Implicaría dinamitar el principal andamiaje comercial de América del Norte justo cuando la revisión formal de 2026 debería servir para fortalecerlo.

Como aquí le comentamos ayer, Bloomberg reveló que en el entorno de Donald Trump se sopesa seriamente la posibilidad de abandonar el T-MEC.

No se trata de una declaración al calor de un mitin, sino de filtraciones de su propio equipo económico. La señal, si fuera seria, sería grave: implicaría dinamitar el principal andamiaje comercial de América del Norte justo cuando la revisión formal de 2026 debería servir para fortalecerlo.

Pero lo que la Casa Blanca deja saber más bien como táctica de presión choca frontalmente con lo que amplios sectores del Congreso y del empresariado estadounidense consideran viable.

Ayer mismo, el Comité de Finanzas del Senado celebró la audiencia “The U.S.-Mexico-Canada Agreement: Evaluating North American Competitiveness”. El tono fue revelador. El presidente del Comité, el republicano Mike Crapo, recordó que el T-MEC fue aprobado por 89 votos contra 10, el respaldo más bipartidista para un tratado comercial en décadas, y subrayó que el comercio trilateral sostiene 13 millones de empleos en Estados Unidos. “No debemos permitir que lo perfecto sea enemigo de lo bueno”, advirtió, en un mensaje dirigido sin ambigüedad a quienes coquetean con dejar expirar el acuerdo. No fue un discurso de ruptura, sino de continuidad con ajustes.

La posición empresarial fue todavía más contundente. Más de 500 organizaciones, incluyendo cámaras de comercio de los 50 estados, enviaron una carta al Comité pidiendo que se preserve el carácter trilateral del T-MEC y que la revisión otorgue certidumbre jurídica.

Su argumento es difícil de refutar: el comercio regional se acerca a los 2 billones (trillions) de dólares y sostiene cadenas de valor profundamente integradas en los sectores automotriz, aeroespacial y agrícola.

Incluso en temas donde persisten fricciones (lácteos con Canadá, energía e independencia regulatoria en México), el énfasis empresarial está puesto en el cumplimiento y la mejora, no en la demolición.

Conviene, sin embargo, no subestimar la lógica del otro lado. Para Trump, amagar con la salida del T-MEC no es necesariamente algo irracional: es una palanca para arrancar concesiones mayores en la mesa de negociación, tal como ha hecho con el tema de los aranceles.

El problema es que esa estrategia tiene un costo acumulativo. Cada amenaza erosiona la certidumbre que necesitan las empresas para invertir, contratar y sostener las cadenas productivas que cruzan las tres fronteras.

Hay un dato político adicional que refuerza la existencia de límites institucionales. El Senado votó esta semana por levantar a Canadá las sanciones arancelarias vinculadas al fentanilo. Esa decisión, respaldada por mayoría, demostró que no todos los republicanos están dispuestos a utilizar los aranceles como arma política permanente frente a sus propios aliados estratégicos.

Hubo cuatro senadores del Partido Republicano que decidieron desafiar a Trump y gracias a ellos, el resultado final fue de 51-48 por el levantamiento de las sanciones.

Para México, la advertencia central es esta: confiar exclusivamente en que los contrapesos institucionales en Washington frenarán cualquier intento de abandono sería una apuesta peligrosa. Los contrapesos existen, pero no son una garantía en el contexto que vivimos.

Por ejemplo, Trump podría vetar la resolución para quitar sanciones a Canadá.

Nadie sostiene que el T-MEC sea perfecto. La propia audiencia del Senado puso sobre la mesa reclamos de aplicación más robusta en biotecnología agrícola, comercio digital, energía y servicios financieros.

Pero la discusión dominante en el Congreso gira en torno a cómo fortalecer la competitividad regional, no cómo fragmentarla.

En este contexto, México debe actuar, como ya le hemos comentado en este espacio, con inteligencia estratégica.

Defender el carácter trilateral del acuerdo es fundamental, pero también lo es llegar a la revisión con resultados verificables: resolución efectiva de disputas energéticas, avances concretos en certeza regulatoria y cumplimiento cabal de los compromisos asumidos.

Si la revisión de 2026 se convierte en un plebiscito sobre la confiabilidad institucional de sus socios, el margen de maniobra se reducirá drásticamente.

Trump puede querer dinamitar el acuerdo para reposicionarse políticamente.

Los datos, las cadenas productivas y buena parte del sistema político estadounidense apuntan en otra dirección.

La pregunta no es si la lógica económica prevalecerá sobre la pulsión política, sino si México habrá hecho lo suficiente para que esa lógica tenga con qué defenderse.

Ser puntillosos en el cumplimiento de un instrumento jurídico que queremos que se preserve debe ser prioridad nacional en estos momentos.