¿Medidas meramente declarativas en un año electoral en Israel o pasos concretos con influencia futura sobre el terreno y en el conflicto entre israelíes y palestinos? De momento, las decisiones del gabinete israelí de aumentar sus competencias en Cisjordania aprobadas el pasado domingo han provocado la condena palestina e internacional.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), Hamas y ocho importantes países del mundo árabe y musulmán han sido los primeros en censurar las medidas. Advierten de que intensifican los intentos de anexionar el territorio ocupado por Israel en la guerra del 67 y de expandir la construcción en colonias, mientras denuncian una política gubernamental hacia la anexión de facto.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó el lunes que se siente “profundamente preocupado por la decisión del gabinete de seguridad de autorizar una serie de medidas administrativas y de aplicación (de la ley) en la Cisjordania ocupada” y pide su revocación.

La Unión Europea (UE) se ha sumado a la condena por las recientes medidas “de ampliar el control en Cisjordania”. Avisa que, de cumplirse, “impondrán nuevas realidades que contradicen directamente los Acuerdos de Oslo, de los que Israel es firmante”.

EEUU, por su parte, se ha limitado a reiterar que el presidente Donald Trump se opone a la anexión de Cisjordania. “Una Cisjordania estable mantiene a Israel seguro y está en línea con el objetivo de esta Administración de lograr la paz en la región”, ha dicho un alto funcionario en la Casa Blanca al día siguiente de la reunión celebrada en Jerusalén.

La oposición de Trump fue clave para que el primer ministro Benjamin Netanyahu desistiera de declarar, como le pedían en su Gobierno, la soberanía sobre parte del territorio en el que viven 500.000 israelíes. Los dos dirigentes se reúnen el miércoles en Washington, aunque el principal tema de su agenda es Irán.

Ampliar el control

Promovidas por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que ocupa un cargo en el ministerio de Defensa, y el titular de esta cartera, Israel Katz, las medidas aprobadas por el gabinete buscan ampliar el control administrativo y civil, así como la presencia en Cisjordania.

Supondría, por ejemplo, la anulación de la ley jordana de principios de los 50 que impide la compra directa de tierras por parte de no árabes (clara alusión a los judíos) en el territorio que el Reino Hachemita controló desde 1948 (fin del Mandato Británico, creación del Estado de Israel y la primera guerra árabe-israelí) hasta 1967 (guerra en la que Israel ocupó Cisjordania y Jerusalén Este, que estaba bajo dominio jordano y Gaza, entonces bajo control egipcio).

Medidas burocráticas y administrativas con significado político y diplomático, ya que Israel se atribuiría algunas competencias civiles en Zona A y Zona B (representan el 40% del territorio) que según el Acuerdo de Oslo firmado en los años 90 son potestad exclusiva de la ANP.

“Estamos profundizando nuestras raíces en toda la tierra de Israel”, afirmó Smotrish en el gabinete. Desde que forma parte del Gobierno de Netanyahu hace más de tres años (hoy los sondeos le dejan fuera de la Knésset), este dirigente ultranacionalista partidario de la anexión de más del 80% de la Ribera Occidental tiene entre sus objetivos “enterrar la idea de un Estado palestino”.

Según la información publicada por el diario conservador Israel Hayom, el trasfondo de querer asumir la supervisión en áreas como el agua y legado “es el robo de agua en amplias dimensiones a cargo de los palestinos sin que la ANP actúe para evitarlo, así como que los palestinos dañan de forma sistemática, con apoyo de la ANP, sitios arqueológicos en Judea y Samaria que demuestran el vínculo del pueblo judío con la Tierra de Israel”.

“Peligrosas decisiones”

La presidencia de la ANP ha denunciado “enérgicamente las peligrosas decisiones aprobadas por el gabinete israelí destinadas a profundizar los intentos de anexar la Cisjordania ocupada, considerándolas una continuación de la guerra integral librada por el gobierno israelí contra los palestinos, y una escalada sin precedentes dirigida contra la presencia palestina y sus derechos nacionales e históricos en todo el territorio palestino, especialmente en la Cisjordania ocupada”.

El presidente Abu Mazen denuncia que “violan todos los acuerdos firmados entre la Organización de Liberación de Palestina e Israel, así como el derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional, y constituyen una flagrante violación de los Acuerdos de Oslo y del Acuerdo de Hebrón“.

Por último, pide la intervención inmediata, especialmente del Consejo de Seguridad de la ONU y la Administración estadounidense, para detener las medidas. Tras denunciar que éstas “son parte de la política colonial fascista y el plan de anexión general”, Hamas ha reiterado su llamamiento a los palestinos en Cisjordania y Jerusalén “a intensificar la confrontación con la ocupación y sus colonos por todos los medios disponibles”.

En una declaración conjunta de sus ministros de Exteriores, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí, Qatar y Egipto denuncian que las medidas buscan “imponer la soberanía israelí ilícita, consolidar la actividad de asentamientos e imponer una nueva realidad jurídica y administrativa en la Cisjordania ocupada, acelerando así los intentos de anexión ilegal y el desplazamiento del pueblo palestino”.

“En primer lugar, se anula la política racista contra judíos en Judea y Samaria que dañó su libertad de compra. Hasta ahora, los judíos no podían comprar tierras en su tierra Judea y Samaria. En segundo lugar, se asumen competencias en Hebrón donde dependíamos del Ayuntamiento que es parte de la Autoridad Palestina, un ente terrorista”, afirma el director general del Consejo de Asentamientos, Omer Rahamim, en alusión por ejemplo a la transferencia de licencias respecto a la Tumba de los Patriarcas.

“No hay ninguna ocupación en nuestra vuelta a Judea y Samaria. Además tomamos esta tierra en la guerra a Jordania que no pidió su control”, ha añadido.

La organización israelí ‘Paz Ahora’ denuncia que las medidas “permitirán a los israelíes comprar tierras en los territorios casi sin limitaciones y sin supervisión gubernamental”. “Netanyahu prometió derrocar a Hamas en Gaza, pero en la práctica eligió derrocar a la Autoridad Palestina, cancelar acuerdos que Israel firmó e imponer una anexión de facto sobre nosotros, completamente en contra de la voluntad del público, de los intereses de Israel y de la clara postura del presidente Trump”, asegura esta organización, que supervisa la construcción en colonias.

“La decisión del gabinete demuestra que no se trata de profundizar la anexión en el Área C, sino de peligrosas e irresponsables medidas de soberanía también en las Áreas A y B”, asegura, y avisa: “Este es un gobierno extremista e irresponsable que nos arrastra al desastre”.