Un frente común contra el “dinero sucio”

Con una mayoría contundente de 39 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó la reforma al Artículo 230 del Código Penal de Veracruz, una iniciativa enviada por la gobernadora Rocío Nahle García. Esta modificación busca cerrar los vacíos legales que permitían el flujo de recursos ilícitos, armonizando la ley estatal con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La reforma no solo amplía la lista de conductas que se consideran lavado de dinero, sino que actualiza las sanciones económicas, transitando del esquema de salarios mínimos a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿Cuáles son los nuevos alcances de la ley?

A partir de ahora, se impondrán multas de mil a cinco mil veces el valor diario de la UMA a quienes realicen o auxilien en:

  • Operaciones Financieras: Adquisición, administración, custodia, depósito, retiro o transferencia de bienes cuando se sepa que proceden de actividades ilícitas.
  • Ocultamiento: Cualquier intento de encubrir el origen, destino o propiedad de recursos que representen ganancias de delitos.
  • Presunción de Ilicitud: Se entenderá que los bienes son ilícitos cuando existan indicios fundados de su origen delictivo y no se pueda acreditar su legítima procedencia.

Castigo doble a funcionarios: Si el responsable es un servidor público, las penas aumentarán hasta en una mitad, sumado a la destitución e inhabilitación inmediata.

Debate en la Tribuna: Entre la ley y la aplicación

Aunque la reforma fue aprobada por casi todas las fuerzas políticas, el debate en la LXVII Legislatura dejó matices importantes:

  • Morena y Aliados (PVEM, PT): Destacaron que Veracruz deja de ser un “eslabón débil” y se alinea con la Agenda 2030 para combatir la violencia que se financia con dinero ilícito.
  • Oposición (PAN, MC, VNU): Si bien votaron a favor o reconocieron la necesidad de la reforma, advirtieron que “endurecer la ley es lo fácil; el reto es hacerla cumplir”. Señalaron que de nada servirá la reforma si las instituciones de justicia siguen siendo “débiles o selectivas”.

Esta reforma forma parte del Plan Veracruzano de Desarrollo 2025-2030 y coloca al estado en sintonía con el Sistema Nacional de Seguridad Pública para asfixiar financieramente a la delincuencia organizada.