El Gobierno de México intensificó sus acciones contra el robo de combustible por medio de operativos centrados en el aseguramiento de ferrotanques usados para transportar huachicol. Luego de investigaciones en aduanas y decomisos en buques y carrotanques, las autoridades extendieron las pesquisas hacia operadores ferroviarios, además de funcionarios, militares y elementos de la Guardia Nacional encargados de la custodia de las instalaciones.
En lo que va del año se han efectuado cinco operativos importantes, con un total de 206 ferrotanques incautados y más de 24 millones de litros de combustible ilegal asegurados. Los más destacados sucedieron el 7 de julio en Coahuila: en Ramos Arizpe se confiscaron 33 ferrotanques con casi 4 millones de litros de huachicol, y en Saltillo otros 96 con 11.5 millones de litros. Posteriormente, el 16 de julio, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se aseguraron 25 ferrotanques con 2.7 millones de litros de diésel; un día después, en Vanegas, San Luis Potosí, se decomisaron 35 con 4.2 millones de litros. Finalmente, el 23 de julio, en Matamoros, se incautaron 17 carrotanques con más de 2 millones de litros.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indicó que estas acciones integran la estrategia nacional de combate al huachicol, que ha dejado hasta el momento 23 detenidos. La nueva pesquisa tiene la finalidad de ubicar a las empresas y propietarios de los ferrotanques, pues se ha detectado que aprovechan la infraestructura ferroviaria para el traslado clandestino de combustibles, replicando el modus operandi utilizado en puertos: declarar falsamente el ingreso de aditivos químicos, cuando en realidad se trata de hidrocarburos.
El Centro Federal de Inteligencia Criminal ya tiene en la mira a empresas como Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Grupo Potesta, Era Tech Combustibles y Transportadora del Pacífico y del Golfo de México. En la nueva etapa también destacan Lambrucar, Ingemar, Belar Fuels e Industriales Fundentes, señaladas como propietarias de ferrotanques asegurados.
El esquema de huachicol fiscal también vincula a comercializadoras y distribuidores, quienes son responsables de llevar el combustible ilegal al consumidor final. Este sector cobró fuerza luego de la reforma energética de 2013, cuando la Comisión Reguladora de Energía (CRE) abrió el mercado a privados. Entre 2015 y 2024, fueron registradas 983 solicitudes de permisos de comercialización de hidrocarburos, aunque solamente el 40 % logró operar, lo que propició un terreno fértil para prácticas ilícitas.
En conjunto, las investigaciones quieren desarticular la compleja red de contrabando de combustibles en la República, que se sostiene en millonarios sobornos, así como estructuras empresariales que han operado durante años al amparo de la impunidad.
