La erradicación de la violencia hacia las mujeres indígenas y afromexicanas en México no puede quedarse en buenas intenciones ni en papel; requiere de un compromiso intergubernamental coordinado, la aprobación de reformas legislativas y, de manera crucial, la asignación de presupuestos específicos y el fortalecimiento de su autonomía económica.

Así lo afirmó Yanet Sofía Herrera Ambrosio, directora nacional de la oficina de Derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), quien señaló que el reto de garantizar una vida libre de violencia para este sector de la población involucra de manera corresponsable a la Federación, los estados, los municipios y las propias autoridades comunitarias.

Para Herrera Ambrosio, quien estuvo este jueves en Sayula de Alemán, para presentar la ley general de los pueblos indígenas y afromexicanos que ha propuesto como iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; uno de los obstáculos más significativos en la actualidad es la necesidad de aprobar e implementar iniciativas de ley pendientes, lo que obligará a una armonización legislativa en los tres niveles de gobierno. Sin embargo, advirtió que las leyes y los programas no darán resultados reales si no vienen acompañados de recursos económicos:

“Podemos señalar ahí grandes derechos y acciones que se pueden hacer, pero si no se garantiza un presupuesto, pues estaríamos nada más señalando acciones, pero no acciones que realmente aterricen” afirmó.

La funcionaria destacó que la perspectiva de género debe ser transversal y horizontal para asegurar que la voz de las mujeres sea escuchada en todos los ámbitos, priorizando tres derechos fundamentales:

La participación y representación política, que significaría, garantizar que las mujeres ocupen espacios de decisión donde se diseñan las políticas públicas; el derecho a la salud, mediante la creación de espacios propios en las comunidades con herramientas y aparatos adecuados para la atención de enfermedades específicas de las mujeres así como el derecho a la educación, asegurando las condiciones necesarias, como becas, para que las mujeres indígenas culminen la educación media superior y superior.

Al ser cuestionada sobre la principal causa que perpetúa la violencia de género en las comunidades originarias, la directora nacional de Derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), fue contundente al señalar la falta de solvencia y autonomía económica.

“Si no hay un trabajo o algo que genere alguna entrada económica, las mujeres tienen que estar dependiendo de alguien más. Si no fortalecemos la autonomía de las mujeres, seguirán ellas sufriendo diferentes tipos de violencia”, explicó.

Para hacer frente a esta realidad, Herrera Ambrosio detalló que el INPI opera el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, el cual otorga apoyos concretos encaminados a que las mujeres materialicen sus derechos.

Entre las acciones más destacadas se encuentra el impulso al compromiso de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para que las mujeres sean titulares de derechos agrarios. A través de gestiones con el sector, el INPI busca generar las condiciones para que las mujeres asistan a las asambleas comunitarias con representación jurídica propia y no a nombre de terceros.

Asimismo, la funcionaria resaltó la existencia de 35 Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMI) distribuidas en diversas regiones del país, las cuales brindan atención integral, visibilizan las violaciones a los derechos humanos y se enfocan en los derechos sexuales y reproductivos. Finalmente, mencionó que el instituto cuenta con modalidades de apoyo para jefas de familia en situación de desplazamiento, cubriendo sus necesidades básicas ante estas situaciones de vulnerabilidad.