La extinta Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, ha desvelado la ineficacia y corrupción inherentes al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), destacando el caso de Veracruz, donde la ayuda para los huracanes Karl y Mathew en 2010 tardó dos meses en llegar, y millones de pesos nunca fueron ejercidos ni devueltos.

El Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), una herramienta ahora desaparecida, operaba bajo un manto de opacidad y se caracterizaba por su inoperancia, según las recientes declaraciones de Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta crítica se fundamenta en un historial de retrasos y manejos irregulares que afectaron gravemente a estados como Veracruz, donde la respuesta ante catástrofes naturales se vio severamente comprometida.

Uno de los ejemplos más contundentes de esta deficiencia se vivió en Veracruz en septiembre de 2010. Tras el embate de los huracanes Karl y Mathew, la declaración de emergencia, crucial para la liberación de recursos, sufrió un inexplicable retraso de dos meses.

Gran cantidad de dinero no fue ejercida ni devuelta

Este lapso, equivalente a 42 días hábiles, no solo evidenciaba la lentitud del mecanismo, sino que también dejaba a la población sin el apoyo inmediato que tanto necesitaba, ya que el FONDEN no contemplaba la ayuda directa a los afectados.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) corroboró posteriormente la magnitud del problema en Veracruz.

En 2014, una investigación reveló que de los 7 mil 411 millones de pesos asignados al gobierno estatal para la atención de desastres, una suma considerable de 531.7 millones de pesos, que representaba el 7.2% del total, no fue ejercida ni devuelta. Este hallazgo subraya la falta de rendición de cuentas y el desvío de fondos que caracterizaron la gestión del fideicomiso durante la administración de Javier Duarte.

Durante una reciente sesión de “Las mañaneras del pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Buenrostro Sánchez enfatizó que el FONDEN, concebido en el periodo neoliberal, era un esquema costoso, burocrático y propenso a la corrupción. Su diseño no garantizaba una respuesta ágil ni transparente, dejando a los ciudadanos en la incertidumbre y sin acceso a la información sobre cómo se manejaban los recursos destinados a su auxilio.

Irregularidades del FONDEN se extiende a varios sexenios

La opacidad era una característica intrínseca del FONDEN, explicó la secretaria. Para liberar los fondos, los gobiernos estatales debían aportar el 50% de los recursos, mientras que la federación cubría el otro 50%. Este modelo, lejos de fomentar la eficiencia, se prestaba a manejos discrecionales y a la falta de claridad en el destino final del dinero, como lo demuestran los hallazgos de la ASF en diversas administraciones.

El historial de irregularidades del FONDEN se extiende a lo largo de varios sexenios. Durante la presidencia de Vicente Fox, en 2005, se registraron observaciones de la ASF por cerca de 182 millones de pesos y compras con sobreprecio de hasta el 375% en insumos médicos.

Con Felipe Calderón, además del caso de Veracruz, se detectaron desvíos en Tabasco, donde el entonces gobernador Andrés Granier utilizó 215.5 millones de pesos para cubrir déficits estatales, triangulando recursos para gastos no relacionados con desastres.

La administración de Enrique Peña Nieto no fue la excepción. Tras los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, la ASF documentó retrasos de hasta 119 días en el inicio de obras y sobreejercicios millonarios. Los sismos de 2017 también revelaron deficiencias, con demoras de hasta 20 días en las declaratorias, pagos irregulares por 90 millones de pesos y una reconstrucción de unidades médicas y viviendas que dejó mucho que desear, evidenciando un sistema ineficaz y corrupto.

En contraste, la actual administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador optó por eliminar el FONDEN, implementando un modelo de apoyo directo a la población. Esta estrategia ha permitido una respuesta más rápida y transparente ante emergencias, como se demostró con el huracán Otis en 2023, donde se atendió a más de 300 mil personas, y en los huracanes John y Erick de 2024, beneficiando a cientos de miles más, marcando un cambio radical en la gestión de desastres en el país.