El exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa se encuentra a la espera de una fecha determinante en su situación legal: el próximo 14 de abril de 2026, día en que se cumple formalmente su condena de nueve años de prisión por asociación delictuosa, y ante un juez deberá definirse si su estancia en la cárcel continúa o si queda en libertad.

Según autoridades judiciales, ese día marca el término oficial de la pena impuesta a Duarte, quien desde abril de 2017 ha estado recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Sin embargo, su salida no está garantizada, ya que el exfuncionario enfrentará otro proceso penal por el presunto delito de peculado relacionado con un desvío de aproximadamente 5 millones de pesos, por lo que podría permanecer tras las rejas.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, una persona sentenciada queda en libertad al haber cumplido su tiempo de prisión, salvo que exista otra orden de aprehensión, medida cautelar o proceso pendiente. En el caso de Duarte, aunque cumplirá su sentencia en esa fecha, la nueva acusación podría obstaculizar su liberación inmediata si un juez decide procesarlo y dictar medidas como prisión preventiva.

Este nuevo proceso se deriva de una acusación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto desvío de recursos públicos que estaban destinados a distintos programas; el juez aún debe analizar si vincula o no a proceso al exgobernador, lo que podría prolongar su estancia en prisión más allá de abril.

La posibilidad de que Duarte enfrente cargos adicionales sigue siendo un factor clave en su situación jurídica, pues de ser vinculado formalmente por peculado, las autoridades tendrían un argumento legal para mantenerlo internado mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

El caso de Javier Duarte ha sido uno de los más seguidos en el panorama político y judicial del país, no solo por la duración de su proceso, sino por los múltiples señalamientos de corrupción y malversación de fondos públicos que surgieron durante y después de su mandato como gobernador de Veracruz.

En los próximos meses, la atención se centrará en la audiencia del 14 de abril, que podría marcar un punto de inflexión en la historia judicial del exmandatario, aunque su libertad dependerá de las decisiones que tomen los jueces en torno a los cargos que enfrenta actualmente.