La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la empresa Lax Constructora, S.A. de C.V. por presentar información falsa en licitaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La sanción fue publicada el 6 de febrero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La empresa recibió una multa de 189 170 pesos y una inhabilitación de cuatro meses para contratar con el gobierno federal.
Qué hizo la empresa para ser sancionada
Lax Constructora participó en dos licitaciones públicas electrónicas para dar mantenimiento a instalaciones arquitectónicas del AIFA.
Durante esos procesos, la empresa presentó un certificado falso para acreditar el cumplimiento de la norma NMX-R-025-SCFI-2025 sobre igualdad laboral y no discriminación.
Presentar documentos apócrifos en licitaciones públicas es considerado una falta grave y permite imponer sanciones administrativas.
Qué implica la inhabilitación de cuatro meses
La sanción de cuatro meses sin poder contratar con el gobierno federal significa que:
- No podrá participar en licitaciones públicas federales.
- No podrá celebrar contratos de obra o servicios con dependencias del gobierno.
- Tampoco podrá hacerlo a través de empresas vinculadas mientras dure la inhabilitación.
Además, la empresa fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, que consulta el gobierno antes de adjudicar contratos.
Cómo se detectó la irregularidad
El Órgano Interno de Control del AIFA revisó los documentos presentados por Lax Constructora y detectó el certificado falso de cumplimiento normativo.
Ese certificado debía demostrar que la empresa cumplía con requisitos legales para competir por el contrato, pero resultó ser apócrifo.
Presentar evidencia falsa afecta la transparencia y la legalidad de los procedimientos de contratación.
Qué derechos tiene la empresa sancionada
La Secretaría Anticorrupción informó que Lax Constructora puede impugnar la sanción si lo considera necesario.
La empresa puede acudir a instancias administrativas o judiciales para cuestionar la multa o la inhabilitación, pero la dependencia dijo que actuó “con apego a derecho y en protección del interés público”.
