Escuelas bajo la lupa por acoso y bullying

La violencia y vulnerabilidad en el entorno escolar han alcanzado niveles críticos en Coatzacoalcos. La Fundación Punto Rosa A.C. reveló que, en las últimas semanas, ha documentado al menos 10 casos graves de acoso escolar, bullying y presunto acoso sexual dentro de instituciones de nivel básico y medio superior, pertenecientes tanto al sector público como al privado.

Viridiana Medina Valdez, presidenta fundadora de la asociación, alertó sobre la preocupante frecuencia de estas conductas que atentan contra la integridad de los estudiantes. Entre los planteles donde se han reportado formalmente estas incidencias se encuentran:

  • Secundarias Federales 2 y 3.
  • Escuela Técnica Industrial (ETI) 19.
  • CBTIS 85.
  • CONALEP.

El modus operandi: Abuso y manipulación

Medina Valdez expuso un patrón de conducta alarmante por parte de algunos docentes, quienes presuntamente aprovechan situaciones de vulnerabilidad o precariedad económica de las alumnas —muchas de ellas menores de edad—.

De acuerdo con la activista, el personal señalado utiliza ofertas de dinero, regalos (como teléfonos celulares) o invitaciones a salir para intentar obtener el consentimiento de las estudiantes. Estas conductas escalan a contactos físicos no deseados y a la exigencia de envío de material fotográfico con contenido sexual explícito.

La red de silencio y la omisión directiva

A pesar de la gravedad de las acusaciones, la activista lamentó que el miedo a las represalias y la apatía impidan que se consoliden las denuncias formales. A este panorama se suma la postura de los directivos escolares, a quienes acusó de omitir o ignorar las quejas para evitar conflictos o proteger la imagen de los planteles.

“Nadie se atreve a denunciar, tienen miedo. Además, los directivos a menudo ‘no quieren meterse en problemas’ y prefieren ignorar los casos”, sentenció Medina Valdez.

Alianza legal para llevar los casos a los tribunales

Para romper el cerco de impunidad, la Fundación Punto Rosa comenzó a recabar evidencias digitales y testimoniales para sustentar carpetas de investigación. Para ello, han formalizado una alianza con una barra de abogadas especializada en la defensa de los derechos de las mujeres.

Actualmente, la organización ya acompaña un primer caso que cuenta con denuncia penal formalizada ante las autoridades ministeriales. El objetivo, señalaron, es asegurar procesos transparentes que deriven en castigos penales y no solo en la simple separación del cargo de los profesores señalados.