Aunque abogados reconocen que el operativo de alcoholímetro es una medida adecuada para prevenir accidentes y salvar vidas, advirtieron que deben erradicarse las presuntas malas prácticas relacionadas con el cobro excesivo de multas y los gastos que enfrentan los conductores tras ser sancionados, ya que consideran que en algunos casos las cantidades resultan desproporcionadas.
El profesional del derecho Luis Enrique Villalobos afirmó que las sanciones económicas han generado inconformidad entre algunos ciudadanos, pues, además de la multa, deben cubrir los costos del arrastre con grúa, el resguardo de la unidad en el corralón y otros pagos administrativos en caso de ser detenidos.
“Porque están imponiendo multas muy fuertes, muy grandes, como por ejemplo de 20 mil pesos, lo que se está rumorando. Porque hay unidades que, por ejemplo, tienen un valor de ocho mil o diez mil pesos, porque no todos los autos son de agencia. Ahora, eso se suma a que te hacen una detención administrativa y posteriormente también se deben cubrir los gastos del corralón y de la grúa”, manifestó.
Asimismo explicó que conducir en estado de ebriedad, por sí solo, constituye una falta administrativa y no un delito, salvo que el conductor provoque daños a terceros o a bienes públicos o privados.
“El delito acontece desde el momento que impactas otra unidad, impactas por ejemplo a una persona, que puede ser un choque o inclusive cuando dañas estructuras del gobierno o del sector privado, ahí sí es un delito y que requiere la reparación del daño dependiendo la situación. Pero por venir manejando en estado de ebriedad no es un delito, lo hacen como medida de prevención, pero también es un poco excesiva”, señaló.
El litigante también explicó que las personas detenidas por esta falta administrativa son trasladadas a los separos de la Policía Estatal, ubicados en Palma Sola, debido a que la Policía Municipal carece de instalaciones para mantener bajo resguardo a los infractores. Agregó que la permanencia puede extenderse hasta por 36 horas, dependiendo de cada caso.
Asimismo, denunció que algunos ciudadanos le han referido presuntas irregularidades al momento de cubrir las sanciones.
“Cuando acudes a pagar la multa, si quieres salir rápido, pues vienen las malas prácticas, porque te piden mayor cantidad de dinero y ya no te solicitan únicamente el monto que estipula la ley. Es un tema que debe revisarse para evitar abusos en perjuicio de la ciudadanía”, expresó.
SE BUSCA REDUCIR LOS ACCIDENTES
Por su parte, el doctor en Derecho, Marco Antonio Madrazo, respaldó la implementación del alcoholímetro al considerar que su finalidad es disminuir los accidentes ocasionados por conductores bajo los efectos del alcohol.
“Realmente es un operativo implementado por el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal con la finalidad de disminuir y evitar accidentes y, sobre todo, el alto consumo de alcohol entre conductores de unidades particulares y también del servicio público, porque mucha gente del transporte público conduce en estado de ebriedad“, indicó.
Madrazo precisó que la sanción corresponde a una falta administrativa cuando el conductor rebasa el límite permitido de alcohol, sin que exista un hecho de tránsito.
“No puede catalogarse como delito mientras no haya cometido algún percance vial. La persona queda sujeta a un arresto administrativo de hasta 36 horas, además de una multa e incluso puede perder la licencia de conducir. Solamente cuando, en estado de ebriedad, provoca un choque o causa daños a bienes públicos o privados, entonces sí se configura un delito por los daños ocasionados”, concluyó.
