Contraesquina Política.
Por: Fernando Martinez Plascencia.
Coatzacoalcos Ver., a 23 de junio del 2025.

Es muy lamentable que la gobernadora Rocío Nahle, se está rodeando de servidores públicos con antecedentes que tienen que ver con delitos Sexuales, y que desafortunadamente hoy ocupan cargos importantes, representando un serio peligro para la sociedad, y tal parece que a la jefa política esto no le importa ni le incómoda en lo más mínimo.

Ahí tiene usted el caso de Luciano Cervantes, actual Procurador Fiscal de la Secretaría de finanzas, quien fue denunciado por el delito de violación por una ex empleada del ayuntamiento en el 2014 cuando era director de contabilidad en tesorería, con pelos y detalles la víctima narra su viacrucis, siendo amenazada con despedirla si no aceptaba tener cópula con este despreciable servidor público.

La denuncia de la víctima quedó radicada en la investigación ministerial número 021/125/2014, ante la Fiscalía Especializada, y pese a todo ello, la gobernadora Rocío Nahle, decidió nombrarlo en dicho cargo sin importarle el temor que existe entre las empleadas al conocer el grave delito que cometió este canalla.

Por alguna$ circunstancia$ de peso político la fiscalía no cumplió con el protocolo sobre este tipo de denuncias, no hubo peritajes, pruebas médicas, testimoniales, etcétera, incluso la víctima, Raquel “N”, hasta donde se sabe nunca fue notificada del no ejercicio de la acción penal.

Ahora nos enteramos que Jonathan Cruz Santos, hermano de la ex diputada federal, Tania Cruz Santos, actual funcionaria de la Secretaría de Educación, de la que es titular Mario Delgado, ha sido nombrado por la gobernadora Rocío Nahle, como Defensor Público, es decir, un servidor público designado por el Estado cuando el imputado de algún delito no tiene un defensor particular.

Hasta ahí no habría mayor problema, pero resulta que este sujeto fue denunciado en el 2018 por haber violado a una menor de edad bajo engaños, a quien conoció en la campaña política de su hermana, siendo detenido, quedando radicada la denuncia en la carpeta de investigación UIPJ/DXXI/ESP/288/2018.

Sin embargo, por influencias de la ex diputada federal fue puesto en libertad al variarle el delito de pederastia agravada a estupro, y tras pagar una fianza, a la calle.

Jonathan Cruz Santos fue nombrado anteriormente en tiempos del ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez, como director del Cobaev en el municipio de Cosoleacaque, y tras protestas de los padres de familia al conocer que estuvo en la cárcel por este incalificable delito, fue puesto de patitas en la calle.

Ahora, como si todo esto no le importará al gobierno de MORENA, al partido que dijo que venía a dignificar la política, los que prometieron otro tipo de gobierno, pues les otorga cargos públicos como si no hubiera pasado nada, son acciones políticas incalificables de la gobernadora Rocío Nahle, son cachetadas para un pueblo qué confío realmente en que eran diferentes.

Para colmo, Jonathan Cruz Santos, defensor público en Acayucan, está utilizando a su favor el cargo público para lucrar indebidamente con él, ya que no solo se ostenta como defensor público, sino que presuntamente está manejando-nos dice una fuente-asuntos particulares, tomando el papel de asesor jurídico en algunos asuntos.

Esta doble función podría constituirse en algún delito por hechos de corrupción, contemplados en el código penal de Veracruz, y hasta donde sabe, existe la posibilidad del agraviado de presentar una denuncia en su contra ante la fiscalía anticorrupción.

Este servidor público, es decir, Jonathan Cruz Santos y Luciano Cervantes Jiménez, son el claro ejemplo del porque Veracruz está de cabeza, son funcionarios sobre los que pesan delitos que denigran los derechos humanos de las Personas, peor porque son contra mujeres indefensas contra las que cometieron este denigrante delito, y en donde desgraciadamente también hay que decirlo, los colectivos Feministas no existen o no aparecen para levantar la voz contra esto que se está viviendo en el gobierno de Rocío Nahle.

En ambos casos, el manto protector de la impunidad y de la complicidad se hace presente. Que grave.