La seguridad vial en Veracruz toma un nuevo rumbo con la implementación de medidas más rigurosas por parte de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial (DGTSV), adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Una de las disposiciones más destacadas y de impacto inmediato es la prohibición explícita de transportar a niños y niñas menores de 12 años como acompañantes en motocicletas, una práctica común pero ahora severamente sancionada. Esta normativa se enmarca dentro de un esfuerzo integral por ordenar el parque vehicular y reducir los riesgos en las carreteras y calles del estado.
La DGTSV ha clasificado esta infracción como “muy grave”, lo que conlleva una de las multas más elevadas dentro de su nuevo tabulador, que diferencia las sanciones para automóviles, motocicletas e incluso bicicletas. El objetivo primordial es salvaguardar la integridad de los menores, quienes son particularmente vulnerables en caso de accidentes a bordo de estos vehículos.
Multas elevadas por la seguridad infantil
La infracción por llevar a bordo a cualquier menor de entre cero y 12 años en una motocicleta será castigada con una multa mínima de 31 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que al valor actual de 108.57 pesos por UMA, representa un desembolso de 3,365.67 pesos. Esta cifra puede escalar considerablemente, llegando hasta las 40 UMAS, equivalentes a 4,342.80 pesos, si se presentan circunstancias agravantes como conducir en estado de ebriedad, intentar fugarse, no contar con licencia o ser reincidente.
Además de la prohibición de menores, las autoridades veracruzanas también refuerzan la obligatoriedad del uso de casco tanto para el conductor como para el pasajero. Incumplir esta norma de seguridad básica acarreará una multa de 16 UMAS, es decir, 1,737.12 pesos, que también puede incrementarse hasta los 3,257.1 pesos con agravantes, evidenciando el compromiso de la autoridad con la protección de todos los ocupantes de las motocicletas.
El nuevo ordenamiento vehicular para motocicletas
Estas medidas forman parte de un programa más amplio de ordenamiento vehicular exclusivo para motocicletas, que entró en vigor el pasado 23 de junio de este año mediante un decreto emitido por la gobernadora Rocío Nahle García. Este programa busca crear un padrón estatal de control de unidades a través de la emisión de nuevas placas y un holograma de identificación.
La gobernadora Rocío Nahle García, al presentar este decreto, ha enfatizado la prioridad de salvaguardar la vida de los veracruzanos.
“Este programa de ordenamiento vehicular no es solo una medida administrativa; es un compromiso firme con la seguridad de nuestras familias, especialmente de los más vulnerables. Buscamos generar una cultura vial de respeto y responsabilidad, donde cada motociclista entienda que su unidad es una herramienta de transporte, no un riesgo para sí mismo o para los demás, y mucho menos para los niños”, declaró la mandataria, subrayando la importancia de la nueva regulación para establecer un padrón vehicular confiable y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.
Costos y plazos del nuevo emplacamiento
El costo de las nuevas placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral con holograma se ha fijado en 980 pesos, lo que equivale a 8.6618 UMAS. Este precio incluye un descuento del 30 por ciento que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha en la que concluye el programa de ordenamiento vehicular.
A partir del 1 de enero de 2026, el costo del nuevo emplacamiento obligatorio ascenderá a 1,440 pesos. Es importante destacar que para aquellos motociclistas que hayan emplacado entre el 1 de enero y el 20 de junio de 2025, el canje de placas será gratuito, aunque igualmente obligatorio, asegurando así la actualización de todo el padrón vehicular.
Un marco legal más estricto en Veracruz
Estas nuevas disposiciones, que abarcan desde la prohibición de menores hasta la obligatoriedad de un nuevo emplacamiento, reflejan un endurecimiento en el marco legal y operativo para los motociclistas en Veracruz. La DGTSV y la SSP buscan con estas acciones no solo sancionar, sino también fomentar una cultura de prevención y responsabilidad entre los conductores, con el fin último de reducir la incidencia de accidentes y proteger la vida de todos los ciudadanos en las vías públicas del estado.
