La presidenta Claudia Sheinbaum se presentó este miércoles ante los dueños y directivos de radio y televisión reunidos en la convención de la CIRT. “Estamos abiertos a revisar los tiempos oficiales”, les endulzó los oídos. Luego añadió: “Vamos a generar mesas de diálogo con ustedes para revisar el modelo de tiempos oficiales”. Era la frase esperada por una industria que acusa saturación de spots, pérdida de audiencias y asimetrías regulatorias frente a las plataformas digitales.
Sheinbaum reconoció un problema que los concesionarios han señalado por años: “La repetición de mensajes de 20 segundos por muchas ocasiones no necesariamente informa a la ciudadanía”. La Presidenta fue más allá con un mensaje político, el cual no todos los periodistas ni dueños de medios reconocen, sobre todo los más críticos: Que efectivamente “la libertad de expresión no se toca (o no se ha trastocado)”, puesto que es “un pilar de la democracia”, como lo sostuvo la mandataria.
Este fue uno de sus primeros posicionamientos públicos sobre la regulación a los medios de comunicación desde que comenzó su sexenio y de cara al debate de la reforma político-electoral.
Sin embargo, el contexto pone de relieve muchos otros temas fundamentales. La revisión de los tiempos oficiales es apenas el “dulcecito” de una reforma mucho más profunda que pretende reconfigurar el sistema electoral, la comunicación política y la regulación de medios. En ese paquete vienen cambios a la estructura del INE, a la forma de elegir candidatos, en la reconfiguración del Congreso, en la fiscalización de plataformas digitales y en la operación de nuevos órganos como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATD) y el Consejo de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), que concentran atribuciones estratégicas en el Ejecutivo.
Expertos de la materia han documentado que los tiempos oficiales fueron, desde 2007, el mayor regalo de los partidos: 48 minutos diarios en radio y televisión, administrados por el INE, que sustituyeron el gasto privado y se volvieron la columna vertebral de las campañas. Hoy ese modelo está agotado. Las audiencias migran a plataformas digitales porque la saturación de spots genera rechazo y los concesionarios cargan con obligaciones que no existen para las OTT ni para los gigantes tecnológicos.
La oferta presidencial de revisar tiempos oficiales responde a esa realidad. Pero lo que realmente inquieta al sector es el rediseño regulatorio. La CIRT advierte que la ATD y el CRT podrían abrir la puerta a sobrerregulación, discrecionalidad y riesgos para la libertad editorial. La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorga facultades amplias para supervisar contenidos, imponer límites a espacios publicitarios y sancionar a concesionarios y plataformas bajo criterios poco definidos.
Los partidos, mientras tanto, no tienen incentivos para renunciar a sus tiempos gratuitos. Podrían aceptar una reorganización de la pauta, pero defenderán esa prerrogativa que los ha beneficiado durante casi dos décadas. Si se recorta algo, lo compensarán con mayor gasto en propaganda digital segmentada.
En lo económico, reducir tiempos oficiales no generará ingresos adicionales para televisoras y radiodifusores, pues los topes de comercialización se mantienen. Lo que sí modifica es el ambiente competitivo, porque habrá menos saturación, lo que podría recuperar audiencias y equilibrar, aunque sea parcialmente, la competencia frente a plataformas globales que concentran la mayor parte de la publicidad digital sin cargas comparables.
El riesgo también está en trasladar obligaciones a plataformas sin un marco claro. Regular propaganda digital es indispensable, pero hacerlo desde órganos concentrados en el Ejecutivo puede derivar en vigilancia, criterios de sanción ambiguos o presiones indirectas sobre contenidos críticos. La experiencia internacional advierte que el remedio puede ser peor que la enfermedad si no hay contrapesos.
Sheinbaum cerró su discurso diciendo que su gobierno “siempre generará condiciones para la libertad de los medios”. El mensaje es relevante, pero insuficiente. El acoso y la presión a los periodistas y medios críticos está por todos lados. Y ya que les gusta hacer encuestas, podrían hacer una sobre el tema. Pero genuina, a ver si no se sorprenden.
Posdata 1
Todo listo para la comida, tertulia y festejo por los 72 años de Andrés Manuel López Obrador. Este jueves, a la finca de Palenque acudirían varios miembros del primer círculo del expresidente, algunos funcionarios en activo a quienes no se les verá estos días en sus oficinas o haciendo las labores para las que fueron contratados y para las que los ciudadanos (el pueblo) les pagan.
¿Cómo justificarán su ausencia en sus oficinas y curules Alejandro Esquer o Daniel Asaf en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, así como Antonio Martínez Dagnino y Juan Pablo de Botton, si en efecto fueron invitados al convite, como ha trascendido?
Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una felicitación pública a su antecesor, gesto que replicó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, reconociendo la influencia que López Obrador mantiene en el ánimo político del movimiento. La mandataria, sin embargo, aseguró desconocer si el exmandatario prepara una gira por el país para presentar su nuevo libro —que se publicará en diciembre—, un proyecto editorial que, según colaboradores cercanos, podría convertirse en pretexto para volver a marcar agenda y a reforzar al movimiento.
