Para erradicar malas prácticas y brindar certeza jurídica al sector transporte, la Unión de Permisionarios de Grúas del Estado de Veracruz A.C. y la Guardia Nacional activaron el “Protocolo de Actuación para Solicitar el Servicio de Grúas”.

Este mecanismo, que regula la interacción entre autoridades, concesionarios y usuarios, busca blindar las carreteras federales y estatales contra actos de corrupción, extorsiones e irregularidades en los procedimientos de arrastre y salvamento.

Jorge López Santana, secretario y enlace de la Unión, informó que la consolidación de este protocolo es resultado de una mesa de trabajo convocada por la Guardia Nacional, bajo las instrucciones del General Ignacio Murillo Rodríguez.

En dicho encuentro, participaron exclusivamente socios de la organización, la cual agrupa a 25 empresas legalmente constituidas y concesionadas desde 2012.

“Este protocolo contempla la normatividad estricta a la que debe apegarse la Guardia Nacional, el sector transporte y los usuarios, con la finalidad de evitar actos de corrupción y cualquier tipo de queja o mala interpretación de las leyes”, señaló López Santana.

El documento es producto de un consenso previo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), además de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).Imagen relacionada

López Santana recordó que este esfuerzo no es fortuito, sino que forma parte de un ciclo de reuniones que inició en 2025 y que hoy, en 2026, celebra su primera sesión resolutiva del año.

Respaldo a las políticas de la gobernadora Rocio Nahle

La activación de este protocolo se alinea con las directrices de la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien al inicio de su gestión instruyó una regulación severa sobre el uso de grúas para proteger a la ciudadanía y a los transportistas de cobros excesivos o levantamientos injustificados.

De acuerdo con la normativa vigente y el mandato estatal, el uso de grúas queda limitado a situaciones específicas para evitar el delito de extorsión: accidentes de tránsito, vehículos relacionados con hechos ilícitos, conductores en estado de ebriedad que no cuenten con un acompañante que pueda hacerse cargo de la unidad.