La delegación regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Coatzacoalcos intervino en cuatro casos de padres de familia que enfrentaron el condicionamiento de inscripción escolar a cambio de aportaciones económicas.
Tonatiuh Hernández Sarmiento, titular de la oficina, informó fue en el inicio del ciclo escolar que se atendieron las solicitudes específicas donde se pretendía restringir el acceso a la educación pública.
El delegado explicó que, tras recibir las solicitudes de intervención, se realizaron gestiones directas en los planteles señalados. Gracias a estas visitas, se logró que los estudiantes quedaran debidamente inscritos sin que los tutores tuvieran que cubrir las cuotas exigidas inicialmente por las sociedades de padres de familia.
“No procedió la condicionante de que pagaban la cuota a la sociedad de padres de familia o no entraban; a ninguna de estas personas les impusieron esa condicionante”, puntualizó Hernández Sarmiento.
El funcionario aclaró que, de haber persistido la negativa por parte de las autoridades escolares, se habría iniciado un procedimiento formal de queja por la posible afectación al derecho a la educación.
EL CONTRASTE ENTRE EL DISCURSO Y LA REALIDAD
A pesar de que el pronunciamiento oficial por parte de la gobernadora Rocío Nahle indicaba que no habría cobro de cuotas, el delegado reconoció que la realidad operativa de las escuelas obliga a la búsqueda de recursos externos para su subsistencia.
“Sabemos que obviamente muchas escuelas sí requieren o piden a través de las asociaciones de padres de familia las cuotas que indican, pues las necesitan para realizar trabajos de mantenimiento, de pintura, pagos de intendentes o adquisición de artículos”, admitió el delegado.
Hernández Sarmiento enfatizó que, aunque es “de todo sabido” que los planteles públicos dependen de estas aportaciones para su mantenimiento básico, la función de la CEDH es vigilar que estas no se vuelvan obligatorias ni limitativas para el ingreso de los menores.
Finalmente, reiteró que en los casos atendidos por su oficina se logró la exención total del pago, garantizando que el factor económico no fuera una barrera para que los alumnos pudieran iniciar sus clases en sus respectivos planteles.
