En una reunión con empresarios, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro su nivel de involucramiento en el gobierno. Sus interlocutores querían saber con quién resolver los trámites, permisos y problemas de agua y energía que frenaban sus proyectos. “Yo soy la jefa del Gabinete y me encargaré personalmente de que todo funcione”, respondió la mandataria. Los empresarios seguirían reuniéndose con ella y los secretarios y funcionarios recibirían las instrucciones.
Poderejecutivo
Así funciona buena parte del gobierno federal. La Presidenta pide información, revisa avances, hace observaciones y toma decisiones. Ese método lo trasladó de la Jefatura de Gobierno capitalina a Palacio Nacional, con todo lo que eso significa. El seguimiento también tiene que ver con asuntos a cargo de colaboradores de toda su confianza.
Según información de su entorno, Sheinbaum se reúne con Paulina Silva, coordinadora general de Comunicación Social, para revisar uno por uno los presupuestos publicitarios de los medios. Analiza asignaciones, comportamiento de los periodistas y valora la estrategia de comunicación. Alfonso Brito opera después la relación con los medios. La decisión sobre los recursos se mantiene en el ámbito presidencial.
La Presidenta participa y toma decisiones en el gabinete de seguridad; también revisa con el canciller Roberto Velasco la política exterior. En su círculo reconocen que busca fortalecer los resultados diplomáticos. Con Marcelo Ebrard define la línea del T-MEC, el comercio y la política industrial. Los responsables presentan propuestas y ella toma la decisión final.
En Hacienda, Édgar Amador recibe las directrices de la política económica. La revisión del gasto llega directamente con Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos, y a Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, tira línea con la recaudación de los grandes contribuyentes. Los impuestos y la miscelánea fiscal pasan por esa supervisión. La Presidenta busca conocer cómo se obtienen y utilizan los recursos públicos.
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Los gobernadores conocen la dinámica. Sheinbaum los llama, pide cuentas sobre proyectos de agua, electricidad, carreteras e infraestructura y señala prioridades. El seguimiento puede destrabar obras y coordinar las agendas federal y estatales. También implica que ajustes relevantes vuelvan a consultarse en Palacio Nacional.
Con los programas sociales ocurre algo parecido. Revisa el ejercicio de los recursos, los apoyos y las pensiones, que son prioridades de su gobierno. En las reuniones de seguimiento, los funcionarios llevan avances y propuestas. La decisión final queda en sus manos.
Ese estilo de microgestión se sigue también en la operación partidista. La Presidenta recibe aspirantes y coordinadores, revisa perfiles y participa en definiciones rumbo a 2027, según versiones de su entorno. Los dirigentes hacen sus cálculos, pero procuran conocer su opinión. Lo mismo sucede con los coordinadores parlamentarios para impulsar las prioridades presidenciales.
Poderejecutivo
Su secretario particular, Carlos Augusto Morales, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, y sus asesores conocen —y padecen— esa dinámica. Pueden plantear diferencias o sugerencias, pero la Presidenta conserva la última decisión. La cercanía no siempre implica autonomía para resolver.
El micromanagement, o microgestión, consiste en controlar de manera tan minuciosa el trabajo de los colaboradores que se reduce su autonomía para decidir. En un gobierno, esa práctica puede convertir a los secretarios en funcionarios pendientes de autorización, retrasar soluciones y desalentar opiniones que contradigan a la superior. También diluye responsabilidades. Siempre queda la explicación de que falta el visto bueno presidencial. El gabinete puede terminar más preocupado por anticipar lo que quiere escuchar la jefa que por advertirle lo que está saliendo mal.
Para una jefa de Estado, acumular decisiones puede hacer perder la brújula sobre lo verdaderamente importante. Cada hora dedicada a una asignación publicitaria, un trámite o una disputa entre aspirantes compite con el tiempo necesario para preparar una negociación comercial, atender una crisis diplomática o anticipar cambios en la relación con Estados Unidos. Los detalles pueden absorber la atención mientras los problemas estratégicos avanzan. Una Presidenta que concentra demasiadas decisiones corre el riesgo de llegar tarde a aquellas que nadie más puede tomar por ella.
