La Administración Trump asestó el jueves su golpe más drástico hasta la fecha contra la universidad más rica y antigua de Estados Unidos: revocar “con efecto inmediato” la certificación que habilita a Harvard para matricular a estudiantes internacionales. La medida, comunicada en una carta firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, paraliza nuevas admisiones y ordena a los 6 mil 800 alumnos extranjeros actuales “transferirse o perderán su estatus legal”, de acuerdo con el comunicado oficial.

“Esto significa que Harvard ya no puede inscribir a estudiantes extranjeros, y los estudiantes extranjeros actuales deben transferirse o perderán su estatus legal”, subrayó el Departamento de Seguridad Nacional.

La decisión llega tras semanas de tira y afloja en las que el DHS exigía “información relevante” sobre alumnos foráneos que, según la Casa Blanca, participaron en protestas propalestinas o actividades “peligrosas”. Al no recibir los registros completos, la agencia invocó su autoridad sobre el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) para suspender la certificación. “Le escribo para informarle que, con efecto inmediato, se revoca la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de la Universidad de Harvard”, reza la carta que el Times obtuvo.

El pulso comenzó en abril, cuando Noem amenazó con la revocación si Harvard no entregaba datos sobre extranjeros supuestamente implicados en disturbios. La universidad, que ya demandó a la Administración el mes pasado por presiones para cambiar su currículo y políticas de contratación, se negó a ceder información confidencial sin orden judicial. El jueves por la noche, fuentes cercanas al Rectorado anticipaban una “segunda demanda inminente”.

Mientras la carta circulaba en redes —Noem la publicó en X—, la comunidad académica reaccionaba con estupor. “Sin sus estudiantes internacionales … Harvard ya no será Harvard”, lamentó Leo Gerden, alumno sueco de último año: “La Administración Trump nos está usando como fichas de póquer ahora mismo. Es extremadamente peligroso”.

¿Cómo golpea a Harvard la decisión?

Los extranjeros representan 27% del alumnado (frente a 19.7% en 2010) y pagan matrícula completa: 59 mil 320 dólares al año, hasta 87 mil dólares con alojamiento y comida. Esa tajada de ingresos —superior a la que aportan becados o residentes— financia becas, laboratorios y proyectos de investigación. Harvard, con una dotación de 50 mil millones de dólares, puede absorber un revés temporal, dicen analistas, pero la señal al mercado global de talento es incuestionable.

La ofensiva además coincide con el congelamiento de 2 200 millones de dólares en subvenciones federales anunciado en abril y con otro recorte de 450 millones la semana pasada. Trump amenazó incluso el estatus libre de impuestos del centro “en vista de que la institución ha venido rechazando […] las demandas de su Administración para combatir un supuesto antisemitismo en el campus”.

En su misiva, Noem acusó a la Ivy League de “fomentar la violencia, el antisemitismo y de coordinarse con el Partido Comunista Chino”. Remató:

“Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus matrículas más caras para contribuir a aumentar sus multimillonarios presupuestos”.

La Casa Blanca ya había ordenado detener o deportar a alumnos involucrados en manifestaciones propalestinas. Con la certificación anulada, cualquier extranjero con visado F-1 o J-1 patrocinado por Harvard dispone, en teoría, de 60 días para encontrar otra institución aceptada por SEVP o abandonar el país.

¿Cuál es el riesgo político y académico de la decisión?

La comunidad de Cambridge vive meses convulsos. Desde marzo, estudiantes y profesores protestan por recortes, censura académica y la respuesta institucional a la guerra en Gaza. El gobierno federal abrió paralelamente investigaciones por presuntas “violaciones de derechos civiles” y “discriminación woke” en la revista Harvard Law Review, obsesión reciente del conservadurismo.

El clima recuerda al verano de 2020, cuando la Casa Blanca de Trump (primer mandato) intentó expulsar a extranjeros matriculados en cursos virtuales; Harvard y MIT demandaron y ganaron. Pero el entorno jurídico ha cambiado: ahora el DHS invoca facultades sobre seguridad nacional y financiamiento público. Expertos en educación internacional advierten de un efecto dominó: las solicitudes de China, India y Europa podrían desviarse a Canadá, Reino Unido o Australia si la incertidumbre persiste. “El prestigio no es inmune a la geopolítica”, resume Rajika Bhandari, consultora en movilidad global.

El movimiento también alimenta la agenda electoral de Trump: castigar a instituciones “elitistas” que, dice, “adoctrinan” en ideología progresista. Hace dos semanas, el presidente celebró en Truth Social el colapso en donaciones de exalumnos indignados por la “falta de patriotismo” de la Ivy.