La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una extensa red de corrupción aduanera relacionada con el ingreso ilícito de combustibles, conocida como huachicol fiscal, presuntamente, operada desde la Marina por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. El esquema contó con la complicidad de verificadores en las aduanas marítimas de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada, quienes facilitaron la llegada de buque tanques cargados con diésel que ingresaba al país bajo la falsa clasificación de aditivos o aceites.
Según la indagatoria, estos funcionarios eran responsables de tomar muestras y validar la documentación, pero en realidad estaban alterando los resultados para encubrir el contrabando. El grupo denominado “Los Primos”, sobrinos políticos del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, diseñó un modus operandi que incluía la preparación de frascos con sustancias diferentes a las del cargamento real, lo que permitió simular legalidad.
El capitán Sergio Varela Morales, exsubdirector de de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima de Tampico, se encuentra entre los principales acusados. Testimonios señalan que recibía 50 mil pesos por cada buque que descargaba combustible de manera ilegal, dinero mandado por el capitán Miguel Ángel Solano, alias “Sol”. Entre abril de 2024 y enero de 2025, al menos 14 buquetanques arribaron a Tampico bajo este esquema.
Otros implicados son Antonio Campos Vera, primer maestre; Leonardo Macías Valdivia y verificadores como Ricaño y Anatalia J. Gutiérrez, señalados de manipular muestreos con el equipo especial denominado Géminis. Asimismo, otros presuntos relacionados son señalados Ramón Eduardo Quintana Amaya y Óscar Antonio Vergara Roble, quienes operaban en la aduana de Guaymas, donde se detectó el buque Torm Agnes con 2 millones de litros de huachicol fiscal.
De acuerdo a un testigo colaborador, identificado como “Santo” y exdirector de la aduana de Tampico, explicó que las muestras mandadas al laboratorio central de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) siempre resultaban negativas a hidrocarburos, lo que evidencia que la red también habría tenido injerencia en dicho laboratorio.
Hasta marzo de 2025 se pudo constatar que los cargamentos no eran aceites, sino combustibles derivados, lo que permitió dimensionar la magnitud del fraude. La FGR destaca que los verificadores no solo permitían el ingreso ilegal de hidrocarburos, sino que además contribuían al tráfico de drogas aprovechando sus conocimientos técnicos y logísticos.
Hoy en día, están detenidos y vinculados a proceso los verificadores Perla Elizabeth Castro Sánchez, Anatalia J. Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías, acusados de recibir sobornos para falsificar inspecciones y manipular documentos en el puerto de Tampico.
