La investigación de la FGR contra Ernesto Ruffo Appel, por la presunta red de huachicol fiscal vinculada con Ingemar, contiene piezas que no han sido expuestas públicamente con el detalle que aparece en el expediente. Una de ellas es una denuncia de la Agencia Nacional de Aduanas de México que señala operaciones en las que el valor real de la mercancía habría superado hasta en 117% lo declarado y refiere el ingreso de 98 millones 44 mil 442 litros de diésel sin contar con el permiso de importación correspondiente de la Secretaría de Energía.

La cifra es relevante, pero debe distinguirse de otros volúmenes que han trascendido sobre el caso. La FGR investiga diferentes operaciones y periodos. Uno de esos bloques comprende 163 carrotanques y 18.2 millones de litros de petrolíferos; otro analiza volúmenes considerablemente mayores relacionados con los permisos y operaciones de Ingemar. En el primero, los investigadores estimaron un perjuicio al fisco superior a 164 millones de pesos por IEPS e IVA.

El expediente permite reconstruir también lo que presuntamente ocurría después de que el combustible cruzaba la frontera. Ingemar aparece como eje de una estructura de al menos 11 empresas. Entre ellas están Crismon Hidrocarburos y Derivados, Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo y Servicios Integrales y Desarrollos GMC. La hipótesis de la Fiscalía es que unas intervenían en la importación y otras en la recepción, traslado, facturación y dispersión comercial de los petrolíferos.

Una de las inconsistencias que documentaron los peritos aparece en una operación de Crismon. Una factura registró 130 mil 13.69 litros de combustible asociados a un carrotanque cuya capacidad máxima era de 114 mil 800 litros. Es decir, en los documentos había más combustible del que físicamente podía contener la unidad. La FGR considera éste y otros casos como indicios de operaciones simuladas para construir una trazabilidad aparentemente legal.

La ruta que siguen los investigadores llega hasta Gasolinería Faza. De acuerdo con el expediente, durante 2025 fueron emitidos 130 CFDI con efecto de ingreso a favor de esa compañía por 89 millones 102 mil 889 pesos. La documentación es utilizada para reconstruir la etapa de dispersión del combustible y establecer quiénes participaron en su comercialización una vez que los hidrocarburos se encontraban en territorio nacional.

También aparece Internacional de Fundentes. Aunque documentación de transporte la ubica dentro de la cadena de destinatarios, facturas exhibidas por el apoderado de Crismon llevaron a los investigadores a plantear que esa compañía pudo haber sido el verdadero destinatario final de parte del combustible. Es una de las líneas con las que la Fiscalía intenta reconstruir la distancia entre lo asentado en pedimentos y cartas porte y el destino efectivo del producto.

Hasta ahí la ingeniería operativa. Pero la parte políticamente más delicada es cómo pretende la FGR llevarla hasta Ruffo.

Se tiene registro de que el exgobernador de Baja California era accionista de Ingemar, integrante de su estructura corporativa y que recibió transferencias por alrededor de 18 millones de pesos. También se sabe de los calificativos utilizados por los fiscales para describirlo: “operador estratégico”, “facilitador estructural” y “legitimador institucional”. Lo que revela el expediente completo es el razonamiento con el que la Fiscalía intenta transformar esas relaciones empresariales en responsabilidad penal.

La teoría del caso presenta a Ingemar no sólo como una compañía que tramitaba importaciones, sino como un instrumento funcional de la organización. La FGR sostiene que desde sus órganos corporativos se integraba la voluntad de la sociedad, se tomaban decisiones y se daba continuidad a las operaciones. Sobre esa base intenta colocar a Ruffo dentro de un núcleo de control y acreditar una coautoría mediante lo que jurídicamente denomina dominio funcional del hecho.

Eso significa que la acusación no depende de demostrar que Ruffo modificó personalmente un pedimento, abrió la válvula de un carrotanque o supervisó una descarga. Lo que los fiscales deberán probar es algo más complejo: que conocía el mecanismo y que desde su posición corporativa contribuyó deliberadamente a hacerlo posible.

Ahí estará también el principal flanco de la acusación. Ser accionista, consejero o recibir recursos de una empresa no acredita por sí mismo la comisión de un delito. Ruffo ha rechazado las imputaciones y la FGR tendrá que demostrar ante los tribunales la responsabilidad individual que le atribuye.

Las piezas del expediente muestran que el caso es bastante más amplio que los carrotanques descubiertos en Coahuila. La investigación busca reconstruir toda la cadena: importación, validación, facturación, venta y, sobre todo, quién controlaba la estructura empresarial que hizo posible la operación. Ahí es donde la FGR busca colocar a Ernesto Ruffo Appel. La historia tiene aún mucho por contar.

