Los trabajadores de base del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Coatzacoalcos mantienen una serie de protestas en rechazo a la creación de un programa federal que pretende regularizar viviendas abandonadas, permitiendo que ocupantes irregulares las adquieran legalmente.

La medida fue anunciada por Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, quien explicó que la iniciativa busca regularizar aproximadamente 800 mil viviendas invadidas en todo el país, muchas de ellas ofertadas originalmente mediante créditos otorgados por el instituto.

Sin embargo, los empleados de base expresan su rechazo, argumentando que la invasión de estas viviendas es ilegal y que varias de ellas aún están bajo propiedad legítima de trabajadores que han cotizado formalmente y continúan pagando sus créditos, o bien pertenecen directamente al Infonavit.

EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES

En Coatzacoalcos, la protesta se realizó frente a las oficinas del instituto, donde los manifestantes portaron pancartas con leyendas como: “No a la regularización a los invasores, estamos en defensa de los recursos propios de las trabajadoras y trabajadores de México”, en clara defensa de los derechos y ahorros de los afiliados al sistema.

De acuerdo con datos oficiales presentados el 16 de junio durante la conferencia matutina presidida por Claudia Sheinbaum, la Secretaría del Bienestar ha censado cerca de 168 mil viviendas ocupadas irregularmente, cifra que representa un 21 % del total de viviendas identificadas para regularización.

Según organismos empresariales, el 86 % de estas viviendas están actualmente ocupadas sin autorización.

PROTESTAS A NIVEL NACIONAL

Las movilizaciones en rechazo a esta política se han replicado de forma intermitente en diversas ciudades del país, incluyendo Coatzacoalcos, donde la inconformidad persiste entre los trabajadores de base del Infonavit.

Hasta ahora, la dirección nacional del instituto no ha emitido una postura oficial respecto a las protestas locales. Sin embargo, se anticipa que el debate sobre el programa de regularización continúe en próximas semanas, en medio de la presión de distintos sectores sociales y laborales.