“Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país”, fue el lema de campaña de Hugo Aguilar Ortiz, cuya participación en la elección judicial lo ha llevado a convertirse en el segundo indígena que presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juárez fue su primer titular en 1858), lo cual generó júbilo en la 4T. Sin embargo, desde comunidades y representaciones de pueblos originarios surgen voces preocupadas, de desencanto, rechazo y franca indignación.

Activistas, organizaciones civiles y representantes de comunidades en Morelos, Oaxaca y la Península de Yucatán expresaron que si bien Aguilar Ortiz tiene una trayectoria previa como activista ciudadano y defensor indígena, a partir de su incorporación al gobierno, primero con el entonces gobernador de Oaxaca Gabino Cué y luego con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal, legitimó desde el Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI) —junto con su titular Adelfo Regino— despojos e imposición de los megaproyectos a los que AMLO dio prioridad en su sexenio, como fueron el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.

También cuestionan que Aguilar haya participado en una elección judicial “que no fue más que una simulación”.

En Oaxaca, de donde Hugo Aguilar es originario, el activista mixe Joaquín Galván sostiene en entrevista con Proceso que si bien es cierto que el abogado mixteco es brillante, “la mayor parte de su vida ha operado para el Estado, sobre todo en la imposición de los megaproyectos, como el Corredor Interoceánico”.

Esta postura fue secundada por Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quien señaló a Hugo Aguilar por “burocratizar el despojo” con consultas fast track que nunca fueron libres, previas e informadas, sino que “se impusieron con el consentimiento forzado de las autoridades”.

Mientras que Miguel Ángel Aguirre, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, afirma que Hugo Aguilar tiene una deuda moral y política con las comunidades indígenas y la biorregión de los Chimalapas y que ahora, con el cargo que va a ocupar, tendría que hacer cumplir la sentencia que se ganó en noviembre de 2021 en todos sus términos para devolver al pueblo zoque territorios de esta reserva, en disputa con comunidades de Chiapas.

Del propio Joaquín Galván se viralizaron varios mensajes en la red X, en los cuales hace un señalamiento directo contra Aguilar: “@quinomixe Cuando mi compañera Sandra Domínguez denunció a funcionarios del INPI por su participación en chats de acoso sexual contra mujeres indígenas, el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar, envió a uno de sus abogados a ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio.

“Esta situación se hizo a través del abogado miembro del equipo Cristian Mahatma. Mi amiga Sandra me lo reportó inmediatamente, les dijo que no quería más que la destitución de Rolando Vázquez Pérez, jefe de plazas del INPI”, dicen las publicaciones del activista.

Como activista, Hugo Aguilar defendió los derechos de las comunidades indígenas en la organización Servicios del Pueblo Mixe y participó en la elaboración de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Oaxaca, publicada en 1996, que a la fecha reconoce que de los 570 municipios que conforman la entidad, 417 se rigen por los sistemas normativos indígenas y 153 por el régimen de partidos políticos.

“Como abogado soy fan de Hugo; él es una persona brillantísima, por eso ha logrado escalar en los movimientos indígenas del sureste y con esa formación dentro del activismo indígena construyó un nombre y una carrera”, afirma el defensor mixe Joaquín Galván.

En sus inicios “nos vimos representados en Adelfo Regino y Hugo. Esa dualidad Hugo-Adelfo está en todo el camino que han hecho con las comunidades indígenas, pero la segunda etapa de su vida, con la llegada de Gabino Cué, genera esa ruptura con la base social de los noventa y el movimiento zapatista”, recuerda.

Esta ruptura, dice, comenzó cuando entró como funcionario y operó apoyando los intereses del Estado y confrontando a los movimientos indígenas. De cierto perfil bajo, de manejo moderado dentro de las estructuras del Estado, ya con Andrés Manuel López Obrador finalmente se proyectó como subdirector del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

“Aquí es el punto medular, porque estuvo en dos momentos clave de las estrategias o políticas de la 4T imponiendo megaproyectos y consultas a modo. En este caso, Hugo fue el cerebro de las consultas del Tren Maya y del Interoceánico, que estuvieron marcadas por las denuncias de despojos violentos y Hugo sólo estaba sirviendo para legitimar el proceso de despojo para pueblos indígenas a través del INPI, más allá que de las mismas comunidades”, sostiene Galván.

Galván menciona que después de que la activista Sandra Domínguez exhibió el chat de funcionarios Sierra XXX que mostraba a mujeres indígenas, la llamaron “desde el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar”, para entregarle un cheque en blanco como un tipo de reparación, que ella rechazó. Finalmente, el organismo optó por destituir a Rolando Vásquez Pérez, jefe de plazas.

“Y sí, los proyectos neoliberales de despojo como el Tren Maya y el Interoceánico no se explican sin la legitimación neoliberal del INPI a cargo de Adelfo Regino y Hugo Aguilar Ortiz, a través de consultas cuestionables. Por ellas hay defensores de la tierra detenidxs federalmente (sic)”, señala Galván.

“Ahora el nuevo Benito Juárez no nos debe insultar la inteligencia. Es brillante abogado, con momentos, y no por ser indígena y romantizar a Benito va a actuar, así porque Hugo lleva años representando a los intereses del Estado mexicano. Esperemos que por primera vez logre actuar por sí mismo y a tener autonomía”, ironiza, aludiendo a su colaboración de años con el director del INPI Adelfo Regino.

