La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, admitió una solicitud clave para definir el rumbo de la controvertida reforma judicial en México. La petición fue presentada por Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), y busca que el máximo tribunal determine qué órgano es competente para atender las suspensiones otorgadas por jueces de amparo, las cuales ordenaban detener la reforma judicial pero fueron ignoradas por Claudia Sheinbaum, y autoridades federales.
La SCJN toma cartas en el asunto
Ante la situación, Piña Hernández turnó el expediente 4/2024 al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, encargado de preparar un proyecto de resolución sobre el caso. El expediente se acumuló al 3/2024, que también aborda cuestiones de la misma reforma judicial. En su resolución, la ministra Piña subrayó la importancia de ejercer la facultad establecida en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para avanzar en la clarificación de competencias judiciales.
Vista al Tribunal Electoral y contexto de las suspensiones
Como parte del proceso, la presidenta de la SCJN ordenó dar vista a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que este órgano emita su postura sobre el tema. Este llamado busca involucrar al TEPJF en el análisis del impacto de la reforma y en la determinación de las instancias competentes.
El conflicto se intensificó cuando jueces federales emitieron cerca de 70 suspensiones a partir de amparos interpuestos por magistrados, jueces y organizaciones civiles. Estas suspensiones buscaban detener la implementación de la reforma judicial, que entró en vigor a mediados de septiembre, en tanto no se agotaran todos los recursos legales. Sin embargo, el desacato de las suspensiones por parte de autoridades gubernamentales ha generado una crisis en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
En busca de una solución constitucional
La respuesta de la SCJN será fundamental para definir los límites de las facultades de las autoridades involucradas y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos. La admisión de este recurso es vista como un esfuerzo por restaurar el orden legal y definir las competencias que cada órgano del Estado debe respetar.
Este caso podría sentar un precedente importante en el respeto a las decisiones judiciales y en la autonomía de los poderes en México, abriendo una discusión sobre el alcance de las reformas y las atribuciones de los distintos niveles de gobierno.
