Trabajadores afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), empleados por contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), hicieron una protesta frente a la Refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, localizada en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. La manifestación fue motivada por la falta de pago de contratos de obra y servicios, ya que según los quejosos, permanecen sin pagar desde hace más de un año.


Los trabajadores indicaron que la falta de liquidación por parte de Pemex ha causado un efecto dominó que impacta de manera directa sus ingresos. Las empresas contratistas, al no recibir el pago correspondiente, han retrasado o suspendido el pago de salarios y otras prestaciones, afectando de manera importante la economía familiar de los obreros.


Los manifestantes acusaron que han solicitado numerosas veces audiencias y mesas de diálogo con las autoridades responsables, pero hasta el momento no han recibido una respuesta clara. En este contexto, exigieron un calendario concreto de pagos y alertaron que mantendrán sus movilizaciones hasta ser escuchados.


La refinería Antonio Dovalí Jaime, una de las más importantes del país y estratégica para el sureste mexicano, concentra buena parte de la actividad petrolera en Oaxaca. La continuidad de sus operaciones es importante para los proyectos de refinación de Pemex, sobre todo en el contexto del plan gubernamental de autosuficiencia energética.


Los empleados advirtieron que este incumplimiento no solo vulnera derechos laborales adquiridos, sino que también pone en peligro los proyectos de modernización y expansión energética impulsados por el Gobierno Federal. Afirman que el descontento en el sector contratado es creciente, y que la ausencia de liquidación podría escalar en conflictos que afecten el ritmo de operación de la planta.


El caso refleja una problemática más extensa en lo que respecta a la relación entre Pemex y sus contratistas, sobre todo en cuanto al cumplimiento de obligaciones contractuales. En un momento en que la administración federal ha reiterado su compromiso con el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado, así como el desarrollo regional, estas situaciones contradicen el discurso oficial de bienestar y justicia laboral.