Me imagino que Ricardo Salinas Pliego no debe estar nada contento. Como se ha informado en la prensa, Lenia Batres Guadarrama seguirá siendo la ministra encargada de analizar y proponer al resto de la Suprema Corte (SCJN) un proyecto sobre un supuesto adeudo fiscal de 60 millones de pesos por parte de Salinas Pliego.

Sí, la misma Lenia Batres. La que antes de llegar a la Corte llamó públicamente “MISERABLE” a Salinas Pliego y lo acusó de ser parte de las “nuevas formas de golpismo”. La que pidió retirarle la concesión de TV Azteca. La que exigió, sin dar un solo argumento, que Salias Pliego pagara “los impuestos que debe al país”. La que, en la anterior integración de la Corte, estuvo impedida para conocer asuntos relacionados con él por “enemistad manifiesta”.

El episodio no es menor ni se limita al caso Salinas Pliego. Es una clara muestra de cómo las primeras decisiones de la “nueva” Corte profundizan la desconfianza que ya generaba su origen. Sabemos que varios de sus integrantes —incluida Batres— tienen ligas directas con el oficialismo, al grado de haber sido militantes partidistas. Sabemos que todas y todos llegaron gracias a la ilegal movilización detrás de los “acordeones”. Sabemos, en suma, que su nombramiento ya despertaba dudas fundadas; lo grave es que sus primeras actuaciones las multiplican.

La gran pregunta es evidente: ¿por qué el análisis inicial del caso recae en Batres y no en otro ministro? La respuesta está en el primer gran acuerdo formal de la nueva Corte: el acuerdo general 1/2025 (12a.), mediante el cual fijaron las reglas para la “recepción, registro y turno de los asuntos”.

Ese acuerdo, de entrada, genera inquietud. A las tres ministras que repiten —Batres, Esquivel y Ortiz— se les permite quedarse con los asuntos que ya tenían asignados en la integración anterior. El argumento oficial es aprovechar su “conocimiento y estudio previo”. La regla parecería sensata, si no fuera porque, al menos en el caso de Batres, todo parece indicar que decidió “guardarse” casos para resolverlos ahora, cuando quizá ya tenga los votos necesarios en esta nueva integración.

Peor aún: las reglas no son uniformes ni para los nuevos integrantes. A la ministra María Estela Ríos se le asignaron los asuntos pendientes de Jorge Mario Pardo Rebolledo; al ministro Giovanni Azael Figueroa, los de Juan Luis González Alcántara. Pero los otros cuatro ministros no heredarán asuntos de nadie: se les turnarán de manera “automatizada”, según el orden de llegada y el número de votos obtenidos.

En resumen: la nueva Corte diseñó reglas de chile, de dulce y de manteca. Una fórmula para tres, otra para dos, y una distinta para cuatro.

Alguien podría pensar que lo anterior es un detalle o un tecnicismo irrelevante. No lo es. Piénsese cómo debe estar Salinas Pliego con la noticia de que Batres seguirá siendo la ponente de su caso. Y es que, como se ha mostrado en diversos trabajos, quien elabora el proyecto “trae mano” y puede inclinar el desenlace de los asuntos.

Repito: esto no es solo un pleito personal entre Lenia Batres y Salinas Pliego. Lo que está en juego es un principio elemental de justicia: que toda persona —él incluido— tiene derecho a un juez imparcial. Que lo condenen si debe impuestos, que lo protejan si ha sido víctima de un abuso. Pero que lo juzgue un tribunal independiente. Eso es lo mínimo que deberíamos exigir. Y justo eso es lo que la reforma judicial ha puesto en riesgo.

Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.