Los conflictos entre vecinos, las faltas administrativas y aquellas conductas que afectan la convivencia cotidiana podrán contar con una vía de atención más definida en Coatzacoalcos, tras la aprobación del Reglamento de Justicia Cívica que dará sustento a la operación del Juzgado Cívico.

La diputada local e integrante de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Naomi Edith Gómez Santos, consideró que este tipo de reglamentación puede contribuir a reducir los conflictos entre ciudadanos, siempre que su aplicación se realice con apego a los derechos y atribuciones de cada autoridad.

Explicó que existe una diferencia entre las facultades administrativas de un Ayuntamiento y las funciones que corresponden a una autoridad jurisdiccional, por lo que debe existir un equilibrio en la aplicación de la norma.

“Siempre hay una línea muy delgadita entre lo que es el derecho, al final del día, a emplearlo a través de una cuestión jurisdiccional, a lo que tiene que ser el reglamento interior de un Ayuntamiento o el Bando de Policía y Buen Gobierno”, señaló.

Gómez Santos destacó que uno de los principales beneficios de contar con reglas claras es que las autoridades municipales tengan un fundamento para intervenir ante conductas que alteran la convivencia, particularmente en conflictos que anteriormente terminaban en direcciones o áreas de gobierno sin un mecanismo específico para su atención.

“Si no tienes tú el arma o el fundamento para decirle al ciudadano: ‘Oiga, el Bando de Policía y Buen Gobierno también es una norma que aplica a esta ciudad’, pues es complicado”, manifestó.

¿Qué busca cambiar la Justicia Cívica en Coatzacoalcos?

El reglamento contempla atender conductas como arrojar basura o escombros en lugares no autorizados, causar daños al alumbrado público y semáforos, consumir bebidas alcohólicas en sitios prohibidos, provocar daños a bienes públicos, generar ruidos que afecten a los vecinos o realizar necesidades fisiológicas en la vía pública.

La intención, además de sancionar, es privilegiar la conciliación y evitar que determinados comportamientos se repitan, especialmente cuando se trate de problemas derivados de la convivencia entre ciudadanos.

“Al final del día, el Ayuntamiento no es una autoridad jurisdiccional, pero sí puede emplear esta facultad para, de alguna manera, coadyuvar y conducir la buena civilidad de la ciudadanía”, sostuvo la legisladora.

El proyecto establece que el Juzgado Cívico opere las 24 horas del día durante los 365 días del año y cuente con un juez permanente.

La diputada señaló que el Congreso del Estado ha promovido este tipo de mecanismos precisamente para generar condiciones que permitan resolver los conflictos vecinales de manera más ordenada.

“Lo que la norma hace, palabras más o palabras menos, es poder llevar una sociedad en la que podamos coordinarnos de la mejor manera, civilizadamente”, puntualizó.

El Juzgado Cívico estará enfocado exclusivamente en faltas administrativas y asuntos relacionados con la convivencia ciudadana, por lo que no sustituirá las funciones de las autoridades responsables de investigar y perseguir delitos.