laudia Sheinbaum pasó una tarde de comida y fotografías con los empresarios que celebraron los 50 años del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Hacía tiempo que no se veía una convivencia tan abierta entre la Presidencia y la iniciativa privada. La tarde soleada, el buen ánimo y los acercamientos sin un aparatoso despliegue de seguridad recordaban algunas reuniones que otros presidentes solían tener —ellos sí con mucha más seguridad— con los hombres y mujeres de negocios.

José Medina Mora reunió a dirigentes de cámaras, banqueros, expresidentes del organismo y funcionarios. Sheinbaum compartió la mesa con Altagracia Gómez, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el canciller Roberto Velasco, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, el presidente de los banqueros, Emilio Romano, el de la Concamin, Alejandro Malagón, entre otros. A dos lugares de ella estaba el embajador estadounidense Ronald Johnson. En otra mesa, junto a los expresidentes del CCE, se encontraba el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar y otros legisladores.

La Presidenta comió, escuchó a Medina Mora y después tomó la palabra. Hubo reconocimientos a quienes encabezaron el organismo y un recuento de las crisis que atravesó México. El dirigente empresarial recordó las macrodevaluaciones, la hiperinflación y la estatización bancaria. También precisó la posición de sus representados. “El CCE no es oficialismo, el CCE no es oposición, el CCE es institución”, dijo.

El buen ánimo no excluyó los pendientes. Medina Mora pidió conservar la calificación crediticia, reducir el déficit fiscal y desacelerar la contratación de deuda. Desde la mesa principal, Amador asintió con la cabeza. Sheinbaum respondería que bajar el déficit “tiene su complejidad” y que su gobierno debía hacerlo responsablemente, sin prometer lo que no pudiera cumplir.

También hubo una diferencia sobre el crecimiento. Medina Mora planteó impulsar la inversión “para que vuelva a haber crecimiento económico”. La Presidenta retomó esa conversación que sostiene con los empresarios. “Dicen que México no está creciendo, que no estamos creciendo”, reprodujo antes de presentar sus cifras.

Frente a la gráfica de la OCDE contó “1, 2, 3, 4, 5, 6”, hasta ubicar a México en el séptimo lugar entre los países del organismo con mayor crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2026. Estaba encanchada. Había repasado sus notas y acuerdos con la IP sobre salarios, combustibles, inversión y simplificación de trámites; ahora quería convencer a sus interlocutores de que la economía estaba avanzando.Anúnciate aquí

Con un “adelante” fue pasando las láminas de carreteras, trenes, electricidad, Pemex, gasoductos, agua, puertos y vivienda. Al llegar a Pemex corrigió la cantidad. “2 mil 200 millones, no, 2 billones, 2 billones de pesos”. La cartera completa ascendía a 8.4 billones para los próximos cuatro años, entre inversión pública y mixta.

La oferta fiscal tuvo una introducción dirigida a sus anfitriones. “Esta es una gran noticia para ustedes”, anunció. Dijo que propuso permitir el próximo año el pago de adeudos sin multas ni recargos, “a todos, sin tener límite”. El programa vigente ya ofrece esas reducciones, pero está dirigido a contribuyentes cuyos ingresos de 2024 no superaron los 300 millones de pesos. La novedad estará en quiénes podrán incorporarse.

Johnson escuchó los discursos, aplaudió durante los reconocimientos y se retiró al terminar el evento. Sheinbaum lo mencionó una vez y lo llamó “un buen aliado de México”. Venían de reunirse con empresarios estadounidenses y el propio embajador. En la comida del CCE, la relación con Washington estuvo presente.

Medina Mora recurrió al futbol para describir la colaboración que busca. Invitó a revivir la unidad del Mundial, cuando los mexicanos se pusieron la camiseta de la selección. Contó que lo había conversado con la Presidenta y pidió apostar por México. La referencia acompañó un discurso en el que también solicitó a las empresas revisar cuánto gana su trabajador peor pagado, cuál es su escolaridad y en qué condiciones vive.

Sheinbaum cerró con una invitación que recogía el tono de la tarde. “Habrá cosas en las que no estamos de acuerdo, pero siempre pongamos por encima de todo aquello en lo que sí estamos de acuerdo”. Después bajó a saludar y a tomarse fotografías.

Posdata 1Anúnciate aquí

Grupo Televisa y Fintech Holdings acordaron comprar AT&T México por 2 mil millones de dólares. Por su alcance, es el deal del año en las telecomunicaciones mexicanas. Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, copresidentes de Televisa, y David Martínez, propietario de Fintech, participarán mediante un consorcio a partes iguales, financiado con efectivo y deuda. La operación está pendiente de autorizaciones regulatorias y se prevé concretarla en el primer trimestre de 2027.