Mario Quintero, de la APIIDTT, recuerda que “el papel que jugó Hugo lo conocemos por el caso de Mareña Renovable (empresa eólica que pretendió instalarse en la Barra de Santa Teresa, en el Istmo de Tehuantepec). Ayudó a interponer recursos legales, pero fue una sorpresa cuando engrosa al INPI y realiza una serie de consultas fast track, sí vimos rostros de disgusto al burocratizar el despojo”.

Las consultas, dice, “nunca fueron libres ni informadas, sólo buscaban el consentimiento forzado de autoridades y acarreados por el poder en turno”.

¿Será imparcial?

Quintero calificó de cuestionables las elecciones del Poder Judicial celebradas el domingo 1 de junio último. Se dijo preocupado, pues “ahora no sabemos de qué lado va a ponerse Hugo, porque a nosotros ya nos demostró que está del lado oficialista de los megaproyectos, y en ese papel que va asumir ¿va a ser imparcial de los casos de despojo”, se pregunta.

Considera que sí es un logro que haya en la Suprema Corte personas indígenas, pero “no quiere decir que por ser indígenas o defensores vayan a mantener sus convicciones y los ideales”, aclara.

Para Quintero, la intervención de Hugo Aguilar en las consultas para los megaproyectos a través del INPI “fue un golpe político, porque lo considerábamos un aliado, pero fue muy evidente el cambio de personalidad y trato a las comunidades, y sobre todo a los que éramos cercanos”. Ahora, dice, el tiempo dirá si va a ser imparcial “o va a seguir dando favoritismos al gobierno federal, o peor aún, a empresas privadas y la narcopolítica vigente en el país. No es lo mismo tener cargos menores que estar en puestos de tomas de decisiones”, finaliza.

Por su parte, Miguel Ángel Aguirre dice esperar que como ministro y como próximo presidente de la Suprema Corte Hugo Aguilar cumpla la sentencia que lo puede reivindicar con los pueblos zoques de los Chimalapas, por la disputa de 160 mil hectáreas. “Tiene esa deuda moral e histórica”, pues, dice, no se ha cumplido ni una cuarta parte de lo resuelto en dicha sentencia.

Recuerda que Aguilar hizo una controversia constitucional en 2012 por este conflicto “y él fundamentó muy bien, pero para defender el hueso y por presiones de su compadre Adelfo Regino (ambos) dejaron que los hermanos Víctor Hugo Alejo y Ángel Alejo no hicieran nada” para perder el territorio de los Chimalapas.

Tren Maya y la simulación desde el INPI

“Yo no quiero decir que vamos a tener esperanza porque fue lo que mucha gente, defensores y activistas, apostaron con López Obrador, y él es la misma gente de López Obrador. (Hugo Aguilar Ortiz) es indígena, pero en realidad no representa los pueblos indígenas, está representando a un partido político (Morena), no al pueblo. No nos representa, no nos sentimos representados con él”, expone en entrevista Sara López González, fundadora del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), con sede en Campeche.

El CRIPX se sumó al menos a tres amparos con la esperanza de detener el avance del Tren Maya, megaproyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de las comunidades indígenas que se articularon para frenar la obra y en reiteradas ocasiones se pronunciaron en contra de las consultas indígenas, que fueron organizadas desde el área del INPI a cargo del ministro electo.

En Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, está el Centro Comunitario U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on, cuyos integrantes también promovieron los amparos contra el megaproyecto en sus territorios.

Wilma Esquivel, integrante de esta organización, asevera que la consulta indígena no fue un acto de libre determinación. Se trató de un ejercicio de promoción y para legitimar el Tren Maya.

“Nos trataban (Fonatur y el INPI) como si no tuviéramos capacidad de pensar y analizar, como si nos tuvieran que decir qué hacer. Si alguien que tiene un puesto de poder fue parte de esta consulta es de preocupación, porque no podemos confiar en las decisiones que tome y ejerza ese puesto”, dice, refiriéndose a la elección de Hugo Aguilar.

A las opiniones de Sara y Wilma se suma la de Ana, una defensora de la tierra y territorio de la Península de Yucatán, quien refirió que el gobierno de la 4T está haciendo uso de la representatividad indígena para sus fines.

“La llegada de Hugo no es para cumplir con las demandas de los pueblos indígenas, no representa a las comunidades indígenas y nunca ha existido un posicionamiento sobre las violaciones por despojos de megaproyectos de la Península. Desde el Estado están haciendo uso político del ser indígena”, reclama.

El abogado Jorge Fernández Mendiburu, integrante del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, AC, quien acompañó varios de los amparos interpuestos contra el Tren Maya, remarca que es prioritario vigilar la actuación de Hugo Aguilar.

Al ser Aguilar de origen mixteco se espera que lleve a la discusión o promueva estándares de calidad para construir una justicia intercultural en el país. Sin embargo, no se debe perder de vista que podría existir un conflicto de interés con temas como el Tren Maya, dice.

“Aquí la pregunta es que si el caso del Tren Maya llegara a la Corte ¿qué pasará? Porque al final del día él fue parte del mecanismo que operó las consultas indígenas. Si el caso llega a la Corte teniendo como uno de los argumentos de violencia de los derechos del tema de la consulta, será como un tipo juez y parte”, acota.