La fotografía difundida por la Administración para el Control de Drogas (DEA), en la que su titular, Terrance Cole, estrecha la mano del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, resume el momento que vive la relación bilateral en materia de seguridad. La imagen confirma el relanzamiento de la cooperación en inteligencia y seguridad entre México y Estados Unidos, una relación que en el sexenio pasado se deterioró por la desconfianza política y por las restricciones impuestas a las agencias estadounidenses.

Durante buena parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la cooperación con las agencias estadounidenses se volvió distante y en ocasiones abiertamente confrontativa. La administración de Claudia Sheinbaum parece decidida a reconstruir esos puentes, empujada tanto por la presión del gobierno de Donald Trump como por la convicción de que una mayor coordinación fortalece el combate al crimen organizado en México.

Los encuentros directos con agencias de inteligencia, el intercambio de información financiera y una coordinación más estrecha entre las autoridades de ambos países lo confirman.

En la reunión entre García Harfuch y el director de la DEA se acordó reforzar la cooperación bilateral en tres frentes críticos para ambos países: el combate al narcotráfico, el freno al tráfico de armas hacia México y el intercambio de inteligencia para lograr detenciones de alto impacto en ambos lados de la frontera.

García Harfuch se ha convertido en un activo institucional y político para el gobierno de Sheinbaum y eso también responde a su papel como interlocutor confiable para las agencias estadounidenses. El exjefe de la policía capitalina mantiene canales abiertos con la DEA, la CIA, el FBI y con el Departamento de Justicia. Los múltiples viajes y la interlocución directa con Washington han afianzado esas relaciones.

La cooperación también se está fortaleciendo en el ámbito financiero, donde se libra otra de las batallas centrales contra el crimen organizado: el combate al lavado de dinero. El convenio firmado esta semana entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Omar Reyes, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Ángel Cabrera, apunta en esa dirección. El acuerdo busca modernizar los mecanismos de intercambio de información y coordinar de forma más eficaz la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El documento firmado por ambas instituciones plantea algo que durante años fue una de las principales debilidades del sistema mexicano antilavado: la falta de coordinación real entre las áreas de inteligencia financiera y los supervisores del sistema bancario. Con el nuevo convenio se crearán grupos interinstitucionales para analizar casos relevantes, emitir recomendaciones técnicas y dar seguimiento conjunto a riesgos que amenacen la integridad del sistema financiero.

A finales de febrero pasado, la UIF formalizó un Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos, el Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI) para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera. El acuerdo establece mecanismos de cooperación directa para compartir información estratégica, asistencia técnica y herramientas para detectar esquemas complejos de lavado de dinero, evasión fiscal vinculada al crimen organizado, uso de empresas fachada y movimientos financieros transfronterizos de alto riesgo.

La participación del IRS-CI —el brazo de investigación criminal del fisco estadounidense— introduce una nueva dimensión en la cooperación binacional, al cruzar inteligencia tributaria y financiera para seguir la ruta del dinero ilícito entre ambos países y reforzar la integración de expedientes que permitan judicializaciones, bloqueos administrativos y acciones coordinadas contra estructuras financieras del narcotráfico.

Se sabe que México sigue bajo la lupa de organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que periódicamente evalúa la eficacia de los sistemas nacionales para prevenir el lavado de dinero. En ese sentido, fortalecer la coordinación entre la UIF y la CNBV es una medida administrativa que envía un mensaje hacia los socios comerciales de México, particularmente a Estados Unidos, que desde hace años presiona para que el país refuerce su combate a las redes financieras del narcotráfico.

La coincidencia temporal entre el acercamiento de Harfuch con la DEA y el fortalecimiento del sistema antilavado no es casual. Ambas piezas forman parte de la misma estrategia, que apunta a reconstruir la cooperación con Estados Unidos en inteligencia y seguridad.

En León, Guanajuato, la administración municipal que encabeza la alcaldesa panista Alejandra Gutiérrez enfrenta nuevos cuestionamientos sobre el manejo de contratos públicos y la transparencia en sus decisiones administrativas. El caso más reciente gira en torno al contrato SE-200022, adjudicado en 2022 a la empresa SYNAMICA, S.A. de C.V., por 1.65 millones de pesos para el diseño de campañas y estrategias de comunicación social del Ayuntamiento a través de la Dirección General de Comunicación Social. El monto no sería extraordinario dentro del gasto municipal, pero el vínculo empresarial entre el beneficiario y la propia alcaldesa ha encendido las alertas sobre un posible conflicto de interés.

