Este próximo 11 de marzo entrará en vigor una nueva prórroga de la concesión que el Estado mexicano otorgó desde 1990 a la empresa Teléfonos de México a Carlos Slim Helú, la cual se extenderá hasta el 2056, el plazo suficiente para que Grupo Carso intente recuperar las pérdidas por 500 millones de dólares anuales que registra una telefónica que, en palabras de su propietario, ha dejado de ser un negocio.

La nueva extensión del título de concesión para el magnate se concretó con el ahora desaparecido IFT hace exactamente 10 años, todavía dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que los términos que se negociaron no contemplan todavía los cambios de política y prioridades que representa la llegada al poder de la Cuarta Transformación; tampoco las alianzas y enfrentamientos que por separado amarraron los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Por tanto, en Palacio Nacional se evalúa la posibilidad de hacer una revisión adicional de la prórroga y ajustarla a los nuevos objetivos de la política de telecomunicaciones. En días pasados, la presidenta Sheinbaum recibió una carta de la Alianza Nacional Telefonista (ANT), integrada por trabajadores sindicalizados de Telmex, en la que le “invitan” a aprovechar esta oportunidad para optimizar la calidad, cobertura y accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones, especialmente en comunidades rurales y marginadas.

De paso, el organismo que lidera Miguel Sebastián solicita que se garanticen también en esa revisión los derechos de los más de 50 mil trabajadores con que cuenta esta empresa que fue propiedad del gobierno; esto porque el tema de los contratos laborales se negoció con el líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, quien con más de 50 años en el cargo ha perdido legitimidad como representante del gremio.

El punto de mayor interés de la carta que recibió la presidenta es la denuncia que se hace sobre la falta de inversión real en desarrollo tecnológico y el uso eficiente de la infraestructura de telecomunicaciones del país. Los telefonistas insisten a Sheinbaum en la importancia de mantener un equilibrio entre la rentabilidad empresarial y la responsabilidad social, justo como destacan los principios del proyecto de la autollamada Cuarta Transformación.

El momento también se presta para que Grupo Carso se cuestione si pretende continuar con las curvas descendentes de las operaciones y participación de mercado de Telmex, cada vez más abajo del 40%, y si la nueva generación de directivos de Grupo Carso —es decir la nueva generación de la familia Slim— está dispuesta a esperar a que sus ingresos, como auguró Slim Helú, regresen a números negros hasta el 2040.

El dilema es que los negocios que son rentables para el consorcio, en el sector financiero con Inbursa, de construcción con CICSA y petrolero con GSM-Bronco, dependen también en un alto porcentaje de la intervención del gobierno. De ahí los 61 mil millones de pesos que recibió de contratos en el sexenio de López Obrador y los casi 30 millones que suma en el de la presidenta Claudia Sheinbaum. Unas 50 mil familias mexicanas dependen de Telmex y, tanto el gobierno como el ingeniero Slim, ya se lo dejó muy claro a sus hijos y herederos.

Posdata 1

Por cierto que hablando de los negocios de Slim, en servicios móviles su empresa América Móvil podría enfrentar una dura competencia contra el Grupo Televisa, si el corporativo que co-presiden Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia adquiere a AT&T.

La eventual compra de las operaciones a AT&T daría origen al segundo operador de telecomunicaciones más grande de México, con hasta 44 millones de accesos combinados entre fijos y móviles. Un tamaño que, de concretarse, reconfiguraría de inmediato el mapa competitivo dominado por América Móvil, cuyo control de mercado se ha mantenido por más de dos décadas. La nueva entidad, al combinar la red de fibra, espectro y base instalada de Izzi con la cartera móvil de AT&T, emergería como la primera alternativa real de convergencia fija-móvil frente al dominio de Telcel y Telmex en servicios integrados.

Ese potencial competitivo ya se reflejó en los mercados financieros. El 9 de diciembre, día en que se confirmó que Televisa analizaba la operación, la acción cerró alrededor de 10.19 pesos en la BMV. Para el 30 de enero, los títulos cotizaban cerca de 11.45 pesos. El rendimiento acumulado es superior al 12% en siete semanas. Traducido a valor de mercado, ese incremento representa más de 3 mil millones de pesos adicionales en capitalización bursátil para la televisora, en un periodo donde el mercado accionario mexicano se mantuvo volátil y sin catalizadores claros en otros emisores del sector.