Posdata 2
La votación para definir la reelección de Rafael Guerra Álvarez como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre.
Guerra, quien suma casi siete años al frente del tribunal, es señalado por magistrados de intentar utilizar la presidencia como plataforma política rumbo a 2027, lo cual ya intentó en junio pasado al involucrarse en la discusión y votación de la reforma judicial federal, así como de permitir todo tipo de malas prácticas y corrupción. La percepción dentro del TSJ-CDMX es que su continuidad no garantiza estabilidad, sino una profundización del desgaste institucional.
El asesinato del abogado David Cohen, hace un mes frente a la sede del Poder Judicial capitalino, terminó de evidenciar la descomposición. A partir de ese caso, se dispararon las denuncias sobre presuntas redes de protección, prácticas opacas y presiones indebidas dentro de juzgados clave.
Por otro lado, la relación entre Guerra y la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, es prácticamente inexistente o más bien mala, para decirlo puntualmente. La Fiscalía ha reclamado decisiones judiciales que permitieron la liberación de imputados de alto riesgo, mientras que el TSJ responsabiliza al Ministerio Público de integrar mal las carpetas. Ambas partes operan sin coordinación en un momento crítico para la seguridad de la capital.
Frente a este escenario, los nombres que suenan como posibles relevos de Guerra son Celia Marín Sasaki, magistrada en materia civil, quien ha denunciado públicamente que en el Tribunal hay “problemas severos de corrupción, nepotismo y venta de plazas”.
También suena el nombre del magistrado Ramón Alejandro Sentíes Palacios, cuya presencia en el ámbito penal y redes de apoyo crecieron pese —o quizá a raíz— del atentado que enfrentó en abril de este año, también en la llamada “Ciudad Judicial”. El hecho evidenció el nivel de riesgo, exposición y vulnerabilidad que enfrentan figuras clave del tribunal. A ello se agregan los videos de presuntos criminales que circulan en grupos de WhatsApp acusando a magistrados, jueces y personal del Poder Judicial capitalino de “agarrar dinero” y no cumplir acuerdos. Aunque no verificados, estos materiales han impactado en la percepción interna y exponen un deterioro sin precedentes en la credibilidad del Tribunal.
Posdata 3
El sector turístico nacional observa con creciente inquietud la forma en que se están definiendo los presupuestos para la promoción de México dentro y fuera del país. La Secretaría de Turismo, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, instruyó a Marte Luis Molina Orozco para coordinar los convenios de reasignación de recursos con los estados y los Pueblos Mágicos, una tarea clave en el reparto del gasto federal en promoción y eventos turísticos.
El nombramiento no pasó desapercibido entre empresarios y funcionarios locales, pues Molina Orozco acompañó a Rodríguez Zamora en su gestión al frente de la Secretaría de Turismo de Tlaxcala, donde fue señalado por favorecer a tour operadores y empresas vinculadas, como Horizonte México. En ese periodo, prestadores de servicios del corredor de luciérnagas en Nanacamilpa y Calpulalpan protestaron por la imposición de una plataforma única para la venta de boletos, la cual, según denunciaron, generó beneficios económicos a un particular.
Rodríguez Zamora también arrastra críticas desde su paso por Tlaxcala. La repetida contratación de la ganadería “Atlanga”, propiedad de su padre, para eventos estatales; el gasto excesivo en “influencers” para promover corridas de toros, y el descuido de zonas arqueológicas como Cacaxtla y Tizatlán, que llegaron a permanecer en condiciones de abandono.
Hoy, ya al frente del turismo federal, las quejas del sector apuntan a un patrón similar: asignaciones exclusivas a ciertos proveedores, adjudicaciones directas sin licitación y presiones a gobiernos estatales para aceptar empresas previamente seleccionadas. El riesgo, advierten empresarios y funcionarios locales, es que el turismo, uno de los motores más sólidos de ingreso y empleo en México, termine subordinado a intereses personales y redes de complicidad que minan la transparencia en la promoción del país.
Posdata 4
El más reciente tropiezo de la alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez volvió a exhibir su estilo autoritario y la larga lista de escándalos que ha acumulado. El Tribunal Electoral de Guerrero le dio un revés jurídico y político al frenar su intento de censura contra el medio Acapulco Trends. Los magistrados le corrigieron la plana y señalaron que una funcionaria pública está obligada a tolerar la crítica y garantizar la libertad de expresión, no perseguirla.
No es la primera vez que López Rodríguez queda exhibida por decisiones polémicas. Sigue fresca la indignación por sus declaraciones en plena tragedia del huracán Otis y por la inseguridad; también por el manejo discrecional de recursos y contrataciones, los desvíos detectados por la auditoría superior, las denuncias de empresarios por opacidad en permisos, concesiones y asignaciones directas durante su administración.
Lo mismo otros choques con periodistas, bloqueos a comunicadores críticos, acusaciones de nepotismo, señalamientos por irregularidades en la nómina municipal y la llegada de operadores cercanos a grupos políticos locales cuestionados. Todo ello ha contribuido a un clima de desconfianza y desgaste público para la morenista que, con todo y sus crisis recurrentes, aspira a la gubernatura del estado.
