El pasado 20 de enero crucé las puertas del edificio sede de la Secretaría de Marina, en Coyoacán, Ciudad de México, para reunirme con su titular, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, a petición suya. La cita, en principio protocolaria, se tornó incómoda cuando le pregunté directamente sobre los contratos irregulares adjudicados tanto en la gestión de su antecesor como en la suya, mismos que documentó EL CEO en una investigación publicada pocos días después del encuentro. La primera reacción del secretario fue de sorpresa: abrió los ojos, se inclinó hacia adelante y me preguntó con asombro cómo mi equipo había obtenido esos detalles, pues —me dijo— los contratos estaban resguardados por considerarse de “seguridad nacional”. Lo que el almirante secretario buscaba era la confirmación de sus sospechas sobre que las filtraciones vinieron de la propia Marina. No lo consiguió.

Al final, la institución respondió de forma superficial, aceptando que se trató de adjudicaciones directas, pero sin explicar por qué empresas fantasma ligadas a jóvenes estudiantes y despachos improvisados terminaron con contratos millonarios. Morales, más que aclarar, parecía empeñado en mantener la opacidad o en encubrir a su antecesor. Y los escándalos terminaron por explotarle en las manos.

La investigación reveló que compañías como Below The Line Prodigy y LP Beneficios Corporativos México recibieron contratos millonarios para suministrar despensas y comida en emergencias, pese a que carecen de trayectoria, capital sólido o experiencia en el ramo. La primera, creada apenas en mayo de 2024, obtuvo en octubre dos adjudicaciones directas por 152.14 millones de pesos para despensas y agua; la segunda, un contrato por 25.2 millones de pesos para alimentos preparados. Otros proveedores, como Rubic Roje, recibieron 95.82 millones, e Inteligencia Comercial Uster acumuló más de 65 millones en contratos para huracanes y hasta herramientas, sumando en total 478 millones de pesos entregados entre 2019 y 2024 a siete empresas “misteriosas”.

Hoy la institución naval atraviesa la peor crisis de imagen en décadas. La Secretaría de Marina Armada de México, que durante años encarnó disciplina y honor, enfrenta un escrutinio inédito. En los últimos meses, nombres y operaciones antes asociadas al combate al crimen organizado han quedado ligados a tramas de corrupción, tráfico de hidrocarburos y hasta asesinatos de testigos clave. El epicentro tiene entre sus protagonistas a los hermanos Farías, sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda; el vicealmirante Manuel Roberto y el contralmirante Fernando, señalados por la FGR de encabezar una red que permitió el desembarque de por lo menos 31 buques cargados con huachicol fiscal en Altamira y Tampico. A esta lista se suma el vicealmirante Salvador Camargo Vivero, exdirector de la Asipona en Tampico, acusado de permitir la descarga de 20 buques de huachicol entre 2024 y 2025. Estos episodios, si bien iniciaron en gestiones previas, estallaron bajo la administración de Raymundo Morales y amplifican la tormenta que hoy enfrenta la Marina.

La Fiscalía documentó que entre 2023 y 2025 se construyó un sistema de extorsión y contrabando de combustible con complicidad de funcionarios aduaneros y oficiales navales. La imagen de marinos incólumes se tambalea con cada investigación judicial y filtración de los expedientes de la FGR.

En paralelo, la Marina ha expandido su poder como nunca antes. Desde marzo de 2025, con la llegada del almirante Juan José Padilla Olmos, tomó control directo no solo del AICM, sino también de los organismos Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y el Servicio Aeroportuario de la Ciudad de México y con ello la coordinación de terminales como Ciudad del Carmen, Campeche; Obregón y Guaymas, en Sonora; Matamoros, Tamaulipas; Loreto, Baja California Sur; y Colima. Durante este mes, la institución también operará el aeropuerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Además, la Semar administra las principales aduanas marítimas del país, desde Manzanillo hasta Veracruz, y puertos estratégicos como Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas y Altamira. Eso significa que oficiales navales tienen bajo su mando la vigilancia, la recaudación aduanera, el suministro de combustibles en aeropuertos, la administración de la TUA y la adjudicación de contratos de obra y servicios, todos blindados bajo el paraguas de la “seguridad nacional”.

