La Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz dio a conocer las medidas de vigilancia y restauración ambiental contempladas en el proyecto de ampliación del puerto, luego de la movilización ciudadana realizada el domingo 25 de octubre para exigir la protección del arrecife La Gallega.

En un comunicado difundido el jueves 29 de octubre, la dependencia, perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar), señaló que el proyecto cuenta con una autorización ambiental condicionada emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 30 de diciembre de 2022. El posicionamiento ocurre en medio de cuestionamientos de organizaciones ambientalistas sobre los posibles efectos de las obras en los ecosistemas marinos de la zona norte del puerto.

¿Qué medidas ambientales informó ASIPONA Veracruz?

Entre las acciones mencionadas por la autoridad portuaria se encuentra el monitoreo de las condiciones físicas, químicas y biológicas de los arrecifes durante las temporadas de secas, lluvias y nortes.

También indicó que dispone de un sistema para vigilar en tiempo real la distribución de sedimentos dentro del recinto portuario y en las zonas arrecifales cercanas. La finalidad es identificar cambios en las condiciones ambientales y actuar cuando se registren niveles que superen los parámetros establecidos.

Uno de los mecanismos señalados es un sistema de semaforización que contempla detener las actividades de construcción cuando se rebasen los umbrales ambientales permitidos. Sin embargo, en el comunicado citado no se detallaron los valores específicos de esos parámetros ni se presentaron resultados puntuales de las mediciones correspondientes al arrecife La Gallega.

Contemplan 35 hectáreas de arrecifes artificiales

ASIPONA explicó que el Programa Integral de Restauración Ecológica incluye distintas acciones para atender y vigilar los ecosistemas de la región.

Entre las actividades mencionadas se encuentran:

  • Conservación y monitoreo de corales, para dar seguimiento a las condiciones de estos organismos.
  • Vigilancia del arrecife El Rincón y evaluación de los pastos marinos.
  • Seguimiento de tortugas marinas y de las condiciones del agua.
  • Monitoreo de flora y fauna en 18 lagunas interdunarias.
  • Producción de plantas nativas y establecimiento de 35 hectáreas de arrecifes artificiales.

De acuerdo con la dependencia, estas estructuras forman parte de las acciones de restauración y también podrían vincularse con actividades como el turismo y la pesca. La autoridad agregó que los informes de seguimiento ambiental se integran para presentarse ante las instancias correspondientes.

Ambientalistas piden detener las obras en La Gallega

La explicación institucional se produjo cuatro días después de que alrededor de 250 personas, entre ciudadanos y representantes de colectivos ambientalistas, marcharan por el bulevar Manuel Ávila Camacho para solicitar la protección del arrecife.

Durante la movilización, integrantes de la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México y otros participantes exigieron detener la construcción de la escollera oriente y revisar las autorizaciones relacionadas con la ampliación portuaria. Entre sus principales preocupaciones señalaron la posible acumulación de sedimentos, los cambios en las corrientes marinas y los efectos sobre la biodiversidad.

La controversia también tiene antecedentes judiciales. En octubre, La Jornada publicó señalamientos de la Red del Corredor Arrecifal sobre la continuidad de los trabajos y la presunta falta de cumplimiento de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2022 ordenó una reevaluación integral de los impactos ambientales del proyecto. Estas afirmaciones forman parte de los reclamos de las organizaciones y no deben confundirse con una resolución judicial posterior que confirme esos señalamientos.

Transparencia, el punto central de la discusión

La ampliación del puerto mantiene así dos posiciones: por un lado, ASIPONA sostiene que cuenta con medidas de vigilancia, restauración y autorización ambiental condicionada; por otro, los colectivos solicitan detener las obras y conocer con mayor detalle el alcance de sus posibles consecuencias.

El seguimiento de los monitoreos, la publicación de sus resultados y la claridad sobre las condiciones de los permisos serán elementos centrales para evaluar el impacto del proyecto. Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de La Gallega continúa en el ámbito ambiental, institucional y ciudadano.