Grupo Herdez está inmerso en un conflicto jurídico que pasó del ámbito laboral al penal, cuyo punto medular es la negativa de reconocer una relación de trabajo que ya fue acreditada y validada por un Tribunal Colegiado Constitucional especializado en materia laboral.

El caso expone un diferendo entre una empresa y un exempleado y, a su vez, una disputa que, tras una resolución firme en la vía laboral, derivó en órdenes de aprehensión contra dos extrabajadores y en la prisión preventiva de la abogada que los defiende, bajo acusaciones de fraude procesal sobre hechos que, según los involucrados, ya habían sido juzgados.

Se trata de Alfredo Jorge Colín Huerta, quien fungió como directivo del grupo por más de 20 años, una relación que Herdez no logró desvirtuar durante el juicio laboral. El 5 de enero de 2023, un Tribunal Colegiado Constitucional determinó que sí existió vínculo laboral y condenó al pago de derechos correspondientes. A partir de ahí, la empresa optó por una ruta distinta. La defensa de los afectados sostiene que se abrió una carpeta penal para cuestionar, por otra vía, lo que no se pudo revertir en tribunales laborales.

En ese contexto aparece el juez de control José Alfredo Sotelo Llamas, señalado por los denunciantes de favorecer los intereses económicos de la compañía al mantener medidas cautelares como la prisión preventiva y limitar el ejercicio profesional de la defensa.

Herdez es una de las emisoras de la BMV más consolidadas del sector consumo en México. En 2025 reportó ingresos por 38 mil 593 millones de pesos y utilidades netas superiores a los 4 mil millones. Su capitalización bursátil ronda los 28 mil millones de pesos y su acción se mantiene cerca de máximos históricos, impulsada por desinversiones estratégicas y eficiencias operativas. Es, en términos financieros, una empresa sólida, rentable y con acceso al mercado. Precisamente por eso el conflicto adquiere otra dimensión.

El control de la compañía sigue concentrado. La familia Hernández-Pons posee alrededor de 68.5% del capital, con Héctor Hernández-Pons al frente como presidente y director general, acompañado en la alta dirección por Enrique Hernández-Pons y un consejo que combina perfiles familiares e independientes. Esa estructura ha permitido estabilidad en la toma de decisiones, pero también coloca bajo escrutinio cualquier estrategia que pueda interpretarse como un uso intensivo de recursos legales para contener pasivos laborales.

Y ese es otro ángulo que no se puede ignorar. Herdez reporta más de 12 mil 500 empleados en México, con una base operativa que representa más de tres cuartas partes de su plantilla. Mantiene además obligaciones por beneficios definidos —pensiones, primas de antigüedad— que al cierre de 2025 sumaban más de 900 millones de pesos, con un pasivo neto cercano a 660 millones. El costo anual de estos beneficios supera los 130 millones de pesos. La empresa no detalla públicamente cuántos trabajadores están próximos a jubilarse, pero sí reconoce una proporción relevante de personal por encima de los 50 años, lo que anticipa presiones futuras en ese rubro.

En ese contexto, cualquier precedente judicial que fortalezca la posición de los trabajadores tiene implicaciones directas sobre la estructura de costos de largo plazo. El litigio que hoy enfrenta Herdez lleva más de una década. Ha pasado por distintas instancias, amparos y laudos, y ahora se inserta en un terreno más delicado. De confirmarse la tesis de los afectados —que la vía penal se utiliza para revertir o presionar una resolución laboral firme— el caso no sólo impactaría a las partes involucradas, sino que enviaría una señal al resto de la plantilla y a la industria.

No es la primera vez que Herdez enfrenta cuestionamientos públicos, aunque en ámbitos distintos. Organizaciones ambientales han señalado en el pasado falta de transparencia en su cadena de suministro. Esos episodios no escalaron a crisis financiera, pero sí evidenciaron que, en empresas de consumo masivo, la reputación es un activo frágil. Hoy el riesgo es mayor, porque el tema toca directamente la relación con sus trabajadores y el funcionamiento del sistema de justicia.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado en el centro de sus  políticas económicas la mejora de las condiciones laborales y el fortalecimiento de derechos de los trabajadores. En ese entorno, un caso como el de Herdez puede convertirse en referencia obligada.

Política

Posdata 1

En otro caso judicial, pero más delicado, se encuentra el feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, ocurrido en marzo de 2019 en la colonia Álamos, volvió a abrirse con un giro que pone bajo la lupa al Poder Judicial. Mario Alberto Sabag Corona, quien llevaba preso desde abril de 2023 y era señalado como el responsable de la muerte de su entonces pareja —golpeada, herida con un gancho metálico en la garganta y hallada desnuda y sangrando por los paramédicos—, fue liberado el pasado 27 de marzo tras un amparo concedido por la jueza federal Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.

