Dentro de las dependencias federales y entre los expertos en tecnología corre la versión —cada vez más sólida— que el gobierno mexicano está hackeado en sus sistemas y que piratas informáticos le han dado como plazo hasta el viernes de esta semana para liquidar una fuerte suma de dinero. De no hacerlo, aseguran, habrá una filtración masiva de datos sensibles con dimensiones incluso mayores a las del caso Guacamaya.

El asunto, que se ha colocado como uno de los temas principales dentro de la llamada “dark web”, tiene respaldo tras los recientes ataques cibernéticos de dependencias como la Sociedad Hipotecaria Federal. Esta y otras áreas del gobierno federal han reconocido tener problemas en sus sistemas y en su dominio digital.

Por el lado de los argumentos técnicos, se detalla que por estrategia de José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, los servicios digitales se concentraron bajo un mismo dominio, “gob.mx”, por lo que si un hacker logra capturar una sola dependencia tendría posibilidad de entrar prácticamente a todas. “Tendría las llaves de todas las puertas del castillo”, explican especialistas en ciberseguridad.

Hasta el momento, el único ataque confirmado es el de los archivos de la Sociedad Hipotecaria Federal. Los piratas informáticos lograron infiltrarse hasta comprometer los sistemas del organismo, provocando además una caída masiva de sus plataformas digitales desde el pasado 24 de enero. El gobierno se ha limitado a clasificar el episodio como una “contingencia tecnológica”.

“Al personal involucrado en procesos críticos y tiempos de entrega: agradecemos su comprensión ante esta contingencia tecnológica. Nuestro equipo se encuentra trabajando para restablecer la operación a la brevedad”, expone el comunicado publicado el lunes 26 de enero. Sin embargo, además de esta página, también permanece caída la plataforma de Transparencia, la cual brinda acceso a información de múltiples dependencias.

El primer ataque digital confirmado contra una dependencia de la administración que encabeza Claudia Sheinbaum ocurrió en 2024, cuando ciberdelincuentes hicieron públicos 206 gigabytes de información de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, entonces a cargo de Ernestina Godoy. En aquella ocasión se liberó en la “dark web” información sensible de funcionarios y trabajadores del gobierno.

También se han contabilizado al menos otros cinco ciberataques a dependencias gubernamentales e instituciones públicas. Entre ellos destacan incidentes en la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezada por Leonardo Lomelí; el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, de Ricardo Dueñas; la plataforma TrabajaEn de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, así como un intento de intrusión en el teléfono personal de la propia Presidenta.

En la administración de Andrés Manuel López Obrador también se registraron hackeos que tuvieron resonancia internacional. Pemex fue víctima de un ataque de ransomware mediante el cual el grupo Doppel Paymer exigió a la Secretaría de Energía un rescate de 565 bitcoins —equivalentes entonces a unos 4.9 millones de dólares— para liberar la información secuestrada. A ello se sumó el caso Guacamaya Leaks, que logró sustraer más de seis terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Especialistas del sector aseguran que desde 2018 el monto promedio de los rescates exigidos en ciberataques ha crecido 589%. Y aunque desde los canales oficiales se han minimizado o negado los detalles de estos incidentes, lo cierto es que tampoco existe plena certeza sobre la solidez de la seguridad digital del gobierno. Hasta el cierre de esta columna, el sitio de la Sociedad Hipotecaria Federal continúa inactivo, sin una explicación técnica pública que disipe las dudas.

Posdata 1

Al parecer, el retraso de la conferencia matutina de este jueves —reprogramada para las 9:00 de la mañana— es para que la presidenta Claudia Sheinbaum sostenga una nueva llamada con Donald Trump.

De confirmarse, se trataría de la llamada número 16 desde noviembre de 2024, cuando Trump regresó a la Casa Blanca, en una situación marcada por una tensión constante en la relación bilateral. En esta ocasión, no se descarta que ambos mandatarios estén afinando una eventual visita de Estado de Sheinbaum a Washington en las próximas semanas.

En la conversación, inevitablemente, aparecerá la reciente visita a México del director del FBI, Kash Patel, y las versiones encontradas sobre la detención del exatleta canadiense Ryan Wedding en el territorio nacional, así como los señalamientos en torno a presuntos envíos de petróleo a Cuba, asuntos particularmente delicados para la Casa Blanca.

En la llamada anterior, Sheinbaum confirmó que a finales de enero volvería a reunirse en Washington el grupo bilateral de alto nivel para dar seguimiento a los compromisos en seguridad y economía. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya está la capital estadounidense en reuniones con su homólogo Howard Lutnick.

Posdata 2

Además de reunirse con Howard Lutnick, Marcelo Ebrard tuvo un encuentro con el representante comercial de EU, Jamieson Greer, en el que se reconocieron “avances sustanciales” en la relación económica y acordaron una “interlocución intensa” para destrabar barreras no arancelarias, justo cuando arranca el jaloneo real por la revisión del T-MEC.

El punto fino —y el más delicado— es que ya pactaron iniciar discusiones formales sobre ajustes estructurales del acuerdo, como endurecer reglas de origen en sectores industriales clave, más cooperación en minerales críticos y una mayor alineación de política comercial externa para “proteger” productores y trabajadores y combatir dumping de manufacturas en la región.

Tras esa reunión, Ebrard se sentó con el secretario de Comercio para reanudar trabajos y dar continuidad a la agenda de comercio e inversión. El encuentro cerró con un gesto que presumió el secretario de Economía: Lutnick le regaló a Ebrard un fragmento de las Torres Gemelas, dedicado a la memoria de su hermano Gary y de 657 colaboradores fallecidos el 11-S. Política dura, pero con señales de “relanzamiento” del canal bilateral.

Posdata 3

Este miércoles, el empresario Carlos Slim Helú cumplió 86 años y lo celebró en grande, pues en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum sus empresas han acumulado 169 contratos públicos por 29 mil 447 millones de pesos con el gobierno federal, de acuerdo con una revisión de compras públicas oficiales realizada por El CEO.

Del total, CICSA —subsidiaria de Grupo Carso— obtuvo el contrato más grande del sexenio por 27 mil 451 millones para la construcción y diseño de los tramos 13 y 14 del Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, uno de los proyectos prioritarios de infraestructura del gobierno actual; mientras que Telmex concentra la mayoría de las 167 adjudicaciones restantes, incluyendo los segundos y terceros mayores montos por 811.2 millones y 456.7 millones, respectivamente.

La gran mayoría de estos contratos fueron otorgados por adjudicación directa, sin competencia abierta, y representan casi la mitad del valor total que las empresas de Slim obtuvieron en el sexenio anterior bajo Andrés Manuel López Obrador —cuando superaron los 60 mil millones en adjudicaciones—, una señal de la renovada presencia del magnate en los proyectos estratégicos del gobierno de Sheinbaum.