El doctor en Derecho Marco Antonio Madrazo aseguró que no existen elementos típicos del derecho penal que justifiquen la detención del reportero de la fuente policiaca Rafael León, conocido en el gremio periodístico como “Lafita León”, quien permanece privado de la libertad desde el pasado 24 de diciembre.
De acuerdo con la información, el comunicador fue detenido por los presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, situación que ha generado preocupación entre periodistas por el alcance de las acusaciones y sus posibles implicaciones para la libertad de expresión.
Especialista cuestiona acusaciones de terrorismo contra periodista en Coatzacoalcos
El profesional del derecho consideró que se trata de señalamientos graves que, a su juicio, no cuentan con sustento jurídico suficiente para mantenerse ante un juez.“Estamos hablando de una acusación seria, de terrorista, y realmente, como abogado litigante de más de 40 años, no encuentro los elementos típicos del derecho, de tipo penal, para que sostengan esta acusación y seguramente el juez de control de justicia de esta ciudad tendrá que poner en inmediata libertad, por no encontrar los elementos o datos de pruebas, para poder retener en prisión preventiva al periodista Rafael León”, dijo.
El jurista advirtió que el caso se da en un contexto que podría representar una vulneración directa a la libertad de expresión, al considerar que la acción penal estaría motivada por el ejercicio periodístico del comunicador.
“Hay un contexto a la violación de la libertad de expresión por parte de quien acusa, que seguramente la fiscalía se ha hallando al acusado, para los efectos de privar de la libertad, de la libre expresión a su compañero”, expresó.
La definición legal del delito de terrorismo
Asimismo, Madrazo hizo referencia al marco legal que define el delito de terrorismo, al señalar que no se actualizan los supuestos previstos en la legislación vigente.
“El artículo 311 del código penal, es muy claro, pues dice, a quien utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, por incendio, o por cualquier otro medio realice actos en contra de las personas o servicios públicos que produzcan alarmas, temor, terror en la población, en un grupo o sector de ellas, que perturbe la paz pública”, puntualizó.
En ese tenor, reiteró que en el caso del periodista no se configuran las conductas descritas por la ley penal.
“Aquí no existen elementos típicos del típicos del derechos penal, seguramente aquí hay ‘una mano que mueve la cuna’, hablando en forma metafórica, en la cual, pretenden callar la expresión o la libertad de expresión que este periodista realiza día con día en el medio policiaco”, sostuvo.
El abogado también hizo un llamado directo a la nueva titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para que lleve a cabo una recomposición o reestructuración interna del organismo, a fin de evitar que se utilice con fines ajenos a la procuración de justicia.
Finalmente, enfatizó que las instituciones no deben ser empleadas para venganzas políticas ni para criminalizar el ejercicio periodístico.
“No se vale que estén utilizando a la instituciones de procuración de justicia, los políticos para saciar venganzas, yo recuerdo que en una entrevista comenté, y ojalá la nueva fiscal del estado realice una recomposición, una reestructuración, que la procuración de justicia y que no se utilice ese aparato gubernamental de procuración, para poder señale acusar, porque realmente estamos en el ámbito del tipo penal y aquí es privación de la libertad”, finalizó.