La “tormenta” se agrava con episodios que rayan en lo trágico. Marinos han muerto en circunstancias poco claras, algunos vinculados a investigaciones de huachicol y otros en operativos que nunca se esclarecieron. En total, al menos siete personas —cuatro marinos y tres exfuncionarios federales— han perdido la vida en el contexto de este escándalo. Incluso episodios como el choque del buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York, con saldo de dos vidas perdidas, quedaron bajo el manto de una explicación técnica que dejó más dudas que certezas.

El país necesita a una Marina fuerte, confiable, pero también sujeta a controles civiles. Si los contratos millonarios y las operaciones portuarias se blindan bajo decretos de seguridad nacional, el resultado será más sospecha y menos legitimidad. La justicia aún deberá probar las acusaciones, pero la narrativa pública ya cambió: de ser sinónimo de honor, la Marina se ha convertido en sinónimo de dudas.

Posdata 1

En su paso por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), Raymundo Pedro Morales Ángeles tampoco salió ileso de los señalamientos. Bajo su gestión se adjudicaron licitaciones multimillonarias a consorcios poco conocidos y a la constructora favorita de la 4T: Mota-Engil, encabezada en México por José Miguel Bejos, empresario cercano a Enrique Peña Nieto que supo llevar sus intereses a buen puerto con AMLO y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. A esas adjudicaciones se sumaron críticas por consultas indígenas deficientes, con denuncias de firmas falsificadas y procesos exprés que dejaron inconformes a comunidades enteras. La reserva de información bajo el argumento de seguridad nacional abonó a la percepción de opacidad.

Hoy, al frente de la Marina, Morales carga con un reto mayor: el huachicol fiscal, las muertes de marinos en circunstancias extrañas y la sombra de contratos irregulares. Su reputación aún no está tan manchada como la de su antecesor, Rafael Ojeda, pero justamente por eso el reto es mayor. Está obligado a mejorar la cara de una institución en franca crisis y a demostrar que la Marina puede recuperar legitimidad con transparencia y resultados.

Posdata 2

El arranque de esta semana patriótica trajo consigo un regalo para los mercados. El peso mexicano volvió a lucirse frente al dólar. La divisa nacional cerró en 18.36 unidades por billete verde, su mejor nivel desde julio de 2024, con una apreciación de casi 0.5% en la jornada. La fortaleza del peso combina el apetito de los inversionistas por activos emergentes con la expectativa de que la Reserva Federal baje en unos días la tasa de referencia en 25 puntos base, lo que enfría al dólar y le da impulso a nuestra moneda.

La fiesta se extendió a la Bolsa Mexicana de Valores, que hiló tres máximos históricos consecutivos y cerró en 62,102.13 puntos. En paralelo, Wall Street también se vistió de verde, blanco y rojo con el S&P 500 y el Nasdaq marcando nuevos récords, mientras el Dow Jones se mantuvo con ligeras ganancias.

Es un septiembre atípico. El ánimo bursátil acompaña los festejos patrios y deja a México en un escenario en el que el tipo de cambio y la bolsa se colocan como símbolos de fortaleza, justo cuando el país mira hacia Estados Unidos en medio de los aranceles de Trump, la próxima renegociación del TMEC, las redadas contra migrantes y la presión para endurecer la política de seguridad de México.

Posdata 3

En un país donde la ética pública también se mide en lo privado, la historia de Armando Soto Díaz incomoda al PRI. El actual subsecretario de Operación Política del CEN ha sido exhibido en redes sociales como presunto deudor alimentario. De acuerdo con distintas publicaciones, una jueza habría ordenado su inscripción en el padrón correspondiente y, tras ello, él habría intentado presionar a la madre de sus hijas para desalojarla de un local comercial. En ese contexto se le ha señalado como “violentador vicario”, un término que expone la dimensión de género en este tipo de disputas.

No es la primera vez que Soto Díaz aparece en el centro de la polémica. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando fue delegado federal de la Sedesol, se le acusó de “jineteo” de recursos en estancias infantiles, de minimizar incidentes en la entrega de televisores y de mostrarse prepotente en las negociaciones con el magisterio. Siempre lo ha negado, pero el historial lo persigue.

Hoy, los cuestionamientos a su vida privada dejan de ser un asunto personal y se convierten en un dilema ético para el partido que lo respalda. La pregunta es si el PRI está dispuesto a cargar con los costos políticos de un operador con cuentas pendientes.