La empresa SYNAMICA pertenece a Rodrigo Duarte Hernández, quien aparece como socio fundador de la compañía Comercializadora de Alimentos GoFoods S.A. de C.V., constituida en 2014 junto con Alejandra Gutiérrez y su entonces esposo, Héctor Eduardo Ramírez Valdez. Ese antecedente societario, que conecta a la presidenta municipal con el empresario que años después recibiría el contrato de comunicación social, ha provocado cuestionamientos sobre la imparcialidad de la adjudicación, realizada además en los primeros meses de la actual administración municipal.

El tema se vuelve más delicado porque documentos constitutivos de distintas empresas sugieren que la participación de la alcaldesa en GoFoods no habría sido incluida en sus declaraciones patrimoniales y de intereses. De confirmarse esa omisión, el vínculo empresarial habría permanecido fuera del radar institucional al momento de adjudicar el contrato, lo que habría impedido advertir formalmente el posible conflicto de interés. El señalamiento se suma a otros episodios recientes que también han puesto bajo escrutinio decisiones del gobierno municipal, entre ellos la asignación de contratos a un arquitecto vinculado con la construcción de una propiedad de la alcaldesa y reportajes periodísticos que han señalado la presunta influencia de su exesposo dentro del gabinete.

A la par de estas polémicas, el Ayuntamiento de León cerró 2025 con un gasto histórico en liquidaciones laborales: alrededor de 222 millones de pesos destinados a indemnizaciones por despidos y separaciones administrativas. Durante ese año fueron separados de sus cargos 446 trabajadores, entre ellos 16 directores y más de 50 mandos medios, lo que evidencia una reconfiguración profunda de la estructura burocrática del gobierno municipal.

Las áreas relacionadas con seguridad pública concentraron la mayor parte de ese gasto. Más de 112 millones de pesos se destinaron a liquidaciones dentro de corporaciones policiales, mientras que otros 44 millones correspondieron a bajas en la Policía Vial. A estas cifras se suman separaciones en dependencias como Fiscalización, Protección Civil, Comercio y el Centro de Emergencias.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que México llegará a la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos con una postura definida, que es la de mantener la vigencia del T-MEC y buscar la eliminación de los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a diversos productos mexicanos en los últimos años. La delegación mexicana viajará a Washington esta semana para iniciar formalmente el proceso de revisión del acuerdo comercial entre ambos países.

La estrategia del gobierno busca evitar nuevas tensiones comerciales en medio del proceso de revisión del tratado. El objetivo será defender las reglas actuales del T-MEC y frenar medidas unilaterales que puedan afectar la competitividad de sectores clave como el automotriz, el acero, el aluminio y las autopartes, que concentran buena parte de las exportaciones mexicanas.

Actualmente, cerca del 85% del comercio entre México y Estados Unidos se realiza sin aranceles gracias al tratado. En ese escenario, el gobierno mexicano buscará que la revisión del acuerdo no derive en nuevas barreras comerciales, sino en la reafirmación de un esquema que ha convertido a América del Norte en una de las regiones productivas y comerciales más integradas del mundo.

El lunes pasado, la Secretaría de Economía presentó los resultados de las consultas públicas en la que destaca una percepción positiva del 84% entre los distintos sectores de la economía.

La dependencia expuso que el T-MEC se enfocará en tres ejes críticos: las reglas de origen, aranceles, y la certidumbre laboral.

La industria minera de Guerrero busca fortalecer su cadena de proveeduría local. En la XXVII Sesión Ordinaria del Consejo de Minería del estado se anunció la realización del Foro Guerrero Minero y del concurso estatal del Emprendedor, aún con fecha por definirse, con el objetivo de impulsar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en la industria minera, uno de los sectores más relevantes para la economía de la entidad.

La iniciativa se perfila como un intento por integrar a más empresas locales como proveedoras de insumos y servicios para el sector minero. El foro contemplará conferencias, talleres, exhibiciones y mesas de negociación que permitan vincular a las compañías mineras con negocios regionales que buscan insertarse en la cadena de valor de esta industria.

En la sesión participaron representantes de Heliostar Metals, Minera Media Luna, Luca Mining Corp y Equinox Gold Corp, así como directivos de Industrias Peñoles, cámaras empresariales y autoridades estatales y municipales. El encuentro se da en el contexto de la política económica del gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado, que busca mayor integración de empresas locales en una actividad clave para la economía estatal.