La iniciativa presidencial sobre la llamada Ley de Audiencias no podría explicarse mejor que con un caso práctico reciente: la reversa de Gianni Infantino a su plan que haría accionista de una nueva filial de la FIFA, con 20%, al fondo de Kushner, hermano del yerno de Donald Trump.

La nueva iniciativa presidencial sobre los derechos de las audiencias ha despertado una animada discusión sobre si el objetivo final es la censura de los medios electrónicos y, eventualmente, de la prensa escrita y las plataformas digitales. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que no quiere silenciar a los medios, sino ampliar las avenidas de la libertad de expresión. Para unos, esta reforma a los derechos de las audiencias, incorporadas a la Constitución en 2013, es una deriva autoritaria, pero las autoridades alegan que tratan de proteger el derecho a la información veraz, diferenciar noticia de opinión y fomentar la autorregulación. El problema es quién define qué es veraz y tiene la última palabra para sancionar. Ahí está la debilidad y amenaza: será la Presidencia la que decida lo que el pueblo reciba de información.

La iniciativa presidencial sobre la llamada Ley de Audiencias no podría explicarse mejor que con un caso práctico reciente: la reversa de Gianni Infantino a su plan que haría accionista de una nueva filial de la FIFA, con 20%, al fondo de Kushner, hermano del yerno de Donald Trump. Su propuesta, que vivió 72 horas en la opinión pública, se habría mantenido en secreto, con tiempo para negociar discreta e individualmente el proyecto, de no ser porque se le atravesó el Financial Times, que al revelar sus deseos, detonó un rechazo global que terminó sepultándolo.

Bajo las disposiciones de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, eso habría sido imposible de difundirse en México salvo que un medio arriesgara su capital a una multa (que establece la propuesta) obscena, por haber sido lo que peyorativamente se define aquí un trascendido. Infantino, que sabe que en un sistema de rendición de cuentas no puede ser cínico, admitió la veracidad de la información. Actualmente en México, la verdad se fija en Palacio Nacional de manera discrecional y, no pocas veces, tramposa y mentirosa, por lo que esa iniciativa habría terminado en una realidad. El gobierno habría dicho que no era cierto, y como se ha visto en múltiples temas, la realidad termina desmintiéndolo.

Los trascendidos, o las filtraciones, como también suelen llamarse, son material inherente del periodismo de investigación y un subproducto de los sistemas abiertos. Solo los regímenes autoritarios controlan la información, la centralizan y ocultan la verdad, promoviendo su verdad. Las filtraciones no son el final de una información. En el periodismo de investigación, el anonimato de una fuente no es un sustituto de la evidencia, sino suele ser el punto de partida. Una filtración llega a la opinión pública, cuando no hay documentación de por medio, tras varios controles, como la corroboración de la información de manera independiente o, en casos extremos, el nivel y calidad de la fuente.

Ha habido errores, incluso cuando los medios y sus periodistas extremaron sus controles para evitarlos, como sucedió en 1983 cuando la revista alemana Stern y el periódico dominical británico The Sunday Times publicaron más de 60 volúmenes de diarios presuntamente escritos por Adolfo Hitler. Antes de hacerlo, contrataron historiadores de renombre que durante meses los revisaron antes de autentificarlos, pero al final, resultaron ser falsos. En otras ocasiones, en el mundo y en México, fuentes con acceso a información se han equivocado, con un costo para quienes la difundieron, pese a que, como el caso de los diarios de Hitler, hubieran reconocido su error.

Pero hay muchas más donde los gobiernos dicen que es falso lo publicado y tratan de descalificar y desestimar una información porque les hace daño. Es parte de la dinámica entre medios y gobierno, cuya historia muestra que la mayor parte de las grandes revelaciones del periodismo han comenzado con trascendidos y filtraciones, provocando renuncias presidenciales, condenas de líderes, reformas y cambios en instituciones públicas y privadas.

El Watergate, la joya paradigmática del periodismo de investigación realizado por los jóvenes Bob Woodward y Carl Bernstein en The Washington Post, tuvo como origen alrededor de 200 despachos, fuentes anónimas. La Casa Blanca los desmintió reiteradamente, pero Ben Bradlee, el legendario director del periódico, los respaldó. El gobierno de Richard Nixon interceptó los teléfonos de periodistas y funcionarios para descubrir las fuentes, y actuó legalmente contra ellas. Nixon finalmente renunció antes de que la Suprema Corte lo desaforara.

Años después, en Francia, el caso del buque Rainbow Warrior se convirtió en uno de los mayores escándalos de ese país, cuando Le Monde publicó en 1985 que agentes del servicio secreto francés hundieron con explosivos el buque insignia de Greenpeace en Nueva Zelanda, para impedir que protestara contra las pruebas nucleares francesas en el atolón de Mururoa. El gobierno de François Miterrand encubrió a sus agentes y negó la información, pero el atentado se confirmó cuando la policía neozelandesa detuvo a dos agentes franceses que viajaban con identidades falsas. El ministro de Defensa, Charles Hernu, renunció; el director del Servicio de Inteligencia, también. El gobierno terminó reconociendo oficialmente su responsabilidad.

La ley Sheinbaum hubiera impedido que estallaran los escándalos del Watergate y del Rainbow Warrior, los abusos sexuales de la Iglesia católica o los Panama Papers. Algunas de las investigaciones periodísticas más influyentes de la historia comenzaron con fuentes anónimas o confidenciales y, eventualmente, al abrirse la concha, comenzaron a ser respaldadas con documentos, testimonios bajo juramento o investigaciones oficiales.

Hay otros casos donde los autores son perseguidos, como Julian Assange, que fundó WikiLeaks para publicar miles de cables diplomáticos del gobierno de Estados Unidos producto de una filtración, fue convertido en un héroe de la ‘4T’, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador ofreciéndole asilo político. El caso Assange es el contrasentido de la Ley de Audiencias al mostrar la hipocresía del régimen, que alega que la iniciativa no plantea la censura, omitiendo el hecho de que será el gobierno el que determine qué es verdad y qué falso.

La mentira, que es el principal eje de la comunicación política de López Obrador y Sheinbaum, abre ese ominoso camino hacia la censura, logrando, si avanza la iniciativa, un marco jurídico para castigar a la prensa independiente. No deja de ser paradójico que busque el silencio de los medios pese a tener el control del Congreso y el Poder Judicial, que son los agentes de cambio reales. Pero la sevicia con la que quieren actuar contra la crítica independiente sugiere que todavía hay algo que Sheinbaum y López Obrador temen y les preocupa.