapatos arriba del escritorio, ordenan café y galletas a sus secretarios.
El valemadrismo de estos malnacidos funcionarios causan dolor y muerte a familias enteras, ese el caso del director general de Defensores Públicos, el priista y ex diputado local, Ciro Félix Porras, un parásito político quien nunca en su vida ha promovido algún asunto ante un juzgado.
Gracias a las relaciones políticas de la mamá, la ex alcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras, de negros y corruptos antecedentes a su paso por la administración pública, hoy ocupa este cargo, por lo mismo no comprende ni entiende el trabajo de los de más abajo, de aquellos que como Roberto Vázquez Méndez, más conocido “Fabiancito”, hizo todo lo posible para que el trabajo en un juzgado no se detuviera a pesar del riesgo de salud que padecía.
Hombre de 76 años de edad, “fabiancito”, defensor de oficio en San Andrés Tuxtla, un municipio con una distancia de más de 3 horas de Veracruz, su tierra natal, a la que visitaba cada fin de semana, y en donde vive su familia, y a pesar de qué en muchas ocasiones pidió su cambio, Ciro Félix Porras, este insensible funcionario nunca se lo otorgó, fue la muerte quien impidió qué siguiera viajando, una muerte qué pudo evitarse si lo hubieran escuchado.
Roberto Vázquez Méndez, más conocido como “fabiancito” por su papá, era un hombre con hipertensión y diabetes, estaba enfermo, para colmo, desde San Andrés Tuxtla viajaba a Coatzacoalcos para atender a los presos qué carecen de un abogado particular, y es que la corrupción de Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre no permitió-quien afortunadamente no será más la Presidenta-nombrar a un defensor de oficio en esta ciudad que tanta falta hace.
Desde hace más de 6 años, miles de presos llenan la cárcel del Centro de Reinserción Social-CERESO- de Coatzacoalcos porque la dirección general de Defensores de Oficio, de la que es titular Ciro Félix Porras, junto con Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, irresponsablemente no han nombrado a nadie en este cargo.
Para Roberto Vázquez Méndez, un adulto mayor, no hubo ningún respeto al someterlo a este ritmo de trabajo, Ciro Félix Porras y Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, metidos en la grilla política, lo único que esperaban-no puede entenderse de otra forma-es que renunciara para poder meter a sus incondicionales, “fabiancito” bien pudo haber estado en Veracruz junto a su familia, en algún juzgado, más tranquilo.
Su muerte debe hacer reflexionar a la nueva Presidenta del TSJ “elegida” en la elección pasada, Rosalba Hernández, porque muchas personas adultas mayores como Roberto Vázquez Méndez atraviesan el mismo problema, alejados de su hogar, con problemas de salud, y excesivas cargas de trabajo.
Ojalá que con la llegada de la nueva presidenta también lleguen funcionarios más sensibles de lo que pasa a su alrededor, que termine con la corrupción que existe porque dinero si hay, pero no para mejorar el sistema de impartición de Justicia, y en Coatzacoalcos se necesita a un defensor de oficio, para que el que existe en San Andrés Tuxtla no viaje a esta ciudad.
El último Defensor de Oficio que existió en el juzgado penal de esta ciudad de Coatzacoalcos, fue el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, y es que la falta de un defensor lo único que ocasiona es que las cárceles se sigan llenando de personas que están hasta por robarse una gallina o una sabrita para comer, y no tienen quien los asesore o defienda. De ese tamaño.
