Un juez federal que aspiró a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió suspensiones que frenaron temporalmente las inhabilitaciones administrativas impuestas a uno de los mayores proveedores de seguridad privada del gobierno federal. Meses después, un tribunal colegiado revocó por unanimidad esas resoluciones al concluir que contravenían una jurisprudencia obligatoria de la Corte. El caso abre interrogantes sobre los alcances de las medidas cautelares cuando están de por medio miles de millones de pesos en contratos públicos.
El protagonista del caso es Gabriel Regis López, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien participó como candidato en el proceso de elección para integrar el máximo tribunal del país. Dentro del juicio de amparo indirecto 2080/2025 concedió dos suspensiones definitivas solicitadas por Grupo de Seguridad Privada Pryse de México para detener temporalmente la ejecución de las inhabilitaciones administrativas impuestas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, y por el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Zoé Robledo.
No se trataba de cualquier contratista. De acuerdo con los registros públicos de Compras MX, Pryse acumuló 325 contratos con dependencias del Gobierno federal entre 2017 y 2026 por más de 14 mil 467 millones de pesos. Tan sólo en 2025 obtuvo contratos por alrededor de 5 mil 543 millones. La empresa ya había estado bajo escrutinio público tras la polémica por la contratación de servicios de vigilancia para museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, proceso que derivó en el cierre temporal de algunos de los recintos culturales más importantes del país durante la transición del servicio. Posteriormente fue inhabilitada por autoridades federales y buscó suspender esas sanciones mediante el juicio de amparo.
Las medidas cautelares produjeron efectos inmediatos. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control del IMSS emitieron diversas circulares en el Diario Oficial de la Federación para informar a todas las dependencias federales que debía dejarse sin efectos temporalmente la ejecución de las inhabilitaciones. También ordenaron suspender, mientras permanecieran vigentes esas resoluciones judiciales, la publicación de las sanciones en el propio Diario Oficial y su registro en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. La última de esas circulares fue publicada el 18 de diciembre de 2025.
Meses después llegó la revisión judicial. El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió los recursos de revisión R.A. Inc. 14/2026 y R.A. 189/2026 y revocó ambas suspensiones. Las magistradas Pilar Maciel Aldana Huerta y Ana Yadira Alarcón Márquez, junto con el magistrado Rolando González Licona, concluyeron por unanimidad que las medidas cautelares eran improcedentes porque contravenían la jurisprudencia obligatoria 2a./J. 157/2010 emitida por la Segunda Sala de la SCJN.
Ese criterio establece que debe negarse la suspensión cuando su efecto sea impedir la ejecución de una inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación pública o celebrar contratos con el Estado. El tribunal sostuvo además que conceder ese tipo de medidas afecta disposiciones de orden público vinculadas con el artículo 134 constitucional, que obliga a administrar los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En otras palabras, consideró que una sanción de esa naturaleza no puede quedar sin efectos mediante una medida cautelar porque ello impacta directamente el régimen constitucional de las contrataciones públicas.
Las resoluciones del tribunal no afirman que el juez haya incurrido en alguna responsabilidad. Lo que establecen es que las suspensiones concedidas resultaban incompatibles con una jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte y, por esa razón, debían revocarse. La diferencia no es menor y merece toda la precisión jurídica.
El expediente deja abiertas varias preguntas de interés público. La primera consiste en conocer por qué el juzgado estimó procedente apartarse de un criterio jurisprudencial que el tribunal consideró obligatorio. La segunda es determinar cuál fue el efecto práctico de esas suspensiones mientras permanecieron vigentes.
También falta conocer con mayor detalle las causas que dieron origen a las sanciones administrativas y el estado procesal definitivo de esos procedimientos. Al momento de la consulta realizada para esta columna, Grupo Pryse no aparecía en el directorio público de proveedores sancionados.
El nuevo modelo judicial está siendo evaluado por la solidez de las resoluciones de jueces, magistrados y ministros emanados de la elección del año pasado. Una decisión judicial que pudo haber beneficiado temporalmente a un proveedor con contratos públicos multimillonarios, y que posteriormente fue revocada por contravenir —según un tribunal colegiado— una jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, exige explicación, transparencia y escrutinio público.
