De un acto de caridad a una pesadilla legal
Lo que comenzó en 2016 como un gesto de apoyo familiar hoy se ha convertido en el calvario de Ignacio Hernández Pulido. El trabajador del volante denunció públicamente que su medio hermano pretende despojarlo de su vivienda, ubicada en la calle Jesús Carranza de la colonia Santa Clara, utilizando amenazas y procesos legales que hoy mantienen al adulto mayor vinculado a proceso.
Ignacio relató que, por petición de su madre, permitió que su familiar habitara temporalmente dos recámaras debido a una crisis económica. Sin embargo, al solicitarle la entrega de las habitaciones años después, la respuesta fue la violencia y la intención de apropiarse del inmueble, el cual Ignacio acredita como herencia de sus abuelos con escrituras en mano.
Amenazas y agresiones: El taxi también está en la mira
El conflicto ha escalado de las palabras a los golpes. Según el denunciante, sus familiares no solo cuestionan su propiedad, sino que lo han amenazado con quitarle su concesión de transporte público.
“Me decían que no era el dueño, que era un invasor y que me iban a quitar la casa y la concesión de taxi. Incluso han llamado a la policía para intentar que me detengan”, afirmó Don Ignacio con preocupación.
El “uso” de la ley como herramienta de presión
Ante la imposibilidad de arrebatarle la propiedad legalmente, Ignacio asegura que sus familiares fabricaron una denuncia por violencia familiar en su contra. Esto ha derivado en que el adulto mayor deba acudir periódicamente a firmar ante las autoridades, un proceso que califica como una estrategia de hostigamiento para obligarlo a ceder.
“Temo por mi vida y la de mi compañera. Me siguen enviando mensajes diciendo que me van a meter a la cárcel por algo que no hice”, expresó. Don Ignacio hizo un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que revisen su caso con imparcialidad y eviten que un acto de apoyo familiar termine en una injusticia patrimonial y física.
