La monstruosidad descubierta en Teuchitlán ha puesto bajo la lupa la veracidad de los datos oficiales sobre homicidios dolosos.

La monstruosidad descubierta en Teuchitlán ha puesto bajo la lupa la veracidad de los datos oficiales sobre homicidios dolosos. Hay señalamientos de que el descenso reiterado de los asesinatos no incorpora a quienes fueron incinerados en hornos crematorios clandestinos, como los descubiertos recientemente en esa comunidad de Jalisco o en Reynosa, en Tamaulipas. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a ello el viernes pasado, aparentemente enojada y fastidiada, y afirmó que “es mentira, es falso, que haya más desaparecidos que homicidios estos días”. Dos versiones sobre los mismos hechos.

En el último reporte dado a conocer por el gobierno el martes pasado sobre la estadística de incidencia delictiva, la tasa de homicidios dolosos en los primeros cinco meses de la presidenta Claudia Sheinbaum mostró una baja de 15 por ciento en los primeros cinco meses de su gobierno, y en el anualizado desde 2018, cuando Morena se hizo a cargo del mando en el país, la disminución es de 26 por ciento. Los números, de acuerdo con críticos y especialistas, no reflejan la realidad.

El sitio de La Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia -creado y mantenido con apoyo financiero de la Unión Europea-, con información actualizada hasta mayo del año pasado, muestra el histórico de desapariciones en el siglo con números muy estables, casi en cero, hasta 2008, cuando comenzó la guerra contra las drogas, con un repunte importante -menos de 300 desapariciones- en 2011, una disminución significativa de 2012 a 2018, y un repunte de casi 400 por ciento en 2019, con un nuevo descenso en 2020 y 2021, los años de la pandemia, y volver a subir dramáticamente hasta 2024.

El número de personas desaparecidas en 2022 llegó a cuatro mil 21; en 2023 ascendió a cinco mil 475, y hasta mayo de 2024 se contabilizaban seis mil dos. El punto donde se registraba el mayor número de desapariciones en ese momento era la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, y el principal granero de votos de Morena a nivel nacional, donde pasó de tener 782 casos a 965. La jefa de Gobierno capitalino era Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa Clara Brugada, hoy la mandamás política en la capital federal.

No se puede establecer de manera automática que las desapariciones sean homicidios dolosos. Pero tampoco se puede descartar. Hay razones objetivas para la sospecha. Cuando empezaron a subir los datos de exceso de mortalidad por la pandemia del Covid-19, José Merino, una de las personas de mayor confianza de Sheinbaum y director de la Agencia Digital de Innovación Pública capitalino -un cargo idéntico ocupa hoy en el gobierno federal-, modificó la metodología y reclasificó las muertes para bajar la tasa y reforzar la narrativa de lo bien que se estaba manejando la enfermedad. Lo mismo hicieron con la incidencia delictiva.

Los homicidios dolosos se dividieron la categoría de “muertes violentas no aclaradas”, y mientras en el país la media de ellas era 6 por ciento, en la Ciudad de México fue de 35 por ciento. La organización no gubernamental Causa en Común señaló que la reclasificación de homicidios dolosos en más subcategorías como “delitos que atentan contra la vida” (categorizado como homicidio culposo) y “otros delitos contra la vida y la integridad”, produjeron la disminución de homicidios dolosos y el incremento de los culposos. “Las cifras a nivel nacional muestran que entre 2018 y 2024, el número de víctimas de homicidio doloso disminuyó 11 por ciento, mientras que el número de víctimas de homicidio culposo aumento 11 por ciento, y el de ‘otros delitos contra la vida y la integridad’ aumentó 102 por ciento”.

El manejo de las estadísticas, además, tenía un componente político. En Guanajuato, gobernado por el PAN, no se reclasificaron los delitos, apuntó Causa en Común, y fue la entidad que más homicidios dolosos registró en 2024. Pero no solo eso. La desconfianza ciudadana hacia las instituciones como resultado de la impunidad, señaló, explica el grave problema de subregistro en los reportes de incidencia. Las estimaciones del INEGI muestran que el porcentaje de delitos que no se denunciaron o no iniciaron una investigación en las fiscalías fue de 93 por ciento, lo que significa que las autoridades sólo reportan el 7 por ciento de los delitos (no solo homicidios) que se cometen en el país.

¿Quién tiene la verdad? Existe evidencia que la disminución de los homicidios dolosos está asociada directamente a los cambios metodológicos que hizo el equipo de Sheinbaum en la Ciudad de México, que prevalece en la actualidad. De esta forma, los datos que presenta regularmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son irrelevantes para poder establecer la verdad sobre los homicidios dolosos. El gobierno capitalino de Sheinbaum alteró la estadística de incidencia delictiva y rompió la certidumbre que había sobre esa medición.

Lo mismo hizo en el caso de las desapariciones, con un cambio metodológico instrumentado por Merino, que en sus tiempos de activista y fundador de Data Cívica había creado una muy eficiente herramienta para evitar que el gobierno federal escondiera las desapariciones. En el gobierno creó otra para hacer lo contrario. El Comité de Desapariciones Forzadas denunció desde 2021 una crisis forense en el país, que altera profundamente la realidad macabra de México.

El choque técnico es por el manoseo metodológico del gobierno, pero está inmersa en la confrontación política. Hay mediciones subjetivas que contradicen la subjetividad de los datos oficiales. Por ejemplo, de acuerdo con un análisis de incidencia delictiva de Causa en Común, al cierre de 2024, el 62 por ciento de los ciudadanos consideraba que la ciudad en donde vivían era insegura, y un 53 por ciento pensaba que la situación seguirá igual de mal o empeoraría este año.

En su réplica a las críticas, Sheinbaum aseguró que no minimizaba las desapariciones y que siempre estaría cerca de las víctimas, pero días antes se indignó de que F. Cartwright Weiland, el funcionario de mayor rango en la Oficina de Narcóticos y Asuntos Jurídicos del Departamento de Estado, criticara al gobierno de Sheinbaum de que mientras seguían matando en México, celebrara en el Zócalo con “mucha música y mucha fiesta… el fin de ‘abrazos, no balazos’.” Pero, ¿no es eso lo que hizo Sheinbaum para festejar que no hubo aranceles? Sí. Eso me imaginaba.