Contraesquina Política.
Por: Fernando Martinez Plascencia.
Coatzacoalcos Ver., a 18 de marzo del 2026.

En la política de nuestro país, la congruencia suele ser sacrificada necesariamente para mantener el presupuesto, lo vimos recientemente en la Cámara de Diputados, la Reforma Electoral Constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum se estrelló contra el muro de la realidad que levantaron sus propios aliados del PT y el partido Verde.

Expertos en el arte de la supervivencia parasitaria, decidieron que su lealtad tiene un límite; sus propios bolsillos.

​Ante el fracaso del Plan A, ha emergido un “Plan B” que no es más que una vendetta administrativa disfrazada de ahorro, donde la austeridad se aplica con rigor en lo ajeno, mientras se protege con celo lo propio.


​Resulta sumamente conveniente que al no poder tocar la estructura central del INE o reducir las plurinominales federales, donde los líderes de la “4T” y sus aliados tienen sus cotos de poder, la mirada se desvíe hacia los estados y municipios.

​El Plan B impone un tope de gastos draconianos a los congresos locales y a los ayuntamientos y sus regidores de todo el país, no es un ejercicio de eficiencia, es un atentado al federalismo, al asfixiar presupuestalmente a los ayuntamientos, se debilita el primer contacto del ciudadano con el Poder.

Es más fácil eliminar a un regidor de un municipio, bajarle el salario, que tocar el financiamiento público de las cúpulas nacionales del Verde o el PT.

​La bandera de esta ofensiva es la supuesta recuperación de 4 mil millones de pesos que, según el discurso oficial, se canalizarán a las “necesidades de la gente”, se vende la idea de que la democracia local es un lujo innecesario, mientras se ignora que esos 4 mmdp son una gota en el océano comparado con lo que cuesta mantener las estructuras nacionales de partidos que no representan a nadie más que a sus voraces dirigentes.

​Es la narrativa del “ahorro” utilizada como arma de demolición, se quita presupuesto para engrosar partidas opacas de gasto social que, curiosamente, suelen tener réditos electorales directos para el Partido en el Poder.

​La hipocresía es el eje rector, los dirigentes nacionales de los partidos aliados han operado para que el recorte no les salpique ni un ápice en sus prerrogativas, el plan B se convierte así en una herramienta de control político que busca debilitar las bases territoriales de cualquier oposición, mientras la élite oficialista se mantiene blindada en la capital, intocable y opulenta.

​Se vende la narrativa de “quitar privilegios”, pero el fondo es otro: centralizar el mando, un ayuntamiento con menos voces y menos recursos para operar es un ayuntamiento más fácil de someter a la voluntad del Ejecutivo, al reducir estos espacios, no están salvando la economía nacional; están limitando la pluralidad, la crítica sería un lujo.

​Estamos ante una reforma que nace de la derrota y se nutre del resentimiento, no busca mejorar la democracia, busca castigar a quienes no se alinean y, sobre todo, proteger a los “dueños” de las franquicias partidistas que hoy fungen como satélites del Poder, porque si la Austeridad fuera real, se empezaría por las lujosas oficinas de los parásitos dirigentes que hoy negocian su supervivencia a cambio de decapitar la representación local.