La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo autorización del gobierno de Guatemala para presentar una nueva acusación contra el ex-gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, por presunto peculado derivado de desvíos de recursos federales destinados a salud.
La imputación, que suma a cargos previos por lavado de dinero y delincuencia organizada, podría impedir su liberación anticipada prevista para abril de 2026.
Los nuevos cargos contra Duarte
La FGR formalizó una nueva acusación contra Javier Duarte tras recibir luz verde de las autoridades de Guatemala, país que originalmente lo extraditó en 2017.
El delito señalado es peculado, es decir, el desvío de recursos públicos, distinto a los cargos originales por los que fue condenado (lavado de dinero y asociación delictuosa).
De acuerdo con lo que documenta la acusación, los fondos federales que habrían sido malversados ascienden a más de 62 mil millones de pesos.
Los recursos correspondían a partidas destinadas a salud, educación, seguridad, obras, asistencia social y desastres naturales — sectores básicos para el erario federal
Estado actual del proceso judicial
La primera audiencia para dar a conocer la imputación estaba programada para el 27 de noviembre, pero fue suspendida debido a que Duarte alegó problemas de salud. Hasta ahora, no se ha fijado una nueva fecha.
De prosperar, la FGR podría solicitar prisión preventiva, lo que bloquearía la liberación anticipada que Duarte buscaba para abril de 2026, cuando terminaría su condena actual.
Reacciones de la defensa
El abogado defensor, Pablo Campuzano, ha señalado que esperarán conocer los detalles de la acusación antes de emitir una postura definitiva. Hasta ahora, argumentan que Duarte firmó solo un decreto para liberar recursos federales de libre disposición, sin responsabilidad directa en desvíos
La nueva acusación de la FGR representa un giro importante en el caso Duarte: de confirmarse, no solo justificaría la prolongación de su encarcelamiento, sino que evidenciaría que los daños al erario superan con creces los señalados inicialmente.
Duarte fue detenido en abril de 2017, y actualmente está preso por una sentencia de nueve años de prisión por los delitos federales de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Su abogado recientemente solicitó su libertad anticipada al haber cumplido ya el 95 por ciento de su condena, es decir, que ya estuvo preso durante ocho años y siete meses.
El martes 11 de noviembre se realizó la audiencia en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso a la libertad anticipada del exgobernador.
La FGR manifestó que Javier Duarte no puede lograr la libertad anticipada debido a que mantiene acusaciones pendientes en el estado de Veracruz.
El pasado 21 de noviembre la jueza federal Ángela Zamorano Herrera negó la solicitud de libertad anticipada presentada por la defensa de Javier Duarte.
La jueza consideró infundada la petición debido a procesos pendientes, específicamente la impugnación de la Fiscalía de Veracruz contra su exoneración por desaparición forzada.
Esta resolución obliga a Duarte a terminar su sentencia y permanecer en prisión hasta abril de 2026.
