Contraesquina Política.
Por: Fernando Martinez Plascencia.
Coatzacoalcos Ver., a 1 de mayo del 2026.

El Gobierno de ​México ha perfeccionado el arte de la normalización del horror, sin embargo, las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no son un escándalo más; son el recordatorio brutal de que la política de “abrazos y no balazos” no solo fue una estrategia fallida de seguridad, sino un contrato de convivencia.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este no es un reto de gobernanza: es el dilema existencial de su sexenio.

​La respuesta oficial de la mandataria-“si no hay nada, no hay nada que temer”- suena más a una consigna de protección grupal que a una postura de jefa de Estado, al exigir “pruebas contundentes” para proceder con la extradición, el gobierno mexicano parece ignorar deliberadamente el funcionamiento del sistema judicial estadounidense, el mismo que celebraron cuando sentenció a Genaro García Luna.

​La contradicción es estridente, el discurso de soberanía nacional se utiliza hoy para blindar a un gobernador señalado de facilitar operaciones a “Los Chapitos”, ¿Es soberanía defender la integridad de las instituciones, o es soberanía defender a los individuos que las entregaron al cártel?.

​Claudia Sheinbaum camina sobre una cuerda floja, en Washington, la paciencia se agotó, con la sombra de Donald Trump y su disposición declarada a usar la fuerza militar o el estrangulamiento económico, México no tiene margen de maniobra.

​Negarse a la extradición de Rocha Moya bajo el argumento de la “injerencia” es poner una diana en el T-MEC, para Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa no es un problema de seguridad pública, es una amenaza a su seguridad nacional por la crisis del fentanilo, si la presidenta elige la lealtad partidista sobre la estabilidad económica, el costo lo pagará el país entero, no solo Morena.

​La solicitud del PRI para cancelar el registro de Morena puede parecer un gesto desesperado de una oposición fragmentada, pero toca una fibra sensible: la percepción de que el partido oficialista opera como una estructura de protección.

​El caso Rocha Moya arrastra consigo los fantasmas del asesinato de Héctor Melesio Cuen, y la opaca captura de Ismael “El Mayo” Zambada, si Claudia Sheinbaum entrega a Rocha Moya, rompe el pacto de impunidad que sostiene al ala más radical y oscura de su movimiento, aquellos que aún responden a la herencia de López Obrador, si lo protege, confirma la narrativa de que el Estado y el crimen son dos caras de la misma moneda.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum debe decidir qué pesa más, la supervivencia de la mayoría parlamentaria en las elecciones intermedias de 2027 o la viabilidad del Estado Mexicano ante el mundo, la lealtad a los nombres propios suele ser el camino más corto hacia el naufragio de las naciones.

​La “continuidad con cambio” de la que tanto hablan y hasta el imaginario de un segundo piso mientras el país se desmorona, se enfrenta a su prueba de fuego.

No se puede hablar de una transformación mientras se solapa la sospecha de que el palacio de gobierno en Sinaloa funciona como una oficina de despacho para el crimen organizado, la presidenta tiene una oportunidad histórica para demostrar que su mando es real, o para confirmar que su administración es, en última instancia, rehén de los compromisos de su antecesor y del poder de fuego de los cárteles.

En política, el silencio y la dilación también son formas de complicidad. Al tiempo.

De salida…….
Se prepara un desplegado de apoyo a Rocha Moya, de todos los gobernadores de Morena, una forma cínica de taparse con el manto de la complicidad y la impunidad.