El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está sobrepasado. Hacia el 23 de junio, con más de 56 mil detenidos, ya había establecido un récord histórico que deja muy abajo los 39 mil que había al final de la administración Biden, y que supera en un 40 por ciento el espacio físico del que dispone, por lo que sus centros de internamiento están saturados.
Ese organismo y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) duplicaron en marzo el número promedio de detenciones diarias de febrero, saltando de 660 a mil 200, lo que también constituye un registro sin precedentes. Pero el presidente Donald Trump les ha exigido quintuplicar el primer número, hasta superar una cuota mínima de tres mil por día.
Trump anunció que perseguirían principalmente a migrantes con comportamiento delincuencial, para sacar del país a “lo peor de lo peor”, que el Departamento de Seguridad Interior definió como “pandilleros, pedófilos y violadores”.
Con esa justificación ordenó la construcción en pantanos de Florida del llamado Alligator Alcatraz, en referencia a la legendaria prisión de Alcatraz, de la que nadie pudo escapar, y al “montón de caimanes” que esperará a quienes intenten hacerlo ahora.
Sin embargo, datos obtenidos por el Instituto Cato –un centro de pensamiento de derecha– muestran que el ICE ha detenido principalmente a personas sin antecedentes penales.
Mientras que sólo un siete por ciento de los detenidos son culpables de delitos graves, reporta el Instituto Cato, los agentes migratorios han hecho de las salas de tribunales un lugar frecuente para capturar a extranjeros que acuden a citas con el juez como parte de sus trámites de regularización migratoria. Es decir, a quienes sí cumplen con las leyes.
Acechanza de cazarrecompensas y supremacistas
Familiares de personas desaparecidas, alcaldes y legisladores denuncian que, para alcanzar las inusitadamente elevadas cuotas de detenidos que les exige la Casa Blanca, las agencias reclutan a personas sin entrenamiento, como miembros de los grupos de supremacistas blancos que apoyan a Trump, o pagan a cazarrecompensas.
Apenas así pueden explicarse que los representantes de la ley actúen encapuchados y con suma violencia; que muchos de ellos no puedan presentar identificaciones que los acrediten como agentes ni órdenes judiciales de aprehensión y, tanto o más grave, que no estén capacitados para diferenciar entre las personas que tienen documentos en regla y las que no, por lo que se multiplican los casos de ciudadanos y de residentes que son golpeados, esposados, trasladados y encerrados antes de que les permitan demostrar su estatus regular.
“Lo único que importa son los números, puros números. La cantidad, no la calidad”, declaró a New York Post una fuente del ICE.
Los delincuentes reales son minoría
Según cifras de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, Cámara de Acceso a Registros Transaccionales), una organización de la neoyorquina Universidad de Siracusa dedicada a recopilar, investigar y distribuir información del gobierno de Estados Unidos, los procesos criminales por inmigración no dejaron de crecer desde abril de 2020, al principio de la administración de Biden, pero al tomar marcha el de Trump, dieron un salto súbito de 36 por ciento, al pasar de las tres mil 332 de febrero a cuatro mil 552 en marzo.
Durante el gobierno de Biden, el énfasis de las detenciones estaba en las fronteras: seis de cada 10 personas fueron arrestadas ahí. Ahora, sólo tres de cada 10 caen cerca del Río Bravo, y el resto son capturadas en el interior de Estados Unidos.
De cada 10 entregas de personas para procesos penales por inmigración, siete se originaron en la CBP, que vigila las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y tres en el ICE, que se ocupa de perseguir migrantes en el interior de Estados Unidos.
Esto significa que más del 70 por ciento fue arrestado dentro del país y no al cruzar la frontera, frente a menos del 40 por ciento cuando el gobierno de Biden dejó el cargo.
Según el Instituto Cato, el 65 por ciento de los detenidos durante el presente año fiscal (1 de octubre de 2024 al 14 de junio de 2025) no tenía condenas en su historial, mientras que más del 93 por ciento nunca fue condenado por delitos violentos. La mayoría de sus cargos (53 por ciento) se enmarcan en categorías de tránsito, migración o faltas no violentas.
De cualquier forma, la cacería masiva continúa y la falta de sitios donde colocar provisionalmente a los detenidos es un problema que se proponen atender: la iniciativa One Big Beautiful Bill (“Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley”), que fue aprobada por el Senado y regresa a la Cámara de Representantes, pretende financiar 100 mil camas en centros de detención.