Según la queja presentada el 9 de abril ante el Tribunal de Disciplina Judicial, la jueza Riojas Orozco estaba legalmente impedida para conocer el caso. Existían circunstancias objetivas, previas y plenamente identificables que comprometían su imparcialidad, y aun con pleno conocimiento de esa situación, omitió excusarse. La propia juzgadora llegó a reconocer públicamente —en un programa de YouTube— que en un escenario como este tendría que abstenerse y no lo hizo.

La queja documenta tres causas graves. Primera: que la jueza conoció y resolvió un amparo estando legalmente impedida, en violación al artículo 212 de la ley orgánica, que prohíbe a los juzgadores intervenir cuando existen circunstancias que comprometan su imparcialidad. Segunda: que no emplazó debidamente a la víctima indirecta al juicio de amparo, privándola de su derecho a ser escuchada. Y tercera: que ordenó la libertad inmediata del acusado pese a que las constancias de origen no la justificaban, imponiendo como efecto del amparo que Sabag Corona quedara libre con independencia de la medida cautelar que se le fijara.

El caso es una prueba de fuego para el Tribunal de Disciplina Judicial, que preside Celia Maya. Si la queja se acredita, la sanción podría ir desde la suspensión hasta la destitución e inhabilitación de la juzgadora. Lo que está en juego no es solo la libertad de un acusado de feminicidio, sino la credibilidad de un sistema que dice combatir la violencia de género mientras libera a un presunto agresor por la vía de un amparo dictado por una jueza que tenía razones sobradas para no tocar el expediente.

Posdata 2

El fenómeno social alrededor de Omar García Harfuch se está convirtiendo en un activo  político de pronóstico reservado. Un reportaje reciente del Wall Street Journal documenta cómo el actual secretario de Seguridad se ha transformado en una figura de culto popular, con presencia en mercancía, redes sociales y hasta expresiones musicales.

La visibilidad de Harfuch ha crecido al ritmo de los operativos contra el crimen organizado, en particular los dirigidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. El componente personal, derivado del atentado que sufrió en 2020 y que él mismo ha vinculado a ese grupo criminal, refuerza una narrativa de confrontación directa que ha sido capitalizada por la opinión pública.

Las encuestas más recientes ya reflejan ese posicionamiento. La mayoría de las emisoras públicas lo colocan entre los personajes públicos mejor evaluados y con niveles de reconocimiento que superan a otros perfiles del gabinete. En escenarios rumbo a 2030 aparece de forma consistente como puntero o en los primeros lugares, incluso sin haber manifestado abiertamente una intención de competir.

Harfuch ya probó su capacidad electoral cuando ganó la contienda interna de Morena por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aunque posteriormente no asumió la postulación. Ese antecedente, sumado a su paso por la Secretaría de Seguridad capitalina con indicadores a la baja en delitos de alto impacto, le da sustento a una narrativa de resultados que hoy se suma a su capital político.

Material electoral

En un entorno donde la inseguridad sigue siendo la principal preocupación ciudadana, la figura de Harfuch concentra una expectativa que va más allá de su cargo. La combinación de exposición mediática, percepción de eficacia y respaldo en encuestas empieza a delinear un perfil competitivo real hacia el siguiente ciclo presidencial, en un escenario donde la demanda de orden sigue marcando la agenda pública. Allí está el reto y la oportunidad.

Posdata 3

Banxico nombró a Aldo Heffner como economista en jefe, justo ahora que la institución enfrenta una de sus coyunturas más complejas de los últimos años. El entorno externo y las diferencias internas han marcado las decisiones recientes de política monetaria.

La Junta de Gobierno decidió el 26 de marzo recortar la tasa de referencia en 25 puntos base para llevarla a 6.75%, en una votación dividida de tres contra dos. A favor del recorte votaron la gobernadora Victoria Rodríguez y los subgobernadores Omar Mejía y Gabriel Cuadra, mientras que Jonathan Heath y Galia Borja se pronunciaron por mantenerla en 7%. La división refleja dos lecturas opuestas sobre el balance de riesgos, particularmente frente a la persistencia de la inflación y la volatilidad global.

Las minutas más recientes confirman ese diagnóstico. La mayoría de los integrantes considera que la debilidad económica y la holgura de la actividad permiten continuar con el ciclo de recortes, aunque reconocen que el balance de riesgos para la inflación mantiene un sesgo al alza. En contraste, la minoría advierte que los choques externos, entre otras cosas por el encarecimiento de energéticos por la incertidumbre geopolítica, pueden prolongar las presiones inflacionarias y justificar una postura más restrictiva.

El telón de fondo es la inflación que volvió a repuntar. En marzo alcanzó 4.59% anual, su nivel más alto desde finales de 2024, con una subyacente en torno a 4.45% y presiones claras en alimentos y energéticos.

En ese contexto llega Heffner. La credibilidad y responsabilidad de Banxico vuelve a estar en el centro de la discusión.