La nueva legislación prioriza el consumo humano y plantea revisar concesiones sin afectar a pequeños productores

La aprobación y publicación de la Ley General de Aguas marca un antes y un después en la política hídrica del país, al garantizar el derecho humano al acceso al agua y poner fin al acaparamiento que por años convirtió este recurso en un negocio, afirmó el diputado federal Juan Hugo de la Rosa García, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso de la Unión.

Entrevistado durante el cuarto y último informe de gobierno del alcalde de Soconusco, Cuauhtémoc Baruch Custodio, a donde acudió como invitado, el legislador por el distrito del Estado de México explicó que el Poder Legislativo federal saldó una deuda histórica de más de 12 años, al emitir una ley que va más allá de la simple administración de concesiones.

“La Ley de Aguas Nacionales solo administraba el agua, repartiendo concesiones por miles. Más de 536 mil concesiones se entregaron en el país y se concentraron en unas cuantas manos; hubo personajes que se hicieron millonarios con el agua”, señaló.

De la Rosa García reconoció que durante años ha existido un “huachicoleo del agua”, al permitirse su acaparamiento y comercialización sin ningún control. “El agua no puede ser vista como una mercancía que se compra y se vende; es un líquido vital para la vida de todos”, subrayó.

Explicó que la nueva Ley General de Aguas crea un Fondo del Agua, cuyo objetivo es garantizar el acceso al recurso para todas las comunidades del país, priorizando el consumo humano y asegurando su disponibilidad también para las futuras generaciones.

En el caso de Veracruz, donde diversas regiones padecen escasez y ello ha originado prácticas como la venta de agua por particulares, señaló que ahora se debe garantizar el recurso para todos los usos, ya que está ligado a otros derechos fundamentales, como la alimentación y un medio ambiente sano.

Aclaró que la reforma no implica el retiro generalizado de concesiones, sino una revisión para verificar su uso real. “A nadie se le van a quitar sus concesiones. Solo aquellos grandes acaparadores que no usen el agua tendrán que devolver el volumen que no utilicen; el que sí usan está garantizado”, precisó.

Ese volumen recuperado, explicó, se integrará al fondo para que la CONAGUA garantice primero el acceso de las comunidades antes de otorgar nuevas concesiones. Añadió que aún está pendiente la emisión del reglamento correspondiente, lo que permitirá un mejor control y aplicación de la ley.

Finalmente, rechazó que la reforma afecte a pequeños productores y negó que se prohíba la herencia de concesiones. Precisó que los títulos pueden heredarse a familiares directos y que la CONAGUA será la encargada de actualizar los registros en casos de compraventa de propiedades.