La absorción de AT&T México aportaría espectro, clientes pospago de mayor valor y, sobre todo, la posibilidad de empaquetar servicios convergentes a escala nacional. La operación pasará por la revisión de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Posdata 2

La renuncia de Adán Augusto López a la coordinación de la bancada de Morena en el Senado —que este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum se apresuró a caracterizar como una “decisión personal”— marca el cierre de una etapa en la operación política de la 4T y eleva el telón para una redistribución más profunda del capital político morenista de cara a 2027.

Tras meses de presiones, investigaciones y enfrentamientos, Adán Augusto cedió a la “invitación” para concentrarse en la organización territorial del partido, un terreno que, por razones de padrón electoral y densidad demográfica, será decisivo en la carrera intermedia.

En ese repliegue táctico, y más allá de la narrativa oficial que esquiva por ahora la idea de un destino diplomático, su transición hacia la Cuarta Circunscripción Electoral Federal, con cabecera en Ciudad de México y compuesta por CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, representa más que una asignación geográfica: es una apuesta por controlar un bloque electoral estratégico para la representación proporcional en la Cámara de Diputados y para consolidar mayorías cualificadas en 2027.

En tanto, quien le asegura continuidad y protección desde su escaño del Senado es Óscar Palomera, tabasqueño de estrecha lealtad y colaborador de largo aliento de Adán Augusto desde administraciones estatales anteriores. Palomera, quien fungió como su secretario particular y más tarde como su suplente en la lista plurinominal de Morena, se posiciona como elemento clave en este entramado legislativo.

Posdata 3

Ya se instaló el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que es cuestión de horas para que llegue la propuesta de Ley de Rentas Justas y Asequibles que pretende implementar el gobierno de Clara Brugada. El documento, redactado desde la Secretaría de Vivienda, a cargo de Inti Muñoz, ha generado polémica en la capital del país, por el golpe que representa poner precios máximos al sector inmobiliario, que genera casi 100 mil millones de pesos anuales. El otro problema de la iniciativa es que, de cara al Mundial de Fútbol, se pretende limitar la capacidad de hospedaje para unos 5 millones de turistas que el gobierno estima arriben a la capital del país.

No se sabe aún si el texto final que llegará al Congreso capitalino tiene las adecuaciones que se sugirieron desde Palacio Nacional en diciembre pasado, donde si bien se urgió a garantizar vivienda digna para los habitantes de la ciudad, también se instó a garantizar los derechos de los ciudadanos y a colaborar con la iniciativa privada.

Antes de que siquiera sea votada, hay ya un centenar de amparos interpuestos contra las medidas restrictivas que se presumen en la Ley, pues presuntamente quedarían vulneradas las garantías establecidas en los Artículos 1, 5 y 27 de la Constitución mexicana.

Posdata 4

En Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri envió tres iniciativas de ley al Congreso local con el objetivo de reforzar el modelo de justicia y la seguridad en la entidad. Las propuestas buscan homologar la legislación estatal de seguridad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, endurecer el combate al delito de extorsión mediante coordinación intergubernamental y promover una reforma constitucional para garantizar un acceso a la justicia más ágil, efectivo y transparente para la ciudadanía.

Las iniciativas forman parte de lo que el Ejecutivo estatal ha denominado “Modelo Queretano de Justicia”, que aspira a posicionar a la entidad como un referente nacional en materia jurídica. Además de ajustes legales, se propone incorporar mecanismos para elegir jueces y magistrados con participación democrática, establecer sistemas de mediación y arbitraje, y profesionalizar la justicia cívica a nivel municipal, con miras a una resolución de conflictos más cercana y eficiente.

El mandatario dijo que estas reformas no sólo buscan modernizar el marco legal, sino también fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema de justicia, asegurando que los daños y pérdidas sufridos por las personas sean reparados con prontitud y sin burocracia excesiva. Con ello, Querétaro se presenta como uno de los pocos estados del país en proponer un modelo integral que articule seguridad, justicia y paz social.