Ambientalistas denunciaron que, sin llamarlo por su nombre, el nuevo Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos (Pemex) contempla el uso de fracking para la extracción de gas, traicionando el compromiso por la protección del agua y el ambiente promovido por la 4T.


Desde hace varios años, los activistas han emprendido una lucha contra el fracking debido a los daños ambientales que ha causado en la zona norte de Veracruz, sobre todo en el municipio de Papantla.


Indicaron que las metas que propone Pemex para la extracción de gas fósil desencadena impactos irreversibles al medio ambiente, al agua, el clima y a la salud de la población, lo que se traduce a una incalculable deuda con futuras generaciones.


Los integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking señalaron que, a pesar de la clara postura anti fracking de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), retomada por su sucesora, Claudia Sheinbaum.


¿Qué es el fracking?


El fracking, también conocido como fracturación hidráulica, es una técnica usada para la extracción de petróleo y gas natural de formaciones rocosas subterráneas, sobre todo de yacimientos no convencionales donde los hidrocarburos están atrapados en rocas de baja permeabilidad.


La técnica se trata de inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y productos químicos en el subsuelo para fracturar la roca y permitir que los hidrocarburos fluyan hacia la superficie.


Así pues, la gran controversia del fracking recae en la contaminación del agua subterránea, las emisiones de gases de efecto invernadero y los posibles sismos inducidos.


Debido a esto, Pemex no utilizaría agua dulce, sino que considerará el uso de agua residual tratada, agua congénita producida por campos petroleros en etapas avanzadas de explotación, así como el agua de mar tratada. En el proyecto expone que toda esa agua se recuperaría en “casi el 100 %”.


Con el fracking se va a crear una nueva región petrolera en el país que se extiende desde el norte de Tamaulipas hasta el norte de Veracruz.


Dicha estrategia incluye tener acuerdos con la iniciativa privada para volver a la producción en aguas profundas, alcanzando a tirantes de agua que van desde los 200 hasta los mil metros de profundidad.