La Fiscalía General de la República (FGR) informó una nueva actualización relacionada con uno de los esquemas de desvío de recursos públicos más conocidos en México.
El organismo obtuvo la reparación del daño por 62 millones 877 mil 192 pesos, tras una resolución judicial en contra de dos personas implicadas en irregularidades vinculadas al uso indebido de recursos federales. La determinación forma parte de las acciones judiciales abiertas desde hace varios años relacionadas con convenios entre entidades federales y universidades públicas.
Nueva resolución de la FGR
De acuerdo con el Comunicado FGR 814/25, emitido el 11 de diciembre de 2025, la Fiscalía acreditó la responsabilidad penal de Ricardo “M” y José “M”, quienes actuaron como servidor público y como autoridad de una universidad en el Estado de México. Ambos suscribieron un convenio con la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el que se detectaron irregularidades.
La FGR detalló que la universidad subcontrató la totalidad de los servicios pactados, pero lo hizo a un precio inferior, lo que generó un daño directo a la hacienda pública por el monto recuperado.
El Ministerio Público Federal aportó las pruebas que permitieron obtener la resolución judicial, misma que contempla sustitutivos legales siempre y cuando los sentenciados garanticen o cubran la reparación del daño al Estado.
Contexto: ¿qué fue la Estafa Maestra?
El esquema conocido como “La Estafa Maestra” salió a la luz en 2017, cuando una investigación periodística reveló cómo dependencias federales —entre ellas Sedesol y Sedatu— firmaron convenios con universidades públicas que, a su vez, subcontrataron empresas sin capacidad real para cumplir los servicios.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó irregularidades entre 2013 y 2014, con miles de millones de pesos involucrados en operaciones que no pudieron comprobarse. Desde entonces, diversos exfuncionarios y autoridades universitarias han enfrentado procesos legales.