Posdata 1
El subsidio al diésel está complicando las cuentas del secretario de Hacienda, Édgar Amador. Moody’s advirtió que el déficit fiscal podría acercarse a 5% del PIB este año por la presión de los combustibles. Renzo Merino, vicepresidente de Riesgo Soberano de la calificadora, explicó que su previsión era de entre 4% y 4.5%. Sostener los apoyos dificulta reducir el déficit.
El apoyo de Hacienda pasó de 6 a 9.20 pesos por litro en tres semanas. La dependencia ya dejó de cobrar la totalidad del IEPS al diésel y tuvo que recurrir a estímulos adicionales para contener el precio al consumidor. Para las finanzas públicas, el costo comprende tanto la recaudación que se sacrifica como los apoyos que exceden ese impuesto.
A ello se suma una decisión que está fuera del control de Hacienda. Si Donald Trump concreta la amenaza de prohibir las exportaciones estadounidenses de diésel, México enfrentaría presiones adicionales. Roxana Muñoz, de Moody’s, advirtió que la producción nacional resulta insuficiente para abastecer la demanda. Tampoco Deer Park permitiría sortear esa prohibición. Aunque pertenece a Pemex, la refinería opera bajo regulación estadounidense y sus envíos a México quedarían sujetos a las restricciones.
Posdata 2
Por cierto que Guillermo Ortiz le respondió al secretario de Hacienda, Édgar Amador, después de que la dependencia cuestionara su gestión para defender los resultados económicos de la 4T. El exsecretario y exgobernador del Banco de México reconoció la reducción de la pobreza y el aumento del salario mínimo, pero insistió en discutir cómo sostener esos avances. “Preguntar por esa sostenibilidad no es negar sus beneficios”, escribió en Nexos.
Ortiz señaló que los programas sociales cuestan cerca de 3% del PIB y representan alrededor de una décima parte del gasto neto total. También cuestionó que el presupuesto de 2027 se apoye en deuda. Su argumento abre el debate a discutir con qué ingresos se financiarán esos compromisos en los próximos años.
Hacienda le había reprochado que durante su gestión la población en pobreza aumentó en 16 millones de personas. Ortiz respondió que enfrentó la crisis financiera de 1995 y defendió las medidas adoptadas para evitar una quiebra soberana, incluido el Fobaproa. Además, dejó una pregunta dirigida a Amador sobre qué habría hecho ante un incumplimiento inminente. El intercambio incluye ahora las decisiones de hace tres décadas y las cuentas actuales.
Posdata 3
El peso cerró este jueves en su nivel más débil frente al dólar desde el 6 de abril. Perdió 1.16%, terminó en 17.7148 unidades y acumuló tres jornadas consecutivas de retrocesos, según los datos de Banxico. En ventanillas, el dólar se vendía en 18.18 pesos en Banamex, 18.03 en BBVA y 18 en Banorte. Conviene distinguir ambas cotizaciones para dimensionar el movimiento.
La jornada coincidió con la decisión de Banxico de mantener su tasa en 6.50%. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, explicó que esa pausa, combinada con las expectativas de mayores tasas en otras economías, resta atractivo a las inversiones que aprovechan el diferencial de rendimientos entre monedas, conocidas como carry trade. Uno de los factores que había favorecido al peso está perdiendo fuerza.
También influyeron el encarecimiento del petróleo y la incertidumbre sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que elevaron la aversión al riesgo. A ello se sumó el dato de inflación mexicana de la primera quincena de septiembre, de 3.42% anual. La presión cambiaria coincide así con mayores precios de los energéticos y un menor atractivo relativo de las tasas mexicanas.
