El proceso para seleccionar nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal de Disciplina Judicial ha generado controversia debido a la presencia de nombres ligados a la política. La llamada megatómbola, utilizada como mecanismo de selección, dejó entrever que este proceso podría estar lejos de ser completamente imparcial.
Desde exfuncionarios hasta políticos con trayectoria en la Ciudad de México, varios nombres con pasado partidista han quedado en la lista de finalistas, lo que plantea preguntas sobre la independencia judicial en México.
Candidatos con historial político en la SCJN
Entre los nombres que han avanzado en el proceso destaca Eduardo Santillán, exdelegado en Álvaro Obregón y exrepresentante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Su perfil ha generado inquietudes sobre el papel del oficialismo en la renovación de la Suprema Corte.
Otro nombre que llama la atención es Arístides Guerrero, expresidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la CDMX (Info CDMX), lo que lo vincula con el sistema de rendición de cuentas y transparencia en la capital.
Mientras tanto, en el proceso de selección del Tribunal de Disciplina Judicial, figura Rufino León Tovar, exsecretario de Transporte y Vialidad en la administración de Miguel Ángel Mancera, lo que sugiere que las alianzas políticas de gobiernos anteriores siguen teniendo peso en la toma de decisiones judiciales.
¿Justicia o cuotas de poder? La influencia de Morena y el PAN
El debate sobre la independencia judicial se intensifica al observar cómo los partidos políticos siguen colocando a sus figuras clave en espacios de decisión jurídica.
Por un lado, Morena ha demostrado su intención de consolidar su influencia en la SCJN, lo que podría facilitar el respaldo a las reformas promovidas por el oficialismo. Sin embargo, la oposición, principalmente el PAN, no se ha quedado atrás en esta estrategia.
Prueba de ello es el reciente reacomodo dentro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, donde figuras clave de la capital ahora tendrán mayor injerencia en la política nacional:
- Santiago Taboada, excandidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, fue designado secretario nacional de Acción Política del PAN.
- Lía Limón, exalcaldesa de Álvaro Obregón, ahora es secretaria nacional de Vinculación Ciudadana.
Ambos panistas fueron figuras visibles en la capital y ahora jugarán un rol clave a nivel federal, lo que indica que la batalla por el poder en el sistema judicial no solo es entre jueces, sino también entre partidos políticos.
La estrategia de Clara Brugada: gobierno de territorio
Mientras tanto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ha intensificado su estrategia de acercamiento ciudadano. Su equipo ha organizado más de 200 asambleas vecinales, donde secretarios del gobierno capitalino han desglosado los avances de la administración en sus primeros 100 días.
Entre los funcionarios que han encabezado estas reuniones destacan:
- César Cravioto, secretario de Gobierno
- Alejandro Encinas, titular de Planeación
- Julia Álvarez de Icaza, secretaria de Medio Ambiente
Este enfoque responde a una estrategia de Morena para consolidar su presencia en los territorios, asegurando que la base social siga respaldando sus políticas y, en particular, las reformas judiciales impulsadas a nivel federal.
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¿Qué sigue para la elección judicial en México?
El proceso de selección en la SCJN y el Tribunal de Disciplina Judicial aún no concluye, pero los nombres que han surgido confirman la presencia de intereses políticos en la designación de jueces y magistrados.
Posibles escenarios:
- Si Morena logra mayoría en las designaciones, el gobierno federal podría consolidar su influencia en la SCJN, facilitando la aprobación de reformas clave en materia judicial.
- Si la oposición consigue frenar la estrategia del oficialismo, la SCJN podría mantener su autonomía, aunque con un panorama de confrontación política constante.
- Si la ciudadanía presiona por una mayor independencia judicial, el proceso de designación podría enfrentar impugnaciones y mayores exigencias de transparencia.
La megatómbola ha sido solo el inicio de un proceso que marcará el futuro de la justicia en México. La pregunta sigue en el aire: ¿se garantizará la independencia del Poder Judicial o será una extensión del juego político?