La adquisición permitirá combinar la infraestructura de izzi con la red móvil y los 24.7 millones de suscriptores que AT&T México reportó al cierre de 2025. Televisión de paga, internet, telefonía fija y móvil conformarán una oferta de cuádruple play respaldada por infraestructura propia en ambos negocios. La combinación daría al grupo mayor capacidad para vender paquetes y competir por el gasto de conectividad de los hogares. El cambio para Televisa será operar una red móvil de gran escala, además de sus servicios fijos.

Las dimensiones explican la apuesta. Izzi y AT&T generarán ingresos anuales por 8 mil millones de dólares y representarían 23% del mercado nacional de telecomunicaciones. La combinación fortalecería al grupo encabezado por Gómez y De Angoitia y ampliaría su capacidad de competencia frente a los demás operadores. También profundizaría su asociación con Martínez, quien aporta capital y experiencia en telecomunicaciones, tras su entrada al negocio en Argentina, a través de Cablevisión. El alcance definitivo dependerá de las condiciones bajo las cuales las autoridades autoricen la compra.

La CEO de AT&T, Mónica Aspe, comunicó el acuerdo a los trabajadores mediante una carta. La directiva aclaró que la empresa continuará perteneciendo a AT&T y operando con normalidad hasta el cierre. No anunció cambios de personal ni garantizó que no los habrá después. Esa transición será parte de la siguiente etapa de una operación que dará a Televisa mayor peso en el sector y obligará a sus competidores a revisar sus estrategias.

Posdata 2

Grupo Duxon, encabezado por Omar Anitua Valdovinos, ha extendido sus negocios en los puertos administrados por la Secretaría de Marina mediante Pegsa Construcciones, Sepiver y Vitalcare del Golfo. En Dos Bocas, Pegsa recibió dos adjudicaciones directas para obras de protección portuaria que, según los registros de contratación consultados, suman más de 10 mil 300 millones de pesos. En la revisión del contrato de 2024, la Auditoría Superior de la Federación detectó pagos en exceso por 1.46 millones de pesos por trabajos cuya ejecución no quedó acreditada.Anúnciate aquí

El grupo también cobra por vigilar las instalaciones y atender emergencias. En 2024, Sepiver recibió aproximadamente 123 millones de pesos, incluido IVA, por dos contratos en Dos Bocas, uno de seguridad y vigilancia y otro de monitoreo y operación de cámaras. Vitalcare recibió otros 44.5 millones por personal y materiales para la central de emergencias portuarias. El contrato de CCTV fue adjudicado directamente; los de vigilancia y atención de emergencias se otorgaron mediante licitación pública. Para estos servicios, la ASF reportó que se acreditó su prestación.

Sepiver también tiene contratos en Altamira y Tampico, dos puertos bajo escrutinio por el huachicol fiscal. En Altamira, los registros reportan adjudicaciones de 2024 por 517.2 millones de pesos para seguridad privada y otros 220.8 millones para operar el sistema integral de seguridad y protección portuaria. En Tampico aparece un contrato de vigilancia de 2026 por 115.8 millones.

La expansión alcanza al sector salud. En 2026, Sepiver obtuvo contratos del IMSS-Bienestar para seguridad en seis entidades, con un monto máximo de 2 mil 148 millones de pesos, incluido IVA, por nueve meses. El testigo social del procedimiento, Diarmuid Hurley O’Sullivan, cuestionó que una certificación exigida limitara la participación y señaló la reducción de plazos para evaluar las propuestas. Su recomendación de diferir dos horas el fallo para revisar las evaluaciones no fue aceptada por la convocante.

Posdata 3

La regulación de alimentos y bebidas en las escuelas abrió una discusión sobre los límites de su aplicación en las universidades autónomas. Durante la sesión de este martes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel pidió que las restricciones a los productos de bajo valor nutricional consideren la facultad de esas instituciones para gobernarse y emitir sus propias normas.

Esquivel sostuvo que la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible reconoce un margen de libertad para que las autoridades universitarias adapten las disposiciones a las características de sus estudiantes y sus condiciones de operación. Bajo esa interpretación, cuestionó que se les imponga el cumplimiento íntegro de los lineamientos y se les sancione por incumplirlos. Citó como antecedente las reglas y la guía técnica que la UNAM publicó en 2025 para regular la preparación y venta de alimentos en sus planteles de bachillerato.

La ministra respaldó el sentido del proyecto, pero se apartó de algunos párrafos por sus implicaciones para la autonomía universitaria y anunció un voto particular. Su intervención puso sobre la mesa una distinción relevante para aplicar la política alimentaria en la educación superior, donde conviven instituciones sujetas a distintos regímenes jurídicos. El comunicado sobre su postura no precisa la votación final ni el alcance de lo resuelto por el Pleno.