Posdata 1

A propósito del caso de Ernesto Ruffo Appel, la familia del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y del contralmirante Fernando Farías Laguna, ambos señalados en la investigación por huachicol fiscal en la Marina, envió una carta al Comité Plural que defiende al exgobernador de Baja California para advertir lo que considera “enormes coincidencias” entre ambos expedientes. El planteamiento sostiene que los Farías terminaron acusados por una trama de corrupción que ellos mismos habían denunciado ante sus superiores.

Según la carta, Fernando Farías —actualmente preso en Buenos Aires—, después de hablar con su hermano Manuel Roberto, habría facilitado el encuentro entre el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, para que Guerrero expusiera directamente información sobre actos de corrupción y las personas presuntamente involucradas. La familia asegura contar con documentos que acreditan ese encuentro. Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo en noviembre de 2024. La existencia de ese acercamiento y el papel que desempeñaron los hermanos antes de ser investigados son puntos que sus defensas han colocado sobre la mesa y que deberán ser contrastados por la FGR.

La comparación con Ruffo parte de que el exgobernador también ha sostenido que colaboró con las autoridades antes de terminar detenido. Los Farías no piden en su carta que se declare inocente a nadie ni un trato diferenciado; exigen que se investigue la cadena completa y no únicamente a quienes hoy aparecen como responsables. La pregunta que formulan es que si quienes proporcionaron información sobre presuntas irregularidades terminaron convertidos en imputados, ¿hasta dónde avanzaron las investigaciones sobre aquello que originalmente denunciaron?

El caso de los Farías involucra una presunta estructura de corrupción dentro de las Aduanas marítimas y el de Ruffo una operación empresarial de importación de combustibles. Son asuntos distintos y no hay elementos para equipararlos jurídicamente, aunque ambos conducen a una misma exigencia: que la FGR reconstruya las redes completas, incluidos funcionarios, empresarios, operadores y beneficiarios, y no detenga las investigaciones en los personajes que hoy están frente a los jueces.

Posdata 2

Una investigación del New York Times basada en documentos judiciales y en una pesquisa del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada este martes reveló que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro y coronel del Ministerio del Interior cubano, fue señalado ante fiscales estadounidenses por presuntos vínculos con una organización dedicada al tráfico de personas y contrabando que operó durante años entre Cuba, Quintana Roo y Florida. Dos integrantes de la organización lo identificaron como supuesto colaborador y sostuvieron que habría utilizado su influencia dentro del régimen cubano para proteger las operaciones.

La investigación se desprende de documentos judiciales y de una pesquisa del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos conocida como Operación Sísifo. Uno de los personajes centrales es José Miguel González Vidal, condenado a 25 años de prisión, quien vinculó a Rodríguez Castro con la llamada “Mafia cubana de Quintana Roo”. La organización habría trasladado clandestinamente a miles de cubanos —entre ellos beisbolistas—, además de participar en robo de embarcaciones y contrabando. Los testimonios también atribuyen a la red episodios de violencia contra migrantes que no podían pagar las cantidades exigidas.

El señalamiento cobra otra dimensión porque “El Cangrejo” no es solamente el nieto de Raúl Castro, sino que ha sido responsable de la seguridad personal de su abuelo y en 2026 emergió como uno de los interlocutores de La Habana en los contactos con Washington. Es decir, un personaje situado en el círculo más cerrado del poder cubano aparece mencionado por integrantes de una organización criminal que habría tenido en México una de sus principales plataformas operativas.

La revelación coincide, por cierto, con la visita de Gerardo Fernández Noroña a Cuba para participar en las actividades por el centenario del natalicio de Fidel Castro. El senador de Morena incluso respondió a sus críticos antes de viajar: ante quienes le dicen “lárgate a Cuba”, contestó que precisamente eso haría, aunque solamente de vacaciones.

Posdata 3

TV Azteca dio un paso relevante en su proceso de reestructura financiera. Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia de concurso mercantil, la televisora entró formalmente a la etapa de conciliación, cuyo objetivo es alcanzar un convenio con sus acreedores, reordenar sus pasivos y preservar la operación de la compañía. El procedimiento, solicitado voluntariamente por la empresa, entra así en la fase en la que podrá negociar directamente las condiciones para cumplir con sus obligaciones y evitar un escenario de quiebra.

La compañía tendrá inicialmente 185 días para alcanzar el convenio, plazo que puede ampliarse en dos periodos adicionales de 90 días. Los acreedores nacionales disponen de al menos 20 días naturales para solicitar el reconocimiento de sus créditos y los extranjeros de al menos 45. Entre estos últimos están The Bank of New York Mellon, Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, con quienes TV Azteca ha mantenido una larga disputa judicial en Estados Unidos.

La entrada a conciliación también mantiene un marco de protección que permite preservar los activos y la operación mientras avanzan las negociaciones. Una resolución judicial previa sostuvo que las medidas cautelares dictadas dentro del concurso no desconocen los derechos de los acreedores, sino que buscan mantener las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse la conciliación. El objetivo ahora es concentrar las distintas obligaciones y controversias en un proceso ordenado que permita alcanzar acuerdos y dar viabilidad financiera de largo plazo a la televisora.