Abogados coincidieron en que la próxima titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, debe impulsar una reestructura profunda al interior de la institución, luego de la renuncia de Verónica Hernández Giadáns.

El doctor en Derecho y expresidente de la Alianza Mexicana de Abogados en Coatzacoalcos, Marco Antonio Madrazo, afirmó que el periodo de Hernández Giadáns estuvo marcado por “indolencia, negligencia e integración deficiente de investigaciones”, lo que deterioró la procuración de justicia en Veracruz.

“La procuración de justicia en el Estado quedó por los suelos”, sentenció.

UNA GESTIÓN INDOLENTE

Madrazo Carrión recordó que durante la gestión saliente se registraron carpetas extraviadas en distintas regiones y un uso político del aparato judicial.

“Fue un trabajo indolente. Carpetas se perdieron en todo el Estado. La Fiscalía se convirtió en un instrumento para venganzas políticas. Se encarceló a personas sin elementos sólidos”, afirmó.

UN CAMBIO POSITIVO

El abogado consideró positivo el cambio impulsado por el actual gobierno estatal y la reforma que establece nombramientos por cuatro años con posibilidad de ratificación.

No obstante, insistió en que la nueva fiscalía debe tomar decisiones estructurales que garanticen autonomía técnica, sobre todo en el área pericial.

“Si un análisis no coincide con lo que el Ministerio Público quiere, no deben alterar resultados por órdenes superiores. Se necesita ética y autonomía”, subrayó.

SOLO UN CAPÍTULO

En el mismo sentido, la abogada Jazmín Meza Nájera advirtió que la salida de Hernández Giadáns no resuelve los problemas de fondo de la institución.

“La renuncia de Verónica Hernández Giadáns es sólo un capítulo, el reto real es transformar la fiscalía en una institución fuerte, técnica, autónoma y capaz de dar resultados, lo demás es seguir posponiendo la justicia que miles de familias llevan esperando”, expresó.

Meza Nájera señaló que los colectivos de búsqueda han exhibido los nulos avances en investigaciones e identificación de personas desaparecidas, lo que refleja la deuda del Estado con las víctimas.

PROFUNDA DEUDA CON LAS VÍCTIMAS

“Los colectivos de búsqueda, en particular Solecito de Veracruz, señalaron la falta de avances… su reclamo es legítimo y refleja la profunda deuda que el Estado mantiene con las víctimas”, apuntó.

Finalmente, recordó que la crisis en la procuración de justicia no comenzó en la administración saliente, sino que es resultado de un deterioro acumulado.

“La fiscalía heredó un sistema debilitado de rezago forense, falta de recursos y de una estructura que, desde hace muchísimos años, no responde al nivel de la crisis que presentamos en el Estado”, puntualizó.

Cabe recordar que Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre fungía como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, quien también solicitó licencia ante el congreso del estado para separar de su cargo y asumir la nueva responsabilidad.