Aunque el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución, bloquear carreteras federales y autopistas en México puede implicar penas de prisión y sanciones económicas si se traspasan ciertos límites establecidos por la ley, alertan expertos y fuentes oficiales.
Diversos actos de obstrucción del libre tránsito —ya sea en carreteras, autopistas o casetas de peaje— han sido objeto de sanciones en los últimos años, en un contexto donde protestas de transportistas, agricultores y otros grupos han recurrido a bloqueos para exigir atención a sus demandas.
Delitos y sanciones por obstrucción
La Ley de Vías Generales de Comunicación y el Código Penal Federal tipifican como delito la interrupción o daño de infraestructuras esenciales para el transporte y comunicaciones. Por ejemplo:
Artículo 167 del Código Penal Federal: Establece penas de 1 a 5 años de prisión para quien coloque obstáculos en caminos públicos que detengan o impidan el paso de vehículos. Además prevé una multa de 100 a 10 000 días multa.
Ley de Vías Generales de Comunicación (Artículo 533): Castiga con tres meses a siete años de prisión a quien dañe, perjudique o interrumpa el tránsito en vías federales, junto con una multa de 100 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria. Con la UMA de 2026 fijada en 117.31 pesos, esto significa sanciones económicas que pueden ir desde aproximadamente 11 731 hasta 58 655 pesos, dependiendo del caso y la gravedad de la obstrucción.
Estas penas no solo se aplican a quienes colocan obstáculos físicos, sino también a quienes dañan o inutilizan la infraestructura de las vías de comunicación federal, como carreteras, puentes y casetas de peaje. El objetivo de estas disposiciones es proteger el libre tránsito de personas y mercancías, así como evitar pérdidas económicas derivadas de cierres prolongados.
Contexto de manifestaciones y bloqueos
Durante 2025 y lo que va de 2026 se han registrado protestas en distintas entidades —incluidas carreteras clave como la Autopista del Sol y tramos federales en varios estados— donde grupos de transportistas o productores han exigido acciones gubernamentales en temas de seguridad, precios o políticas públicas.
Estas movilizaciones han generado impactos económicos considerables: algunos organismos empresariales calculan que bloqueos significativos pueden traducirse en pérdidas económicas de miles de millones de pesos en diversos sectores productivos.
Aunque autoridades han señalado que el diálogo político y social sigue siendo la vía preferente para resolver conflictos, las sanciones legales por obstruir carreteras permanecen vigentes y aplicables, especialmente cuando hay daños a terceros o prolongados cierres que afectan servicios públicos y la seguridad de los ciudadanos.
