Contraesquina Política.
Por: Fernando Martinez Plascencia.
Coatzacoalcos Ver., a 28 de enero del 2026.
Todo mundo sabe que la justicia en México suele ser lenta para los poderosos, pero rápida y fulminante para el más débil, y es que, a un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico, la Fiscalía General de la República ha entregado su dictamen con una rapidez envidiable, y como siempre, el culpable es el último eslabón, en este caso, el conductor, según la “caja negra”, rebasó el límite de velocidad al pasar a 65 kilómetros por hora en una zona de 50.

Es una narrativa técnica, fría y, sobre todo, conveniente políticamente hablando, al minimizar una tragedia que pudiera ser de infraestructura y de diseño,-dicho por expertos antes de su inauguración-a un simple “exceso de velocidad”, con esto, la FGR no solo detiene a un trabajador, sino también frena en seco a cualquier otra investigación que se atreva a mirar hacia arriba, allá donde se negocian y se firman los contratos entre amigos.
Resulta insultante para la inteligencia pública que el peritaje oficial ignore las advertencias que precedieron al accidente, aquella frase lapidaria de “ya cuando se descarrile es otro pedo”, atribuida a los círculos de confianza de Bobby López Beltrán y Amílcar Olán, no fue solo un dicho, sino la ética con la que se “construyó” el proyecto.
Mientras la FGR asegura que la Caja Negra arroja datos sobre que “no se encontraron fallas” en su funcionamiento, la duda del material de mala calidad recorre las vías del Istmo.
Nadie se explica que una variación de 15 kilómetros por hora sea suficiente para descarrilar un proyecto que se presume de primer mundo y de vanguardia.

La detención por parte de la Fiscalía General de la República del conductor en Coatzacoalcos es un mensaje claro para el sindicato y para los trabajadores, ya que en esta clase de accidentes no caen los verdaderos responsables, hay que recordar la tragedia de la línea 12 del Metro en la ciudad de México, en estos lamentables hechos trágicos, siempre sacrifican a los más débiles.
Es comprensible que la familia del detenido clame por la intervención del secretario general del Sindicato ferrocarrilero, ya que se enfrentan a un aparato estatal que necesita culpables rápidos para proteger apellidos pesados.
Por otro lado, es una noticia excelente para el clan “López-Obrador-Beltrán”, al señalar al operador se sella cualquier sospecha de tráfico de influencias, de las licitaciones amañadas y de los sobrecostos, se evita preguntar por qué se entregaron contratos a amigos sin experiencia ferroviaria y por qué la verdadera supervisión de esta emblemática obra del Obradorato, brilló por su ausencia.
Culpar al maquinista pareciera buscar ocultar un problema de corrupción, hoy el trabajador enfrenta el peso de la ley en una celda, pero quienes se llenaron los bolsillos con balasto de dudosa procedencia, no solo con el tren Interoceánico, sino con el tren Maya, siguen despachando desde la comodidad del poder, blindados por una fiscalía que parece más interesada en cuidar la imagen política de los que hoy están en el Poder.
En fin, lo que se descarriló y que ocasionó la muerte de 14 personas, también descarriló la esperanza de un pueblo que sigue clamando por una justicia que no distinga entre un apellido presidencial, y un maquinista ferroviario.