Posdata 1
La conducción de las finanzas públicas comienza a delinear el sello del secretario de Hacienda, Edgar Amador. Al cierre del primer semestre, la dependencia ejerció 499 mil millones de pesos menos de lo programado, pero evitó un ajuste lineal sobre toda la administración pública. La disciplina en el gasto se combinó con la preservación de las prioridades sociales del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En ese periodo, el gasto de operación distinto de servicios personales disminuyó 7.2% en términos reales, mientras el gasto en desarrollo social aumentó 9.7%, el mayor crecimiento semestral desde que existe registro para esa clasificación. Los números muestran dónde estuvo el ajuste. Las dependencias tuvieron menos margen para operar, pero salud, educación, protección social y los programas prioritarios mantuvieron una trayectoria ascendente.
El menor ritmo del gasto también compensó el rezago de los ingresos. Los ingresos presupuestarios quedaron 141 mil millones de pesos por debajo del calendario, pero el déficit presupuestario cerró en 579 mil millones, frente a los 937 mil millones previstos. La diferencia fue de 358 mil millones de pesos, resultado de un ejercicio del gasto más contenido.
Más que un recorte generalizado, Hacienda utilizó el gasto como instrumento de consolidación fiscal. La prueba llegará durante la segunda mitad del año, cuando el gobierno deba mantener esa disciplina sin comprometer el cumplimiento de sus prioridades presupuestarias. Por ahora, la dependencia amplió su margen de maniobra fiscal sin modificar la jerarquía del gasto social.
Posdata 2
Un relevo que pasó prácticamente inadvertido en la Secretaría de Hacienda fue el de Jorge Trejo, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas. Su salida ocurrió hace unos días en medio de las tensiones generadas por las compras consolidadas del gobierno federal. Aunque en el sector financiero circuló la versión de que sería enviado a una institución de banca de desarrollo, hasta ahora no existe confirmación de ese movimiento.
Su lugar fue ocupado por María Dolores Arellano Sesmas, quien hasta hace poco encabezaba la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Agricultura. Antes fue subdirectora de Administración y Finanzas del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE y también formó parte del Gobierno de la Ciudad de México, con cargos en Metrobús y en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Arellano Sesmas fue investigada por la Fiscalía General de la República por irregularidades en la asignación de contratos durante su paso por el ISSSTE. Después de que una jueza dictó inicialmente la no vinculación a proceso, la Fiscalía volvió a judicializar el caso y obtuvo su vinculación por un supuesto distinto dentro de la misma investigación.
Arellano pasa así de administrar los recursos y las compras de Agricultura a controlar la operación interna de la dependencia responsable de las finanzas públicas del país. El relevo no es menor, porque la TUAF de Hacienda interviene en contrataciones, servicios, recursos humanos y materiales, precisamente ahora que las compras consolidadas y el manejo administrativo del gobierno están en revisión.
Su llegada a Hacienda se dio de la mano de la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez, con quien tiene una amistad que data, por lo menos, desde que trabajaron juntas en la Ciudad de México, en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Posdata 3
En el caso de los Tigres de la UANL, fuentes de la regiomontana Cemex, que dirige Jaime Muguiro, aseguran que no existe la intención de vender el 40% del equipo de futbol al fondo de inversión Apollo Global Management.
La semana pasada surgió la versión de que, ante un supuesto recorte en el flujo de recursos hacia la franquicia, la empresa filial Sinergia Deportiva buscaba capitalizarse con este fondo extranjero que hace apenas unos años intentó, sin éxito, entrar a la Liga MX de la mano Juan Carlos Rodríguez “La Bomba”. Sin embargo, la realidad es que hay un plan al respecto.
Lo que sí se espera en el corto plazo es una limpia en el cuadro directivo de Sinergia, que ahora lleva Carlos Emilio González, empezando por sus responsables del área deportiva y de comunicación.
Posdata 4
Hablando de temas de comunicación, Alberto Petrearse, exdirector de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo durante el gobierno de Felipe Calderón y actual responsable de relaciones públicas para Latinoamérica y España del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), quedó bajo escrutinio tras una denuncia ciudadana presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, así como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a las que se les solicitó revisar el origen de sus ingresos, la evolución de su patrimonio, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y los contratos obtenidos después de dejar el servicio público, además de analizar la eventual existencia de conflictos de interés.
El caso resulta de interés por la trayectoria de Petrearse dentro y fuera del sector público. Además de haber encabezado la comunicación social de la Sectur durante la gestión de Gloria Guevara, ocupó cargos similares en la Secretaría del Trabajo y en la Policía Federal, y posteriormente fundó Media Global Solutions, una firma de comunicación y relaciones públicas que ha representado a empresas y organismos del sector turístico, incluido el WTTC. Desde esa posición se ha convertido en una voz crítica de la política turística del actual gobierno. Ahora será la autoridad la que determine si la denuncia aporta elementos suficientes para iniciar una investigación o si los señalamientos deben descartarse.
